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Las principales asociaciones de consumidores criticaron ayer duramente la decisión del Ministerio de Economía de autorizar la fusión de las panificadoras Bimbo y Fargo. La unión de estas empresas les dará un control casi absoluto del mercado, por más que antes de poder avanzar en la alianza deban desprenderse de la marca Lactal y de la planta que Fargo posee en Pacheco, provincia de Buenos Aires. Esas desinversiones reducirán la participación de la compañía fusionada del 79 al 66 por ciento, un nivel considerado igualmente determinante para fijar precios o alterar la calidad de los productos, consideran los defensores de los consumidores. La autorización se produjo sin que el Tribunal (independiente) de Defensa de la Competencia esté todavía constituido. La demora lleva ya cinco años.
Al hacer el anuncio, Roberto Lavagna destacó que la Comisión de Defensa de la Competencia (que depende de su cartera y que existirá hasta tanto se constituya el Tribunal, ya desvinculado del poder político) rechazó varias alternativas de fusión que habían presentado las empresas. Y que la que finalmente se adoptó tuvo la precaución de obligar a las compañías a vender una de sus marcas líderes –Lactal– y una importante planta fabril. Esos argumentos fueron evaluados como secundarios por las asociaciones que defienden los derechos del público.
“Esta operación atenta contra la libertad de elección de los consumidores. Una empresa que controla el 66 por ciento del mercado tiene poder suficiente como para manejar los precios y afectar los derechos de la gente”, afirmó Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor. Su entidad había solicitado al secretario de Coordinación Técnica de Economía, Leonardo Madcur, que rechazara la alianza. Pero Madcur, de quien depende administrativamente la Comisión de Defensa de la Competencia, estuvo anteayer con Lavagna confirmando la unión de las empresas.
Américo García, presidente de Unión de Usuarios y Consumidores, señaló con preocupación que desde que se sancionó la nueva ley de Defensa de la Competencia, en 1999, nunca se rechazó una fusión. “Se aprobó la de Carrefour-Norte-Tía, con la única observación de que no podían abrir nuevas bocas en Rosario durante un año. También se aceptó la fusión de Quilmes con Brahma. Ninguna de las dos hubiera pasado en Estados Unidos o en Europa. Y ahora ocurre lo mismo con Bimbo y Fargo”, remató. García, economista de profesión, advirtió que los riesgos de cualquier mercado concentrado, donde una empresa controla la oferta, es “el posible manejo de precios y de la calidad de los productos”. “La Argentina –agregó– no se caracteriza por controlar que no ocurran esas cosas”. Para completar el cuadro, indicó que “una compañía monopólica no tiene incentivos para mejorar”.
En cuanto a las condiciones de desinversión que la Comisión les impuso a Bimbo y Fargo, García señaló que “es probable que el resto de las panificadoras no compitan, sino que acepten el liderazgo de esta compañía y la imiten en sus comportamientos”. Otro riesgo es que la firma que compre la marca Lactal y la planta de Pacheco sea subsidiaria de Bimbo-Fargo, alertó.
Pero lo que más alarma a García y a las demás asociaciones de consumidores es la demora del Gobierno en crear el Tribunal de Defensa de la Competencia. Así lo ordena una ley votada en 1999. El nuevo cuerpo encargado de combatir los monopolios debería elegir a sus miembros por concurso público, y se suponía que debía estar constituido seis meses después de sancionada la norma. Sólo a principios de 2003 hubo un mínimo avance, cuando se abrió un registro de interesados en integrar el Tribunal. Se presentaron 39 personas, pero nunca más fueron convocadas. El proceso se paralizó, sin que nadie dé explicaciones.
Una versión que circula en el Congreso es que Lavagna propondría una modificación a la ley, para diluir las atribuciones del Tribunal. De acuerdo con la norma actual, el cuerpo debe ser independiente y sus decisiones no pueden ser trabadas por el Gobierno.
“Lo que demuestra el accionar de Lavagna es que no le interesa que haya una política antimonopólica seria”, se quejó García. El mismo análisis hizo Osvaldo Riopedre, director ejecutivo de Adecua. “Lo que hay ahora es más un maquillaje de legalidad que voluntad para crear un organismo que investigue seriamente si hay abuso de posición dominante”, opinó. En la misma línea, el diputado Héctor Polino, también titular de la asociación Consumidores Libres, aseguró que “la demora en formar el Tribunal abarca a todos los gobiernos de Menem para acá”. Sobre la fusión Bimbo-Fargo, sostuvo que “agudiza el proceso de concentración, otorgándoles una posición dominante que impide la existencia real de competencia”. El perjudicado, concluyó, será el consumidor.