La aplicación del CER, que están llevando a cabo los bancos para indexar por la inflación todos los créditos pesificados, está generando cada vez mayor oposición. Ayer la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, anunció que presentará una denuncia judicial para que se declare inconstitucional la aplicación del CER a todos los créditos tomados en la ciudad. En tanto que el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, denunció que “los ciudadanos afectados por la aplicación del índice CER se encuentran en situación de indefensión”.
Para Carlos Heller, del banco Credicoop, el CER sólo puede funcionar si el Gobierno logra contener la escalada inflacionaria. “La clave de este mecanismo está dado en que efectivamente el Gobierno tenga éxito en su gestión de contener los precios y que la cláusula de ajuste tenga una determinada moderación que no la convierta en impagable”, aseguró. Justamente, el pronóstico oficial de una inflación del 15 por ciento anual ya fue superado por la realidad, y los consultores estiman que el IPC podría superar el 60 por ciento anual. Si éste fuera el caso, a partir de agosto, cuando el CER empezaría a impactar sobre la cuota –por ahora, se indexa el capital pero la cuota permanece congelada–, no habría ni siquiera un respiro de algunos meses, como se preveía, como consecuencia de la reducción de la tasa de interés. Al contrario, en la mayoría de los créditos pesificados la cuota podría elevarse ya desde entonces, a la par del incremento en la deuda. “En agosto la cuota va a aumentar sensiblemente si no se toma alguna medida con el CER”, admitió ayer el director del Banco Hipotecario, Julio Macchi.