El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, presentará pasado mañana en París un alegato contra la demanda entablada al Estado nacional por accionistas de la empresa Transportadora Gas del Norte en el tribunal arbitral internacional del Banco Mundial (Ciadi), por la pesificación de las tarifas dispuesta en enero de 2002.
La demanda fue promovida por la estadounidense CMS Gas Transmission Company, accionista de TGN, que reclama al Estado nacional 265 millones de dólares al considerarse damnificada por la pesificación de las tarifas de servicios públicos dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde tras la devaluación. El ministro defenderá la posición argentina bajo el argumento principal de que los laudos en jurisdicción de tribunales internacionales violan el derecho constitucional argentino. La empresa había presentado el caso en el Ciadi bajo el argumento de que, durante la privatización de los servicios públicos, la administración de Carlos Menem cedió la jurisdicción nacional al tribunal internacional en caso de acciones legales.
Existe un equipo de abogados argentinos trabajando en el caso desde que se inició, que en ese momento estuvo encabezado por Rosatti, en su carácter de procurador del Tesoro. El alegato del ministro no sólo apuntará al tema de la jurisdicción sino a la confidencialidad que exige el Ciadi sobre los casos que trata, lo cual se contrapone, según explicaron las fuentes, al principio de “transparencia” de los actos de gobierno que contempla la legislación argentina.
TGN es una de las concesionarias que está renegociando contratos con el Gobierno, que estableció como condición para seguir adelante este proceso en la Unidad Renegociadora de Empresas de Servicios Públicos que las empresas suspendan los juicios en el Ciadi. El resultado de este caso generaría precedentes para el resto de los reclamos presentados por empresas de servicios públicos en el mismo tribunal durante el 2002, que suman demandas por 16 mil millones de dólares.