La suerte de la ley de responsabilidad fiscal, exigida por el FMI y deseada por el gobierno nacional, está en manos de la conducción del bloque justicialista. El hecho de que el oficialismo se niegue a permitir cualquier modificación al texto –sobre todo al cuestionado artículo 10 que congela los gastos corrientes– provocó que buena parte del arco opositor anunciara su decisión de dar quórum para la sesión prevista para esta tarde. Al cierre de esta edición, el PJ no sólo trabajaba para conseguir la presencia de la mayor cantidad de sus integrantes en el recinto que incluyó la presencia del gobernador Felipe Solá. Los representantes del PJ también realizaban duras negociaciones para captar algunos “aliados coyunturales” y así obtener el número de diputados necesarios para habilitar el debate.
Si de números se trata, el PJ jura contar ya con 123 legisladores propios. Un número alcanzado que está lejos de ser por convencimiento, sino más bien fruto de la presión realizada no sólo por los hombres del Gobierno sino también por los gobernadores justicialistas. Las recomendaciones realizadas por los mandatarios provinciales fueron varias y surgieron una vez que consiguieron el compromiso del Poder Ejecutivo de ayudarlos en la renegociación de la millonaria deuda que mantienen los estados provinciales y que comienzan a vencer el año próximo. Con ese acuerdo en mano, muchos de los legisladores justicialistas que veían con malos ojos el artículo 10 que congela los gastos corrientes, esto es salarios, educación, salud y seguridad, comenzaron a modificar su posición.
Algo similar ocurrió entre los legisladores bonaerenses. No hace mucho tiempo, el propio Solá había puesto el grito en el cielo ante la imposibilidad de renegociar los puntos perdidos de su provincia en la coparticipación federal. El gobernador se calmó, entre otros motivos, porque, como lo reconoció ante Página/12, “el gobierno nacional comprendió las necesidades presupuestarias de la provincia” y por eso “surge esta ley”.
Ello no evitó que Solá tuviera que mantener un encuentro de casi dos horas con sus legisladores donde debió argumentar a favor de la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Durante la reunión, los renuentes Daniel Basile y Mariana Casesse insistieron con su posición de no avalar la norma por entender que se vulneran los intereses de la provincia que controla Eduardo Duhalde además de reiterar su reclamo por una modificación en la Ley de Coparticipación. Igual aseguraron ambos legisladores que estarán sentados en sus bancas a la hora de comenzar la sesión pero que todavía no definieron si se abstendrán o votarán en contra de la iniciativa gubernamental.
A la salida de la reunión, el gobernador dijo que era conveniente que “en el mundo se sepa que los gobernadores tienen responsabilidad fiscal” y que las exigencias fiscales se podrán cumplir mientras se mantengan los números positivos de recaudación. “Si el país sigue en su senda de crecimiento no va a haber problemas de limitación del gasto público”, indicó Solá, dejando sentado que si el escenario se modifica se deberían replantearse las exigencias.
Más allá de los argumentos oficialistas, al PJ todavía le restan conseguir nueve diputados como para que la sesión comience formalmente. Ese número mágico, dicen, ya lo tienen y se regodean afirmando que cuentan con el sí de los tres legisladores del Frepaso, otros tres que representan al partido del intendente cordobés Luis Juez y dos –“que le arrancamos”– del bloque que conduce la transversal Juliana Marino.
Igual la sesión no está asegurada del todo a pesar de que el presidente del cuerpo, Eduardo Camaño, afirmara confiado que “mañana (por hoy) se aprueba la ley”. Es que esta ley provocó una inusual alianza opositora que se conformó alrededor de lo que se denominó Foro de LegisladoresNacionales por un Estado que Garantice la Igualdad y el Desarrollo. En este ámbito confluyeron diputados de la UCR, el ARI, el socialismo, la CTA e incluso contó con la adhesión del macrista Federico Pinedo y de la partidaria de la mano dura, Mirta Pérez. Este arco opositor tal vez no cuente con el número suficiente como para modificar el articulado de la norma en cuestión, pero esto implicará que el oficialismo no puede darse el lujo de contar con algunas ausencias de último minuto.