Sáb 10.07.2004

ECONOMíA  › PANORAMA ECONÓMICO

Naranjas a Paraguay, radios a China

› Por Julio Nudler

Los sorprendentes avances de la industria argentina permiten ahora exportar radios a China, algo que se creía más difícil que venderle naranjas al Paraguay. El presidente de la Volkswagen local, Viktor Klima, difundió la gratificante novedad, según la cual coches fabricados por la automotriz alemana en China (la idea de los germanos es alcanzar allí una producción anual de 2 millones de vehículos en 2007) estarán equipados con autorradios con CD provenientes de Tierra del Fuego. Así, además de promover la exportación de jugadores de fútbol (el Wolfsburg ya cuenta con Klimowicz, D’Alessandro, Facundo Quiroga y Menzeguez), genera la de aparatos electrónicos con destino precisamente al lugar de donde suelen venir esos artefactos. Es más: la oferta china en el rubro es tan temible que en 1995 se le impusieron derechos antidumping a las autorradios de ese origen. Pero eso no impide que ahora se haya dado vuelta la tortilla, y sea presuntamente Famar, la empresa fueguina –establecida en Río Grande, quizá porque allí los salarios son más bajos que en Ushuaia– que el ingeniero Carlos Abolski vendió a la multinacional Delphi Delco Electronics en 1998, la que desde el año pasado esté abasteciendo el mercado de Extremo Oriente.
Para los escépticos de siempre, en lugar de una proeza industrial argentina se trataría de algo un tanto diferente. En pocas palabras, de subsidios fiscales de tal magnitud que justifican importar los kits, armarlos en la isla y reexportar el producto, tornillos incluidos. Es decir, muy poco valor agregado (aunque armar sea más complejo que ensamblar), conseguido por el país a un costo fiscal desproporcionado. Este costo consiste en arancel cero para importar, desgravación total de IVA y Ganancias, y luego reintegros como premio a la exportación, más –posiblemente– un plus si la mercancía sale por un puerto patagónico. A este alto precio pagado por el fisco nacional habría que añadir, al menos en algunos casos, la cesión gratuita de terrenos fiscales y la exención de Ingresos Brutos.
Cuando Eduardo Duhalde decidió, en marzo de 2003, devolver a la vida el régimen especial de promoción de Tierra del Fuego, extendiéndolo por decreto hasta el 2013, amparándose de rara manera en los poderes que le diera la ley de Emergencia Económica, Roberto Lavagna se negó a firmarlo. Por eso, al pie de la norma figuran las firmas del presidente, de Alberto Atanasof (jefe de Gabinete) y de Aníbal Fernández (entonces ministro de Producción), pero no la del ministro de Economía. Dieciséis meses después, éste amenaza a Manaos con frenar las importaciones desde esa zona franca, apelando a la aplicación de las salvaguardias que contempla el artículo 19 de la Organización Mundial de Comercio.
Lo extraordinario del caso es que, de hacerlo, la Argentina desconocería el acuerdo que tiene con Brasil, por el cual Manaos y Tierra del Fuego son las únicas zonas francas que gozan del privilegio de ser consideradas parte del territorio del Mercosur, la llamada “intrazona”. Como dentro del bloque no está permitido imponer salvaguardias, su establecimiento equivaldría a expulsar a Manaos del mapa regional, aduaneramente hablando.
La primera pregunta que surge entonces es si Brasil tomará represalias, bloqueando el ingreso de productos provenientes de Tierra del Fuego. Pero la respuesta es que desde allí no se exporta nada a Brasil, mientras que Manaos exporta mucho a la Argentina (televisores, ciclomotores,bicicletas...). Las explicaciones a esta curiosa asimetría son diversas y todas poco estimulantes. En última instancia estarían dando cuenta de una situación extensible a toda la superficie de los dos vecinos: tanto la política industrial como los regímenes específicos de promoción fabril funcionaron mucho mejor en Brasil y tuvieron como resultado una competitividad superior. ¿Contará el socio con mejores gobernantes y mejores empresarios?
El régimen fueguino data de 1972. Fue fruto entonces del recelo militar respecto de Chile, y la consiguiente decisión de multiplicar la población de la isla. Pero ya en la década siguiente, Tierra del Fuego fue protagonista de fraudes escandalosos, como el caso Koner-Salgado. Cuando Mario Brodersohn era secretario de Hacienda, había días en que la recaudación neta del IVA era negativa: se colectaba menos que lo que debía rembolsarse a los beneficiarios de la devolución.
Como la isla era considerada “extraterritorial”, y vender algo con destino a la Argentina continental recibía tantos favores impositivos como si se lo exportara, floreció el comercio falso. Camiones y más camiones transportaban supuestas mercancías, que a veces sólo eran, por ejemplo, viejas máquinas repintadas. A los costados de la ruta entre Ushuaia y Río Grande podían verse los bultos botados por los camioneros, que se deshacían de una carga inútil, después de haberla pasado por aduana como muy valiosa. La Aduana de la provincia tuvo que ser intervenida. No obstante ello, Raúl Alfonsín renovó el régimen por 15 años, en una más que extraña decisión, de las últimas que tomó antes de que se desatara la hiperinflación; es decir, la quiebra del Estado, que troncharía su mandato. ¿Puede pedirse mayor lucidez política? Aquel revoleo es el que vino a caerle a Duhalde en las manos en 2003, y él procedió de modo semejante.
Manaos y Tierra del Fuego implican una performación del Arancel Externo Común, que es el muro que debe brindar cierta protección a la Unión Aduanera formada por los cuatro países australes frente a la oferta mundial de bienes. Pero los propios socios decidieron abrir sendos boquetes en esa pared, por los que ingresan insumos e incluso subconjuntos pagando cero arancel. Sin embargo, esas zonas francas son consideradas parte del territorio aduanero integrado. ¿La Argentina llegará efectivamente a patear este tablero?
Durante mucho tiempo, la Argentina continental fue una plaza cautiva para las industrias (en general armadurías) montadas en Tierra del Fuego. Comprar una videocasetera o un grabador importados era muy caro por el fuerte recargo aduanero, entre otras razones. Pero esos mismos aparatos entraban a la isla sin arancel, además de las restantes ventajas impositivas. Sólo era cuestión de armarlos y “exportarlos” al otro lado del estrecho. Por tanto, el mercado nacional era de ellos. La política industrial podía ser imprescindible para el desarrollo, pero convertida en botín fue vista con creciente antipatía por los argentinos.
El acuerdo respecto de Manaos y Tierra del Fuego establecía que las ventajas no serían universales: sólo alcanzarían a determinados productos de cada lado, por lo que Brasil y la Argentina deberían intercambiar listas positivas. Esto jamás ocurrió, pero Alejandro Mayoral, cuando colaboraba con Alieto Guadagni, impartió a la Aduana precisas instrucciones de considerar a todo producto proveniente de esas zonas francas como fabricado en el Mercosur. Sólo cabe decir que no era ése el acuerdo.
Duhalde, al reinyectarle vida al régimen especial, también alentó el florecimiento de lo que los entendidos conocen como el “mercado de proyectos”. En éste se negocian los derechos adquiridos por quienes tienen en la mano un expediente aprobado, con la concesión de todas las ventajas aduaneras y tributarias del caso. Eso vale mucha plata y puede venderse ycomprarse. La clave para este auge fue la autorización al cambio de objeto. Donde se montaban televisores, en adelante podrán armarse otras cosas. Y las empresas nuevas tienen plazo para acogerse hasta el último día de 2005. Todo el régimen se recicló.
En Cadie, la cámara de la industria electrónica, sólo quedan unas veinte empresas. Muchas se abrieron para formar Afarte, que nuclea a las firmas instaladas en el paraíso fiscal fueguino. La fabricación nacional de componentes se extinguió. Por lo demás, si un régimen promocional, que involucra un gravoso costo fiscal para la sociedad, es concebido como el rodrigón que necesita un árbol cuando todavía es joven, no parece razonable que los subsidios a Tierra del Fuego lleven ya 32 años de existencia y tengan por delante otros nueve, como mínimo.
La ley es que toda subvención genera un lobby, y que todo lobby, en un contexto de corrupción institucional, perpetúa sus privilegios, así se trate de gobiernos militares, radicales o peronistas. El fisco gasta enormes sumas en subsidios que no le sirven a la sociedad, mientras el Estado no tiene recursos para brindar servicios decentes. Los puestos que se crean en una zona se destruyen en las demás. Los pobladores que se afincaron en la isla vaciaron Catamarca y otras provincias. Este juego no es siquiera de suma cero.

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