Dos ex ministros de Salud, uno de la administración menemista y otro del gobierno aliancista, junto con a una ex secretaria de Industria durante la presidencia de De la Rúa y tres funcionarios aduaneros, fueron denunciados por contrabando y estafa a la administración pública, entre otros delitos, por la Dirección General de Aduanas. Las maniobras denunciadas se habrían perpetrado sobre importaciones efectuadas entre 1998 y el 2000 por el Ministerio de Salud, por un monto total de 74 millones de dólares. La denuncia fue formulada luego de detectarse numerosas irregularidades en la documentación de los bienes ingresados, el destino dado a éstos y en las diferencias entre los bienes declarados e ingresados, pese a que las compras se efectuaron a partir de una licitación que señalaba fehacientemente qué se iba a comprar y cuál sería su destino. Los ex funcionarios de alto rango denunciados por su responsabilidad en los hechos son los ex ministros Alberto Maza y Héctor Lombardo y la ex secretaria de Industria Débora Giorgi.
El trámite licitatorio para la compra de equipamiento médico, libre de gravámenes, había sido iniciado en 1997. En general, el ingreso de la mercadería se realizaba por la Aduana de Buenos Aires –entrando por Ezeiza– y se derivaba en tránsito a la Zona Franca de La Plata, desde donde se producía su nacionalización y liberalización al mercado interno. En este tránsito se verificaron las primeras irregularidades documentales, al utilizarse documentación provisoria a la que se le dio carácter de declaración definitiva. De tal forma, se eludió la obligación del ingreso de la mercadería por canal rojo –control integral–, ya que dichas operaciones de tránsito “nunca fueron registradas en el sistema informático” aduanero, el Sistema María. Dicho trámite se complementaba efectuando la salida de la mercadería de la Zona Primaria Aduanera “en forma manual”.
El Departamento de Auditoría de la Dirección de Aduanas realizó una labor de verificación del destino de la mercadería importada, comprobando en ese análisis diversas irregularidades, como diferencias de marca y origen con respecto a los consignados en la documentación aduanera.
La denuncia formulada ante el fuero penal económico por el director general de Aduanas, José Sbatella, describe la verificación efectuada por un agente de la Aduana de Puerto Deseado en el Hospital Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Allí se verifica “la existencia de una computadora marca Siemens modelo Scenic Pro de origen alemán”, cuyo monitor era, en cambio, de origen chino. El certificado de instalación y puesta en funcionamiento expresaba que el modelo de la computadora sería 650 Scenic. Pero una nota previa emitida por la filial argentina del proveedor adjudicatario, Nissho Iwai, del 8 de marzo de 2000, informaba a la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Salud que, “según información proporcionada por la empresa Siemens, las 500 cumputadoras marca Siemens modelo Scenic Pro incluidas en el pliego, serán reemplazadas por el modelo Scenic 650 PII 400, las cuales superan ampliamente la tecnología solicitada en el pliego de la licitación”. Es decir, que el equipo instalado en el Hospital Caleta Olivia no sólo sería de tecnología inferior a la señalada en la nota del proveedor, sino que además el monitor habría sido reemplazado por otro de origen chino.
Además de las mencionadas irregularidades por diferencias de marcas, modelos y orígenes en la mercadería, la verificación en lugar de destino efectuada por la Aduana arrojó otros resultados sorprendentes:
u Instituciones que no han recibido el equipamiento asignado.
u Existencia de bultos cerrados sin verificar su contenido.
u Existencia de contenedores con equipamiento médico en predios fuera del destino asignado, a la intemperie, sin precintos y sin vigilancia.
La denuncia de la Dirección General de Aduanas involucró, por lo tanto, a los ministros de Salud responsables de la importación de los equipos, a la Secretaría de Industria y Comercio que habría permitido determinados procedimientos irregulares y a los funcionarios de Aduana que con su firma convalidaron algunos de los mismos.