La recomposición salarial que promueve el Gobierno se limitará en una primera etapa a los trabajadores del sector privado. Los empleados públicos deberán esperar a que la Casa Rosada avance en negociaciones con los gobernadores para que el ajuste en sus haberes sea consensuado entre la Nación y las provincias. La decisión se adoptó el último sábado en una reunión entre Néstor Kirchner y el equipo de ministros encargados de analizar la cuestión: Alberto Fernández, Carlos Tomada y Roberto Lavagna. El jefe de la cartera laboral trabajó con sus técnicos desde ese momento hasta ayer en la redacción del decreto que convocará al Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo. El Presidente recibirá el texto hoy al mediodía.
Las reuniones del Consejo empezarán el próximo martes 24 o el miércoles 25, con la participación de 32 miembros. Tomada será el presidente y habrá un representante de la Jefatura de Gabinete y otro del Ministerio de Economía, con la posibilidad de que los propios Fernández y Lavagna intervengan en algún encuentro. La intención del Gobierno con la designación de esos representantes de primer nivel es jerarquizar las discusiones, para comprometer a las partes a cumplir con lo que allí se pacte. Es una precaución que surgió del Ministerio de Trabajo para evitar que alguna rama empresaria intente desconocer los acuerdos, como ya ocurrió cuando el Poder Ejecutivo mejoró salarios por decreto.
Por esa misma razón es que el Gobierno descartó repetir la fórmula de subir haberes por decreto, según señaló una fuente oficial a Página/12. Otra aclaración importante es que el Consejo sólo negociará el salario mínimo y los sueldos del sector privado, mientras que los trabajadores estatales deberán esperar a que la Jefatura de Gabinete convoque a paritarias específicas a los gremios del sector. Antes de dar ese paso, Fernández encarará negociaciones con los gobernadores, debido a que varios de ellos se oponen a un incremento unilateral de la Nación. Si el gobierno central concede un aumento, los gremios estatales del interior exigirán lo mismo y algunas provincias dicen no estar en condiciones de afrontar más gastos.
Buenos Aires lidera la resistencia. El ministro de Trabajo provincial, Roberto Mouillerón, sostuvo ayer que si el gobierno bonaerense quisiera ajustar los sueldos de sus empleados necesitaría “recursos nacionales” para costearlo. El funcionario apeló a la “racionalidad del gobierno nacional para que, si dispone una mejora, nos permita con recursos nacionales sostener un aumento”.
El Gobierno tiene vocación de elevar los sueldos estatales, pero previamente intentará llegar a un acuerdo con las provincias. No hacerlo le traería a Kirchner un problema adicional: la reapertura de la pelea con buena parte del peronismo, representado por los gobernadores, en momentos en que su estrategia es mantener una tregua con el partido.
Las negociaciones del Consejo serán a agenda abierta, según establece el borrador de decreto que Tomada le elevará hoy a Kirchner. Es decir, el Gobierno no pondrá condiciones sobre cuánto deberán subir los sueldos ni plazos para la negociación entre empresarios y sindicalistas. Sin embargo, existe un preacuerdo para elevar el salario mínimo de 350 a 400 pesos a partir del 1º de septiembre. Y el Poder Ejecutivo considera que deben incorporarse a los haberes de los trabajadores privados los 50 pesos actualmente no remunerativos. A los empresarios se les hará difícil negarse a esa petición.
Más allá de ese punto, es muy posible que las mejoras adicionales varíen según el sector. Las reuniones generales del Consejo posiblemente derivarán en discusiones particulares por actividad económica. El Gobierno considera importante movilizar la discusión salarial, pero aceptó el argumento empresario –defendido por Lavagna– de que hay rubros mejor posicionados que otros y que los incrementos pueden ser diferenciados. En el Consejo estarán presentes las principales cámaras empresarias, que representan a la industria, el comercio, los servicios, el agro y las pymes. Por el lado sindical, al Gobierno se le generó un problema porque la CGT objeta la participación de la CTA, y la ley estaría de su lado. Pero como Kirchner le había prometido a Víctor De Gennaro que la CTA –sin personería gremial– integraría el Consejo, el Ministerio de Trabajo está buscando la forma de sumarla.