El bombeo de gas a la Argentina desde Bolivia fue interrumpido ayer por unas horas, cuando los campesinos de la localidad de Santa Rosa del Sara, en el departamento boliviano de Santa Cruz, cerraron las válvulas de una estación compresora en protesta por obras de infraestructura prometidas pero no concretadas por el gobierno. A última hora de ayer, un vocero de los manifestantes informó que habían reabierto las válvulas de paso luego de una negociación con el gobierno. Pero se esperaba una comunicación de la empresa operadora del gasoducto, Transredes, participada por la angloholandesa Shell y la estadounidense Enron, acerca de si sus operarios habían retomado las tareas, luego de haber sido evacuados de la estación de bombeo cuando los pobladores adoptaron la medida de fuerza.
La toma de la planta de bombeo y la interrupción del suministro afectaba el cumplimiento del contrato de abastecimiento por parte del vecino país, que había comprometido la entrega de cuatro millones de metros cúbicos diarios. Según fuentes del sector, si la medida se mantenía durante toda la jornada de ayer, hubiera reducido la oferta en un millón de m3. Si se mantenía por más tiempo, el recorte diario se habría elevado a tres millones de metros.
Los campesinos de Santa Rosa del Sara, ubicada a 120 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz, reclamaban a la Prefectura de ese departamento el inicio inmediato de obras de asfaltado en una carretera de la región y amenazaban con no levantar la medida de presión hasta que se envíen maquinarias de trabajo pesado a la zona. Inmediatamente, la empresa operadora puso en marcha un plan de contingencia para tratar de minimizar el impacto sobre el volumen de gas transportado, aunque no podría haber evitado una reducción sensible de la oferta en caso de haberse prolongado la medida.
Según estimaron fuentes de la petrolera estatal boliviana YPFB, la interrupción de dicho ducto hubiera obligado a cerrar otras conexiones como medida de precaución y para garantizar el abastecimiento interno del país. Esta decisión hubiera implicado bajar a un millón de metros cúbicos el suministro a la Argentina. Como, además, esta medida de fuerza fue tomada a escasos días del referéndum en el que la población boliviana debe decidir sobre el futuro del gas boliviano, el presidente Carlos Mesa ordenó reforzar el control militar en los campos petroleros y gasíferos en prevención de otras medidas de fuerza similares.
La importación del gas boliviano está a cargo de las empresas Repsol YPF (3 millones de metros cúbicos diarios) y Petrobras (1 millón). YPFB actúa en nombre del gobierno boliviano como intermediaria en la operación, ya que las proveedoras del gas en Bolivia son empresas privadas controladas, precisamente, por Repsol y Petrobras.