Una alta fuente oficial confirmó ayer que tanto la Secretaría de Energía como el Ministerio de Economía estudian la aplicación de retenciones móviles a la exportación de petróleo crudo. “La intención es evitar que el aumento internacional del precio, que se prevé que puede continuar, termine impactando sobre los precios internos del combustible, y además atacar las súper-rentas que podrían acumularse en manos de las petroleras”, sostuvo la fuente consultada por este diario. Sin embargo, según los especialistas, elevar las retenciones no es suficiente para evitar una suba en los combustibles: el Estado debería asegurarse que los productores no trasladen igualmente a los precios los aumentos internacionales, “repartiendo” el costo de las retenciones con los refinadores. Práctica, por otra parte, actualmente en uso.
El propósito de las retenciones móviles es que el gravamen sobre las exportaciones sea mayor cuando el precio del crudo suba, y disminuya cuando el precio baje. De tal forma, el precio “neto” que recibe el exportador (precio internacional menos las retenciones) tendería a ser aproximadamente fijo o subiría tan sólo suavemente cuando el valor internacional suba. Se asume que si por exportar el productor obtiene un precio equis neto, al venderle a una refinería lo hará a ese mismo valor, de forma tal que exportar o venderle al mercado interno le sea indiferente en cuanto a rentabilidad.
De tal forma, si el exportador obtuviera un precio de 42 dólares el barril, con una retención del 25 por ciento (hoy vigente) recibiría “limpios” 31,50 dólares por barril. La idea en estudio es subir ese porcentaje por bandas de precios, fijando, por ejemplo, para un valor internacional de 43 a 45 dólares por barril una retención del 28 por ciento; entre 45 y 47 dólares, 30 por ciento y así sucesivamente. Esas retenciones determinarían un precio neto para el exportador suavemente creciente, pero en porcentajes más bajos que los que registre el mercado internacional. Si la escala de incremento porcentual del impuesto fuera más empinada, se podría llegar a un valor neto “fijo” (aplicando, por ejemplo, una retención del 37 por ciento cuando el precio internacional llegue a 50 dólares, ya que resultaría un precio “neto” de 31,50 dólares por barril, igual al que teóricamente recibe ahora exportando a 42 dólares).
Algunos especialistas han anticipado su apoyo a la aplicación de retenciones móviles, aunque con reservas. “Para este momento, estoy de acuerdo”, indicó el ex secretario de Energía, Jorge Lapeña. “Un país que toma el precio internacional, en un mercado altamente cartelizado y altamente conflictuado, es lógico que tome alguna acción para proteger el mercado interno”, opinó. “Pero, además, sería necesario que se verifique o aliente que haya acuerdos entre refinerías puras y productoras puras para que el precio de transferencia del crudo esté en línea con el valor FOB de exportación menos las retenciones”. Paridad que, en los hechos y sin un acuerdo político, no ocurre, ya que las petroleras que dominan el mercado les trasladan a las refinerías parte del costo de las retenciones. Es decir, que venden más caro al mercado interno que lo que perciben cuando exportan.
Gustavo Calleja, ex subsecretario de Combustibles, aunque proviene del mismo tronco radical que Lapeña, suele expresar posiciones mucho más duras. “Subir las retenciones está bien, pero no va al fondo de la cosa; la situación internacional es gravísima, los Siete Grandes (mayores petroleras del mundo) se reparten el negocio y Argentina sigue con el mismo modelo productivo y de precios”, destacó, para agregar que “el Gobierno podría haber echado mano a otros instrumentos más efectivos, como aplicar el decreto de emergencia de abastecimiento que firmó (Eduardo) Duhalde que no fue cumplido; o actuar a través de la Ley de Desabastecimiento o incluso la Ley de Convertibilidad, que impide la indexación de precios cuando el único argumento que utilizan es que aumentó el precio internacional”.