Después de que la Argentina ablandó la propuesta que había llevado a Dubai mediante un segundo esquema, el llamado Plan Buenos Aires, en la Secretaría de Finanzas se recibió un documento del FMI analizándolo. Lo fundamental del escenario construido por los técnicos del Fondo, pero siguiendo con toda evidencia instrucciones políticas provenientes de Anne Krüger y del G-7, consistía en lo siguiente: tras caducar en 2006 el acuerdo vigente, que estipula la refinanciación de los vencimientos de capital, el país comenzaba a cancelar la deuda con el organismo hasta terminar de saldarla en 2011. Los colaboradores de Guillermo Nielsen tenían así ante sus ojos la confirmación escrita de lo que el FMI quiere: reducir su exposición con la Argentina hasta hacerla desaparecer, y que también el Banco Mundial la disminuya. Para cumplir con ese deseo, el superávit fiscal primario debía tocar por momentos el 5 por ciento del Producto Interno Bruto. Ese texto confirmaba la incompatibilidad de posturas y una irremediable confrontación, que debería orillar la ruptura. La cáustica réplica dada por Economía anteayer, ante las movidas inamistosas de este FMI timoneado por el aznarista Rodrigo Rato, ratificó la vela de armas.
“Es la primera vez en la historia que un país endeudado, que ha caído en default y perdido su crédito, quiere ser obligado a socorrer financieramente al Fondo, que es el prestamista de última instancia con que cuenta el mundo”, apunta Miguel Bein, quien ocupara destacado lugar en el equipo económico de la Alianza. Algo notable en el texto arriba mencionado es que el FMI reclama que el país muestre mayor generosidad hacia los tenedores de bonos impagos, mientras en los hechos busca aumentar las transferencias netas de recursos en su favor. Se supone que si los acreedores privados tuvieran acceso a ese escrito estallaría un auténtico escándalo: el Fondo simula protegerlos, cuando en realidad los hunde.
La pregunta después de las últimas escaramuzas es cómo quedará la relación entre la Argentina y el organismo. Concretamente, en caso de que efectivamente se caiga el programa vigente, que de hecho está en el aire al postergarse la tercera revisión, se abren tres posibilidades. Una es que el país deje de pagarle al Fondo, con quien le vencen en el resto del año 1800 millones de dólares por capital e intereses. Pocos consideran probable que el Gobierno asuma esta posición de máxima. La segunda alternativa consistiría en atender normalmente los servicios financieros, pero dejando de afrontar las amortizaciones, con lo que se volvería a caer en un default temporario con el Fondo. Por último, podría seguir pagándose absolutamente todo, arriesgándose en ese caso el tándem Kirchner-Lavagna a fricciones internas con sectores más duros. Sería una actitud curiosa: romper con el organismo, pero haciendo lo que él quiere.
En la reunión a la que invitó a un grupo de economistas jóvenes, pero varios de ellos ya calvos o canosos (malsana profesión ésta), el ministro rehusó el jueves cualquier revelación en torno de esas opciones. Uno de los asistentes dijo a este diario: “La Argentina firmó con el FMI pagarle los intereses pero no el capital, y podría ceñirse a ese arreglo”. Pero prevalece la idea de que, al menos en lo que resta de 2004, la Argentina abonará todo, usando esta conducta como argumento ante los bonistas en caso de fracasar con éstos la negociación: el país retiraría su oferta, señalando al Fondo como culpable, y por tanto también al G-7. Que los acreedores privados se la agarren con ellos.
Algo está claro: si se cae el programa con el FMI, pero igual se le pagan intereses y capital, y además se corta la asistencia del Banco Mundial y del BID, no habrá forma de sostener la oferta hecha a los tenedores de bonos. El Fondo ya mantiene demorada una acreditación de más de 700 millones de dólares en favor de la Argentina porque está sujeta al final feliz de la tercera revisión. De continuar en esa actitud y profundizarla, pretendiendo además preservar el carácter de acreedores privilegiados de los entes multilaterales, quedaría aparentemente bloqueado cualquier entendimiento razonable con los bonistas porque la propuesta debería volver a endurecerse.
A todo esto, Estados Unidos es una incógnita. Estando volcado en la lucha electoral, difícilmente se involucre activamente. En tal caso, le faltaría a esta pulseada un árbitro político. De todas formas, el comportamiento argentino está en línea con lo pregonado desde siempre por la administración Bush, y lo confirman las reiteradas declaraciones de John Taylor, uno de los subsecretarios del Tesoro, afirmando –como lo ratificó ayer– que el Fondo no debe meterse en la negociación que lleva el país con sus acreedores privados. Esto difiere de la postura de Rodrigo Rato, tan afín a los intereses de sus mandantes, desde los públicos, que son los gobiernos de países como Italia y Alemania con damnificados por la quiebra argentina, hasta los privados, como varias sociedades que se alzaron con las privatizaciones y hoy pelean aquí tarifas.
Según cálculos de la consultora Alpha, de Débora Giorgi y Hernán del Villar, si ante la demora del Fondo en dar su aprobación la Argentina continuase pagando sus obligaciones con los organismos, las necesidades extra de dólares por parte del Gobierno alcanzarían los 2300 millones. Esto dentro de un panorama en el que va mermando el exceso de divisas que caracterizó al mercado cambiario desde el segundo semestre de 2002 porque disminuye el superávit comercial y crecen las necesidades del sector público. Por ejemplo, mientras que en 2004 los vencimientos de títulos Boden no alcanzan los u$s 300 millones, en 2005 suben a más de 1900.
Mientras tanto, y respecto del sector privado, los giros al exterior por utilidades y dividendos se llevan casi mil millones de dólares por año, además de la cancelación de deudas por préstamos, que ronda los u$s 1200 millones anuales. Alpha calcula que el atesoramiento de moneda extranjera por empresas y particulares se ha estabilizado en los últimos nueve meses en valores rondantes entre 700 y 800 millones de dólares por trimestre. Esta dolarización de las carteras había fluctuado entre 1100 y 1200 millones trimestrales en los primeros nueve meses de 2003 y en más de 2200 millones también trimestrales en 2002.
La caída que sufrió el peso esta semana parece un anticipo de la situación mucho menos holgada que irá prevaleciendo en el mercado de divisas. Si en el primer semestre de este año el Banco Central engrosó sus reservas en 3320 millones de dólares, en el segundo sólo añadiría unos 800 millones. Desde febrero el precio de la soja cayó 27 por ciento, con lo que dejaron de percibirse u$s 1200 millones. De todas formas, este año se alcanzaría un superávit comercial de 11 mil millones (29,3 por ciento inferior al de 2003), con exportaciones por casi 32.500 millones e importaciones por casi 21.500 millones.
Hasta ahora la demanda de dólares y euros por parte del sector privado no mostró cambios significativos, pero existe el peligro latente de que una caída adicional del peso azuce una demanda especulativa, frente a las muy bajas tasas que ofrecen los plazos fijos en pesos, negativas en términos reales. Aun si finalmente se salvara el acuerdo con el Fondo y se firmase con los acreedores defolteados, el excedente cambiario para 2005 sería estrecho, con un aumento de reservas de sólo u$s 650 millones. Obviamente, salir del default evitaría cualquier clase de corrida contra la moneda, pero también obligaría al Estado a empezar a pagar unos 1100 millones anuales por intereses de la nueva deuda reestructurada.
La lectura de un nuevo estudio del Cespa (Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina), que busca echar luz sobre la confusión de guarismos en torno de la renegociación de la deuda, permite no olvidar que la propuesta formulada a los acreedores, aun con la rotunda mejora entre el esquema Dubai y el Buenos Aires, es severa, mucho más que la lograda por otros países deudores. Las tres clases de nuevos títulos vencerían dentro de 30 años (el discount, con quita de capital), 35 (par, sin quita) y 42 (cuasi-par), y los pagos semestrales de amortización se iniciarían recién en el año 20 para el primero, 25 para el segundo y 32 para el tercero. Las tasas irían subiendo escalones. En el bono par irían ascendiendo desde el 2,08 hasta el 5,25 por ciento anual; en el cuasi-par, desde cero a 5,96, y en el discount, desde 4,15 hasta 8,51%.
Esto es lo que la Argentina se siente en condiciones de pagar, y busca cerrar trato en estos términos en medio de un panorama internacional caótico en el que el FMI quiere fungir para este país, no como prestamista de última instancia sino como cobrador de primera y lobbysta de lujo en representación de un puñado de multinacionales.