Contra todos los pronósticos, contra cualquier evidencia, Aguas Argentinas consigue una y otra vez imponer su punto de vista: ya sea para continuar el juicio por la pesificación de las tarifas, para no pagar las multas o, como ayer, para avanzar en la renegociación de su contrato. Una comisión del Congreso debía dictaminar si el acta acuerdo que firmaron el Gobierno y la empresa para establecer las nuevas reglas de la concesión por los próximos 18 años era válida o no. Después de mucha discusión, la mayoría oficialista aprobó ayer el trámite y habilitó el tratamiento del tema en ambas cámaras. Lo curioso del caso es que los propios diputados y senadores que ratificaron lo actuado por el Poder Ejecutivo denunciaron que había violado la ley. Pero terminaron dando su consentimiento “por una razón de prudencia política, de carácter necesariamente excepcional, que de ningún modo deberá tomarse como precedente”.
La historia de la concesión de Aguas Argentinas está repleta de este tipo de hechos. Con este Gobierno la compañía estuvo cerca de sufrir la anulación de su contrato, pero finalmente el poder político cambió de posición y avanzó en la renegociación. Una de las razones expuestas por fuentes del Palacio de Hacienda es que el Estado francés defiende muy activamente a la empresa y que hizo pesar su voto en el directorio del FMI. Hasta ahora el representante de ese país en el organismo votó siempre a favor de aprobar los acuerdos con Argentina.
El 11 de mayo pasado, el Gobierno y la concesionaria suscribieron un acta transitoria que define las condiciones para renegociar el contrato.
Ese paso fue necesario para salvar los numerosos incumplimientos de la empresa en la operación del servicio, que le valieron multas millonarias del ente de control (Etoss) que ahora quedaron congeladas.
La validez del acta acuerdo debía ser juzgada por el Congreso. En rigor, antes de firmar nada, el Gobierno debía solicitar autorización parlamentaria. Los primeros encargados de revisar lo actuado eran los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo. Ese cuerpo reúne a diez diputados y senadores: seis justicialistas, tres radicales y uno del ARI. Lo que ocurrió ayer fue que los oficialistas convalidaron los pasos del Gobierno. Las diputadas duhalistas Graciela Camaño y Mabel Müller firmaron en disidencia parcial, lo que muestra su disconformidad pero también su alineamiento. La diputada del ARI María América González emitió un dictamen contrario, lo mismo que los radicales Ernesto Sanz, María Leonelli y Miriam Curletti.
El dictamen de mayoría –que será tratado el miércoles 11 por el pleno de la Cámara de Diputados– cuestiona en duros términos al Gobierno por haber incumplido con la solicitud de autorización previa. “La empresa debe saber que no podrá invocar derechos adquiridos sobre la base del acuerdo, pues suscripto en tales condiciones será jurídicamente imperfecto”, alerta. Sin embargo, tras ello, los oficialistas Jorge Capitanich, Marcelo López Arias, María Leguizamón, Hugo Toledo, Müller y Camaño justifican la aprobación “por una razón de prudencia política, de carácter necesariamente excepcional”.
“Pero de ningún modo –agrega– ello deberá entenderse en el sentido de que resultará sentado un precedente que permita al Poder Ejecutivo omitir, de ahora en adelante, la autoridad del Congreso de la Nación.” Después remarca que la intervención parlamentaria “no es un mero procedimiento formal: es una garantía institucional”. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, operó personalmente para conseguir el dictamen, aunque ahora será más difícil su sanción por toda la cámara. Además de la oposición de radicales y aristas, la actitud de Müller y Camaño da lugar a la sospecha de que el duhaldismo podría sacarle el cuerpo al tema. Pero nada es seguro.
Capitanich también cuestionó que se le permita a Aguas Argentinas seguir con su juicio contra el Estado por la pesificación de las tarifas y que sehayan suspendido las multas que debía pagar la empresa, pero aún así votó a favor del acuerdo.