Desde que la Argentina entró formalmente en cesación de pagos comenzó a convertirse, paradójicamente, en un exportador neto de capitales. El devenir entre el Plan Dubai y el Plan Buenos Aires consolida esta situación, pues duplica el monto de nueva deuda a emitir y aumenta significativamente las tasas de interés. Así lo expresa un reciente documento del Idef-CTA. A juicio del centro de estudios sindical la “estrategia conservadora” seguida en la renegociación de la deuda significó la perdida de una “oportunidad histórica” para renegociar condiciones de pago más favorables.
El primer paso que dé la investigación de la CTA será demostrar las distancia que separa las propuestas de Dubai y el Plan Buenos Aires. Evitando los detalles excesivamente técnicos estas diferencias son las siguientes:
- La quita sobre el capital elegible no será del 75 por ciento, sino de entre el 47 y el 53 por ciento (dependiendo del grado de aceptación de la propuesta). Si bien el monto del capital elegible sigue siendo el mismo, 81.200 millones, al saldo tras la quita del 75 por ciento, 20.500 millones, se suman los intereses devengados desde diciembre de 2001, lo que lleva la cifra a 38.500/43.200 millones. En concreto, la nueva deuda a emitir se duplica.
- Los pagos que deberán hacerse por las nuevas y más altas tasas de interés de cada uno de los tres nuevos bonos (los Par, Cuasi Par y Discount, que reemplazarán a los actualmente en default) alcanzan los 195.574 millones. El trabajo de la CTA sostiene que este nuevo valor significa un aumento en el flujo de pagos en relación con los que surgían de la propuesta de Dubai, de 121.576 millones de dólares. Si bien esto es estrictamente cierto, debe hacerse una salvedad. Para llegar a este monto los economistas del Idef sumaron al stock inicial todos los pagos por intereses de todos los períodos. Con estas sumas de stock inicial más flujos periódicos, formaron dos nuevos stock que luego se comparan. Pero una comparación de este tipo sólo es válida si los períodos de ambos planes fueran estrictamente iguales. El problema que se presenta es que los plazos del Plan Buenos Aires son más largos. Incluso en iguales condiciones, la suma de flujos de un plan más largo dará siempre una suma mayor. Dicho de manera esquemática: Un préstamo de 100 pesos con una tasa del 10 por ciento anual acumulará un stock de 110 pesos después de un año y de 200 pesos después de 10 años (aplicando una tasa directa). Las nuevas condiciones del Plan Buenos Aires empeoran suficientemente la situación como para que no sea necesario incurrir en este tipo de deslices que tornan vulnerable la crítica y generan confusión.
Por ello, más significativa que la diferencia de magnitudes del punto anterior es la crítica conceptual. El empeoramiento de condiciones del Plan Buenos Aires según fue presentado en junio pasado a la SEC, el organismo que en Estados Unidos regula los mercados de valores, es una consecuencia directa de la “convalidación de una estrategia conservadora” de renegociación. Esta estrategia implicó el desperdicio de una oportunidad histórica, tanto por la derrota política del neoliberalismo en la región como por el absoluto desprestigio internacional del FMI. En este contexto, el país ni siquiera logró aprovechar su situación de default pues siguió “honrando” alrededor de la mitad de la deuda. Y no dejó de hacerlo incluso en los peores momentos de la crisis.
La salida del default fue uno de los ejes sobre los cuales la actual administración construyó un discurso duro y de reivindicación de la autonomía nacional. De allí el contraste que ve el Idef/CTA con los pasos efectivamente seguidos que, por sus características, significaron tanto convalidar la creciente ingerencia del FMI en la política interna, como la construcción de una alianza con sectores del capital concentrado local, desde los empresarios de AEA, fracciones de la UIA comandadas por la multinacional Techint, hasta un antiguo financista del menemismo, todosellos unidos como representantes de una improbable “burguesía nacional”. “Es obvio –sostiene el documento– que estos puntos de apoyo suponen límites precisos para el impulso de políticas que cuestionen y replanteen el régimen económico vigente.” Entre los restantes errores estratégicos se destacan:
- Impedir la revisión del origen y destino del endeudamiento impidiendo la apertura del debate parlamentario. Esto hubiese evidenciado los sucesivos mecanismos que transformaron en deuda pública los pasivos que beneficiaron a bancos y grandes grupos económicos. Lo mismo con la fuga de capitales, como la financiada con endeudamiento durante el último período de tipo de cambio fijo. Estas revisiones hubiesen justificado gravar los beneficios por licuación de pasivos obtenidos por los grupos económicos.
- Convalidar los cerca de 20 mil millones de dólares de deuda emitidos durante la crisis de 2001 y 2002 (megacanje, redescuentos para salvar a los bancos, etc.). Esto habría ayudado también a poner en evidencia la corresponsabilidad de los organismos financieros y justificado que dejen de ser tratados como acreedores privilegiados.
- No explotar las contradicciones existentes entre los acreedores. En vez de asociar a los tenedores de bonos en la presión sobre sus estados, lo que hubiese influido en la posición de estos países dentro del FMI, se transformó a algunas privatizadas como Repsol y Aguas Argentinas en embajadas de los países del G-7. Lo que no sólo no disminuyó la injerencia del organismo en la política económica interna, sino que aportó privilegios para dichas empresas.
- Descargar las pérdidas de la reestructuración sobre los acreedores más débiles, como consecuencia de las concesiones realizadas a los factores de poder tradicionales (cúpula empresarial y bancaria y organismos).
Por todo esto, concluye la investigación, la estrategia seguida no consiguió dos objetivos razonables y básicos de cualquier renegociación: minimizar los pagos a los acreedores y aumentar los grados de libertad de la política económica.