A pesar de la última quita propuesta para salir del default con los privados, un superávit primario perpetuo de entre el 3 y el 4 por ciento del PIB no alcanza para pagar a todos los acreedores. Cada vez resulta más evidente la imposibilidad de seguir cumpliendo sin quita los compromisos con los organismos financieros y conseguir, a la vez, una renegociación satisfactoria con los privados. Contra la percepción tradicional, la quita efectiva que sufrirán los bonistas dependerá, antes que de la voluntad del gobierno argentino, de la actitud que asuma el Fondo Monetario Internacional. Estas son las principales conclusiones de un reciente trabajo sobre la sustentabilidad de la deuda pública post reestructuración realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires.
El trabajo del Cespa, un centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, plantea dos cuestiones centrales. La primera es la discusión sobre la verdadera dimensión de la quita que afectará a los acreedores privados. La segunda es que la sustentabilidad de la deuda no depende solamente de la relación deuda/PIB que surgiría de una reestructuración que siga el plan post Dubai, sino del perfil de los vencimientos de capital con los organismos.
Según explicó a Página/12 el economista Hernán Finkelstein, autor de la investigación junto con Jorge Schvarzer, el valor presente de cualquier deuda depende, además de los flujos de pagos comprometidos en concepto de capital e intereses, de una tasa de descuento. Los términos de la renegociación determinan los flujos de pagos, pero no la tasa de descuento. Esta es fijada por el mercado sobre la base de su percepción de la solvencia del Gobierno tras la reestructuración. Para Finkelstein la clave en el caso argentino es que la tasa de descuento resulta afectada por el rol desempeñado por el FMI. El razonamiento es que, dado que las refinanciaciones que otorga el Fondo sólo son a corto plazo, las constantes renegociaciones a las que obliga deterioran la percepción del riesgo y, con ello, aumentan la tasa de descuento de los bonos. Siguiendo esta lógica, la injerencia del Fondo aumenta la quita a los bonistas.
Esta cuestión, que determina la quita efectiva, también se relaciona con la sustentabilidad. Bajo la perspectiva del Cespa, si la reestructuración ofrecida en Buenos Aires es la última, la deuda quedará en niveles similares a los de 2001, precisamente cuando la situación se volvió insostenible. La diferencia con aquel año son las nuevas tasas de interés, más bajas que entonces, las que permitirían al sector público afrontar los vencimientos de intereses con fondos propios. El problema seguiría estando en los pagos de capital.
El análisis del Cespa muestra que los pagos de intereses se mantienen en torno de los 2000 millones de dólares anuales hasta 2014 para saltar a los 4000 millones hasta 2025 y luego comenzar a bajar gradualmente hasta 2031. Los vencimientos de capital, en tanto, parten de más de 10.000 millones de dólares en 2005, que se reducen gradualmente hasta los 5000 millones hacia 2011, para casi desaparecer en torno de 2019, lo que presupone inevitables renegociaciones de corto plazo.
En este contexto, el único camino para una reestructuración efectiva sería que los organismos internacionales acepten refinanciar sus acreencias a plazos más largos. La investigación concluye que cualquier otra alternativa tendrá “un elevado carácter transitorio”.