Seis meses de prisión en suspenso es la condena judicial que acaban de recibir dos promotores de sendas AFJP por un delito que se comete con mucha frecuencia: fraguar afiliaciones y traspasos falsificando firmas de presuntos interesados. El objetivo, en el caso de los pases, es sustraerle afiliados a otra Administradora, sin que los transferidos tengan voluntad de cambiarse y ni siquiera lo sepan. Recién se enteran al recibir la carta de bienvenida a su “nueva” compañía. Esta vez los sentenciados son Javier Palazzo, por 14 hechos, y Sandra Gabriela Patlayan, de Siembra, por 3, que son los casos que les pudieron probar, entre muchos más denunciados. Pero ésta es sólo una de las modalidades del juego sucio que impera en el mercado de la jubilación privada, dando lugar a continuas sanciones impuestas por la Superintendencia del sector. A fines de 2003 al promotor Gabriel Katz, de Previnter, lo condenaron a un año y medio de cárcel en suspenso por más de 140 hechos. En la mayoría de los casos, y gracias a la probation, los vendedores terminan purgando sus penas con la realización de trabajos comunitarios. Los jueces de la Capital no son muy severos, pero en lugares del interior, con Comodoro Rivadavia a la cabeza, hay cientos o miles de condenas.
En lo que va del año, las multas aplicadas por la Súper fueron 29, por un monto total de 3.564.000 pesos. La firma más castigada fue Orígenes, que recibió cuatro sanciones que en conjunto le significaron 1.400.000 pesos. La Administradora del Santander y el Provincia fue punida por faltas tales como atacar en su publicidad a la AFJP del Banco Nación, acusándola de perjudicar a sus aportantes al haber aceptado la pesificación del Préstamo Garantizado, activo que inventaron Domingo Cavallo y Daniel Marx en 2001 para canjearlo por bonos de deuda pública. Además de estar prohibido hablar mal de la competencia, lo curioso es que Orígenes también aceptó la pesificación, aunque sólo para parte de su cartera.
A esa AFJP le hicieron asimismo la boleta por haberes mal liquidados y por demorar seis años la concesión de un beneficio, tardanzas que son bastante comunes en algunas de estas financieras volcadas al negocio previsional. En cuanto a número de multas, es Consolidar (Banco Francés-BBVA) la que encabeza confortablemente el ranking con 14 penas en medio año, las que le costaron 816 mil pesos. Siembra debió pagar 524 mil pesos por cuatro semáforos en rojo. Respecto de esta AFJP, a los controladores les resulta llamativo que siga ganando afiliados a pesar de cobrar la comisión más altas de la plaza. En lugar de adjudicar el éxito de la Administradora del Citi a su eficiencia, intuyen que podría estar empleando métodos poco aconsejables para lograr adhesiones.
La sencilla cuenta que puede hacer una AFJP, sabiendo que el asociado nuevo deberá permanecer como mínimo seis meses, es calcular las comisiones que le cobrará en ese lapso. A partir de ese número puede ceder una parte como incentivo a sus promotores, quienes a su vez usarán una porción de ese dinero para “comprar” afiliaciones. El aportante, que está adherido a la compañía A, hace su cuenta: pasarse a la B le supondrá un aporte adicional de equis pesos en seis meses. Si el soborno que le ofrece el promotor de ésta supera ese costo, se pasa. Si no, minga. Es frecuente que el cohecho se efectúe en especie. Según el sueldo del candidato, el premio puede ir desde una pelota hasta un televisor (para ver pelotas).
Así de genuina es la competencia en este mercado, en el que, dice la teoría, crecerá la Administradora que ofrezca el mejor servicio y administre más eficientemente el Fondo de capitalización, consiguiendo la mayor rentabilidad. En Chile, país de inmejorable imagen y cuyo sistema de capitalización es modélico y bastante más añejo que el argentino, suceden cosillas parecidas. Recientemente estalló un escándalo porque un traspasado muy puntilloso insistió en que él quería pasar el fin de semana con la señorita que había elegido en el book que le mostraron los promotores, dama que había sido sustituida por otra con alguna excusa. Encolerizado, denunció el engaño, sacando a la luz el recurso que empleaba una AFP para captar adherentes.
Volviendo a la Argentina, en la ANSeS aseguran que algunas AFJP retienen el dinero que el organismo les acredita mensualmente para que puedan pagar a los afiliados la PBU (Prestación Básica Universal), la PC (Prestación Compensatoria) y las asignaciones familiares. Según denuncian, las Administradoras demoran el pago para trabajar con esos fondos en su propio provecho. En cambio, en las Administradoras culpan de todo a la repartición oficial. Por tanto, para terminar con estas acusaciones cruzadas, a partir de septiembre la ANSeS deberá depositar en la cuenta de cada beneficiario del sistema privado la suma que le corresponda por los conceptos citados, sin que la plata pase por AFJP alguna. Así podrá saber el jubilado quién lo está perjudicando. Pero, ¿por qué descartar que sean los dos, el Estado y el privado? Finalmente, es lo que la gente revela en las encuestas: que no cree en nadie.
El sistema de capitalización pudo publicitar altos porcentajes de rentabilidad mientras llenó los Fondos de títulos públicos que devengaban jugosos rendimientos. Muchos comprendían que ese juego no podía durar y que desembocaría en una enorme estafa colectiva, perpetrada en complicidad por políticos y financistas. La parte (bastante menor) de la cartera colocada en papeles privados (ON, Fondos Comunes, acciones y valores extranjeros) arrojó entre 1994 y 2001 una rentabilidad anual promedio de sólo 3 por ciento. No fue este rédito el que se usó como anzuelo para la propaganda.
Después del default, con la propuesta de renegociación llevada a Dubai, un afiliado promedio que gane 800 pesos y aporte durante 35 años la actual alícuota de 7 por ciento obtendrá al jubilarse $ 135 mensuales de renta vitalicia, más $ 200 de PBU, pagada ésta por el Estado. Es decir, 42 por ciento de su salario al cese, en lugar del 70 por ciento que se considera el objetivo de mínima. Ese mismo trabajador obtendría, de haber optado por quedarse en el sistema de reparto, una jubilación de $ 438 (238 de ellos como Prestación Adicional por Permanencia), o 55 por ciento del último sueldo. En el caso del régimen de capitalización, la renta vitalicia (o el retiro programado) mejora en algo con la nueva propuesta argentina a los bonistas. Lo que en Hacienda se preguntan es si valió la pena subsidiardurante diez años al sistema jubilatorio privado, cediéndole 28 mil millones de dólares de recaudación y pidiéndoselos prestados.