El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó su proyecto de reforma política y ello constituye un hecho auspicioso, ya que resulta imprescindible que la democracia se enriquezca con el debate y la crítica.
De manera concurrente la ocasión también se presenta propicia ya que el actual sistema político se encuentra en una crisis terminal producida por la capitulación de la política frente a los poderes concentrados, la ineficacia en la gestión y la percepción de que, en esta democracia achacosa y empequeñecida, cambian los ganadores electorales pero siempre son los mismos los perdedores sociales.
La primera respuesta del gobierno porteño frente a este contexto de deslegitimación institucional e impugnación política fue, precisamente, ratificar no ampliar ni cambiar la coalición política que le dio origen. Yerra el rumbo y desperdicia la oportunidad porque en este contexto una reforma política en serio debió salir desde una participación amplia y no como una mera operación parlamentaria de los mismos actores que aspiran a ser “reformados”.
La segunda respuesta del gobierno frente al contexto consiste en guardar las apariencias esquivando lo sustancial. En efecto, frente a esta crisis social inédita se elige desconocer dos de los mandatos constitucionales incumplidos para satisfacer un reclamo difuso de mayor protagonismo popular.
La Ciudad de Buenos Aires debiera estar aplicando ya el presupuesto participativo como herramienta de poder popular y control de gestión. Los vecinos en la crisis discutirían y decidirían el gasto en salud, en educación, en asistencia social, en seguridad y en obras públicas. Esta obligación es desconocida por la Legislatura aunque ella misma se obligó a aplicarlo desde 1998.
Las mujeres y los hombres de la Ciudad tendrían que haber elegido ya a sus representantes en las distintas comunas. Incumpliendo la Constitución todavía no se avanzó un paso en la descentralización política y la democratización del poder.
El gobierno elige dar respuesta a la demanda de “conocer a los candidatos” recurriendo a candidaturas uninominales en barrios (Belgrano será de Pérez y Lugano de Gómez) de decenas de miles de habitantes sin advertir que la gente no tiene mas poder por tutear a quien elige sino por decidir, efectivamente ,que políticas se van a aplicar. La cosmética, como se sabe, no reemplaza a la belleza y menos a la democracia.
La coalición dominante en la Ciudad pretende hacer elegir representantes de barrios sin decidir (por vía de la descentralización y las comunas) cuáles serán los barrios e introduce una artificiosa división de regiones sin sustento económico, histórico, demográfico o político.
Como la imaginación no tiene límites el gobierno desconoce que el principal problema de la selección de candidatos no radica en el sistema electoral sino en las entrañas de los partidos transfiriéndole a la sociedad la tarea que su cobardía o los intereses creados les impiden realizar.
Si se animaran se convocaría a elegir representantes mediante primarias abiertas que doten de poder efectivo, y no enunciaciones vacías, a organizaciones sociales y ciudadanos desencantados. La apelación ficcional a la reafiliación no resuelve el problema real.
Esta propuesta de un sistema partidario profundamente oligarquizado no es la reforma que la ciudadanía de Buenos Aires se merece porque está enderezada a salvar los restos de un naufragio mas que a dotar de herramientas transformadoras a un pueblo que quiere que la discusión sobre el sistema electoral incluya, por primera vez, su poder de decisión.

* Ex convencional constituyente, miembro de la Comisión Redactora.