ECONOMíA
› EL GOBIERNO PREPARA UN ANUNCIO DE PLAN DE VIVIENDAS
Plan ladrillo reactivador
› Por Cledis Candelaresi
Con el doble propósito de sostener la iniciativa política y estimular el empleo, el Gobierno se dispone a anunciar un plan de viviendas mucho más ambicioso que cualquiera de los encarados hasta ahora por la gestión de Néstor Kirchner. El proyecto que por estas horas ultima el secretario de Obras Públicas, José López, supone la edificación de unas 100.000 unidades en todo el país destinadas para sectores de bajos ingresos y a costear íntegramente con recursos públicos, provenientes de créditos de organismos multilaterales. De no mediar un cambio estratégico de último momento, el anuncio podría ser parte de uno más amplio, donde el Presidente enuncie emprendimientos en áreas de infraestructura como el transporte, energía y saneamiento. Se trata de otra iniciativa “keynesiana” fundada en que la intervención del Estado es clave para reactivar la economía.
Parte de los créditos disponibles del Banco Mundial y el BID serían destinados al lanzamiento de un programa para edificar casas muy sencillas, de alrededor de 40 metros cuadrados, sobre terrenos fiscales que cedan las provincias y con un costo total que oscilaría entre los 30 y 35 mil pesos, a repagar en un plan de cuotas por los beneficiarios. Para concretarlo, se utilizará la arquitectura administrativa del Fonavi (Fondo Nacional para la Vivienda), aunque el proyecto entraña un mecanismo legal diferente, con mayor ingerencia de la Nación en el manejo de los fondos.
Las constructoras aseguran que ese sistema estatal para financiar barrios para sectores de escasos recursos “ahora funciona correctamente”, pero el Fonavi, alimentado por la recaudación de varios tributos y el repago de cuotas, entró en crisis en los últimos años y la actual administración tuvo que asistirlo en varias ocasiones con recursos del Tesoro.
Este Fondo se nutre en gran medida por el impuesto que se paga sobre las naftas, cuyo consumo viene cayendo ininterrumpidamente debido al desplazamiento de los consumidores hacia otros combustibles. En gran medida por eso, la recaudación anual superior a los 900 millones de pesos de hace tres años habría caído a poco menos de 600. A esto se sumó el incremento de costos que sufrió el sector tras la devaluación, no contemplado en ningún presupuesto provincial: frente a la dificultad para ajustar los precios, los constructores suspendieron las obras y sólo los 80 millones de pesos que desembolsó Economía en el segundo semestre del 2003 permitieron destrabar la situación.
Fue entonces cuando surgió el Reactivar I, primer auxilio para resucitar el Fonavi y permitir la terminación de más de 20 mil viviendas. Apenas semanas después siguió el Reactivar II y luego el Solidaridad, para el cual se había anunciado una importante partida cercana a los 400 millones de pesos, desembolsables en un programa que obligaba a las constructoras a tomar beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar. Pero los empresarios aseguran que esta iniciativa fracasó debido a la renuencia de los destinatarios de ese asistencialismo a resignar el beneficio, aunque sea temporariamente, por temor a no recuperarlo después que terminara la obra.
Las provincias seguirán teniendo un papel decisivo en el nuevo plan de viviendas, tanto en el gerenciamiento técnico de las obras como en la administración presupuestaria. Pero la Nación ganará injerencia en esta última cuestión y gozará de un manejo mucho más libre en la asignación de los recursos a un gobernador o al otro, discrecionalidad que no es posible en el Fonavi, donde cada estado del interior recibe según un porcentaje predeterminado por ley, como en la Ley de Coparticipación.
Las normas también permiten a los mandatarios provinciales destinar parte del dinero del Fonavi a cubrir gastos corrientes, una fuerte tentación en momentos de estrechez fiscal. Pero estos desvíos tampoco serían posibles en el nuevo plan, ya que, a semejanza de lo que ocurrió con Reactivar I y II, el desembolso de los fondos promete estar condicionado a la correspondiente certificación de obra.
Aquellos programas de viviendas auxiliares así como las obras viales que se están llevando a cabo en todo el país –básicamente para paliar las deficiencias que dejaron en las rutas concesionadas por el sistema de peaje los ex adjudicatarios– no son suficientes para modificar la tendencia adversa del nivel de empleo. El inminente anuncio es también una apuesta en este sentido. La construcción da impulso a otras actividades conexas y, cuando se trata de viviendas, genera una cantidad de mano de obra superior a la que demandan otros emprendimientos en infraestructura.
Los propios empresarios de la construcción admiten que la situación relativa del sector mejoró mucho en el último año y medio, bonanza que habría atenuado la desocupación del sector. Los 350 mil ocupados que la Cámara Argentina de la Construcción computaba hasta 1998 descendieron a un piso de 90 mil con la crisis del 2001, para remontar a los 200 mil de hoy. Todavía hay una brecha importante para recuperar el nivel de fin de la década pasada.
Las empresas también trabajaron junto al Gobierno en la elaboración de un plan destinado a la clase media, en el que podrían concurrir los bancos públicos y privados y las AFJP para el financiamiento de unidades más costosas. Pero esta idea se fue desdibujando a la luz del estancamiento general del nivel de ingresos, que no acompañó la estampida en los costos de la construcción. Según las hipótesis de ese trabajo mixto, difícilmente podría ofrecerse a ese sector de la población una casa de un valor inferior a los 80 mil pesos y a repagar en cuotas inferiores a los 600 o 700 pesos por mes que, a su vez, no representen un porcentaje demasiado relevante del dinero que consigue mensualmente el grupo familiar beneficiario.
La iniciativa para diseminar por todo el país unidades económicas podría ser anunciada en el marco de un megaplan de obras públicas en transporte, energía, y saneamiento, aprovechando la asistencia de los organismos multilaterales de crédito o alguna eventual fórmula de asociación con empresas privadas. Pero aun en este caso, la inversión pública conservará su papel preponderante.