Néstor Kirchner lanzó ayer formalmente la licitación para construir y operar el gasoducto del Nordeste, obra cuyo costo está estimado en alrededor de 1000 millones de dólares, de los cuales el sector privado aportaría dos tercios. El megaemprendimiento a adjudicar en febrero del 2005, tiene pendiente algunas definiciones controvertidas. Aunque se descartó la adjudicación directa del tendido troncal al grupo Techint, éste sigue siendo número puesto para la obra, cuyo éxito también depende de las condiciones que se fijen en el futuro para comprarle el gas a Bolivia.
No hay especialista que deje de considerar a la obra como imprescindible para atender la creciente demanda de gas, incluyendo la necesidad de llevarlo a provincias que aún no tienen ese servicio y salvando así un déficit estructural provocado por la falta de inversiones durante años. El último gasoducto fue el Neuba, inaugurado en 1988. La cuestión es en qué condiciones se licita y opera ese emprendimiento, que permitiría llevar el fluido a Formosa, Chaco y Corrientes, entre otras provincias, e interconectar la red local con la de países limítrofes.
Después de los cuestionamientos a la idea original de contratar en forma directa a Techint para el desarrollo medular del proyecto –fase para la que el holding comprometería 750 millones de dólares–, el Gobierno resolvió hacer una licitación que, según precisó ayer la Presidencia, habilita a participar a “productores de gas natural, inversores con experiencia en la operación de gasoductos, inversiones institucionales, distribuidoras de gas, el sector eléctrico, otros grandes usuarios”. El grupo Rocca cumple todas estas condiciones, amén de ser el principal proveedor local de los caños, atajo natural para integrarse.
El detalle del negocio de los participantes (grupo al que bien podrían sumarse la brasileña Petrobras o la venezolana PDVSA, entre otras) depende en gran medida de las condiciones de los contratos de compra de gas, que se definirían en forma previa a las condiciones para operar el ducto, y de la tarifa de los futuros licenciatarios. Pero según la hipótesis de trabajo original, la tasa de retorno de la inversión privada se ubicaría alrededor del 12 por ciento anual sobre el capital, condición que, según el especialista y ex director del Enargas, Andrés Repart, obligaría a fijar un precio de transporte bastante superior al actual si se quisiera recuperar el capital en una década: 80 centavos de dólar contra 20.
Presidencia también precisó que será “necesario clarificar y establecer determinadas condiciones con Bolivia” para garantizar la cantidad y precio al que ese país venderá su gas. Argentina le importa desde mayo 4 millones de metros cúbicos diarios a 1,70 dólares el BTU, de los cuales 1,07 es para los productores que operan allá –básicamente Repsol y Petrobras–y el resto para el fisco boliviano. La incógnita es si se aumentará la importación a 20 metros por día con aquel mismo valor total, que algunos entendidos consideran excesivo, o se conseguirá negociar con la administración de Carlos Mesa y con las petroleras una tarifa más módica.