La Sindicatura General de la Nación reclamó a la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Nacional de la Seguridad Social que le informe acerca de una serie de despidos sin causa que dieron lugar al pago de doble indemnización a personal de ese organismo, que según una denuncia anónima en algunos casos estaría próximo a jubilarse. El director ejecutivo, Sergio Massa, explicó ante Página/12 que muchas de esas desvinculaciones habrían afectado a personas que estaban bajo sospecha de incurrir en maniobras poco transparentes, difíciles de probar ante la lentitud con la que “trabajaba” hasta hace poco el departamento de Sumarios, ahora intervenido.
Un caso singular es el una empleada del departamento de Capitalización de las Anses, que fue despedida sin causa después de 35 años de servicio y cuando le faltaba apenas uno para recibir su beneficio jubilatorio. La resolución del 20 de mayo pasado dispone su cese de labores invocando el artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo (equivalente al despido sin causa). Y en los considerandos destaca que la medida “se funda en estrictas razones de organización operativa, funcional y de servicio”, una imprecisión que habilita a la despedida a reclamar la correspondiente indemnización, duplicada desde fines del 2002.
A través de la Intranet del organismo, el 31 de mayo, esa ahora ex empleada hizo saber al personal que se desvinculaba a partir del 1º de junio “por propia elección” mediante un mail con muchas consideraciones afectivas, texto verdaderamente infrecuente en una persona que acaba de ser despedida. Quizás oficiaron de estímulo los 147 mil pesos que cobró como indemnización, luego del cálculo definitivo que se hizo en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio de Trabajo, que homologa los acuerdos donde el empleador (en este caso el Estado) concilia un monto menos generoso con el despedido.
Massa eludió referirse a situaciones puntuales. Pero aseguró no recordar “ningún caso de persona próxima a jubilarse”.
Prefirió apuntar la existencia de otras faltas igualmente severas en el seno de la Administración, comenzando por lo que definió como excesiva lentitud del departamento de Sumarios, al que afirmó haber ordenado investigar a empleados sospechados de cometer irregularidades.
“Prefiero reincorporar a alguien si se comprueba luego que los cargos eran infundados, como hice tiempo atrás con un agente en Mendoza”, justificó el funcionario ante una consulta de este diario.
Según precisó el director, Anses dispone de algo más de 3 millones de pesos anuales para indemnizar, monto que no hace mella en un abultado presupuesto operativo de 300 millones. Insignificante, además, si se lo contrasta con los 26 mil millones de recursos prestacionales. “Nosotros encaramos un proceso de investigación y cambios en algunos lugares donde el funcionamiento del organismo no era transparente”, argumentó.
Una delegada de UPCN del departamento de Legajos, en la propia Gerencia de Recursos Humanos, renunció al fuero gremial antes de ser despedida. Cobró 78 mil pesos de indemnización. Hubo otro caso de un ex presidente de la mutual AME, que habría sido cesado en sus funciones cuando ya había recibido la intimación a jubilarse porque se había excedido en años de edad y aportes.
Estos son algunos de los treinta casos que desde septiembre del 2002 hasta ahora hizo desembolsar a la Anses más de 1,8 millón de pesos en compensaciones indemnizatorias, según una denuncia anónima que obra en poder de la Sigen. Se trataría generalmente de empleados de cierta jerarquía, con bastante antigüedad y próximo a recibir el beneficio jubilatorio, lo que permitiría al despedido “consentir” su expulsión, estimulada por la gerencia a cargo de la ex funcionaria del PAMI y adscripta al radicalismo Cristina González.
La Sigen investiga si es verdad que en los primeros cinco meses del año salieron 713 mil pesos en indemnizaciones y cuál es la razonabilidad de la medida. Otra cantidad similar hubo el año pasado, y sólo algunos menos en el 2002, cuando comenzó a regir el sistema de doble indemnización.
Aquellos supuestos “despidos negociados que representan una importante erogación para las arcas fiscales” fueron advertidos en esos términos en una nota que personal de Anses envió en forma anónima a Presidencia, con copias al Ministerio de Trabajo, a la Sindicatura General de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción y a la AFIP pidiendo investigar cada una de las gerencias de la Administración a las que se le imputa el cometido de presuntas irregularidades.
A raíz de esa advertencia, la Sindicatura General de la Nación reclamó a la Unidad de Auditoría Interna de Anses datos sobre esos y otros supuestos mecanismos. Luis Bulit Goñi, gerente de esa dependencia, debería detallarlos en un informe escrito aún pendiente.