Por expresa instrucción de Eduardo Duhalde, la Secretaría de Transporte analiza un menú de alternativas para evitar una suba en el boleto de autotransporte que los técnicos oficiales empiezan a ver como ineludible. Las ideas en danza contemplan un subsidio a las empresas, desviando para este fin dinero que hoy se destina a los concesionarios de peaje; declarar la “emergencia” del sector para reducir costos varios y fijar un precio diferencial del gasoil, algo que hoy se trataría en una mesa de negociación con las petroleras.
El Gobierno sabe que un aumento tarifario es políticamente poco digerible en este momento de tanta irritabilidad social, no sólo por el impacto directo en el bolsillo de los usuarios sino por su peso relativo en el índice de precios al consumidor. Al mismo tiempo, el Gobierno ya admite que con la suba que experimentó el combustible es casi imposible pensar en que los boletos pueden seguir costando lo mismo que en diciembre.
El propio secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, bosqueja alternativas sobre el supuesto de que las tarifas ferroviarias de la primera sección están atrasadas en un 70 por ciento, rezago que en el caso de los boletos de colectivo llegaría al 40 por ciento. Si el litro del gasoil subiera de los aproximadamente 70 centavos actuales a 1 peso, tal como aspiran las petroleras, el desfasaje haría totalmente insostenible la situación.
El Ministerio de la Producción –de quien ahora depende Transporte– puso manos a la obra para superar este brete. Pero hasta el momento sus hombres no encontraron ninguna fórmula salvadora sino más bien alternativas con algún pro y muchas contras:
- Una de las opciones que más seduce al secretario del área es la de echar mano de los recursos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte que el ex ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, alcanzó a crear en los últimos meses del año pasado. Se integra con una tasa del 5 centavos sobre el litro de gasoil, que permitiría recaudar alrededor de 600 millones de pesos por año. El 80 por ciento debe destinarse a un fondo de infraestructura vial para costear obras y, al mismo tiempo, permitir que bajen las tarifas de peaje. El resto es para obra ferroviaria.
A través de un proyecto de decreto que anoche estaba redactado, Transporte prevé convertir ese gravamen fijo en uno porcentual, de modo tal que los ingresos del Fondo crezcan tanto como se encarece el combustible. Por la misma norma, al menos un 20 por ciento de la recaudación total debería destinarse a subsidiar los boletos urbanos.
Pero el anhelo de distraer parte de los recursos que hoy administra Jorge Remes Lenicov impone sortear varios inconvenientes operativos, entre ellos la previsible oposición de los operadores ruteros, a quienes el decreto delarruista consagró como los principales beneficiarios. Se trata nada más y nada menos que de las principales constructoras del país, que tienen millonarias acreencias contra el Estado por cambios en los contratos de los caminos privatizados, y a las que difícilmente Duhalde quiera desairar.
- La otra medida en estudio es disponer la emergencia del sector, para limitar con ella la responsabilidad civil que enfrentan los empresarios por accidentes y habilitar el pago en cuotas de las indemnizaciones. Se trata de reclamos patronales que el gobierno se apresta a atender con la misma dedicación que ya resolvió flexibilizar las condiciones de inversión impuestas al sector: los argentinos verán envejecer dramáticamente el parque automotor público, que los colectiveros renovaron en los últimos años a fuerza de presión oficial e importaciones ahora muy caras.
- Sin embargo, la gran amenaza sobre la estructura de costos es la incesante suba del gasoil, que Producción intentará moderar con un preciomás bajo para los transportistas. López del Punta y el secretario de Energía, Alieto Guadagni, debatirán hoy esa alternativa con las petroleras, que hasta ahora no se mostraron muy proclives a acceder a este pedido. Para convencerlas, el gobierno redondeará su propuesta con una cláusula de ajuste automático del carburante que utilizan los autotransportistas: aunque más barato, ese gasoil subirá en la misma proporción que aumente el crudo a nivel internacional.
En el camino quedó la idea de no cobrar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles sobre el carburante que usan los colectiveros. El Estado no puede garantizar un control que impida desviar a otros ese gasoil más barato, como no puede evitar que la desgravada nafta patagónica se consuma al norte del Río Colorado. Tampoco sabría cómo frenar el reclamo del transporte de carga y del agro para ser beneficiados con la misma prerrogativa fiscal.