”Un alto funcionario del Gobierno debería hacer una extensa declaración explicando los siguientes puntos:...”. “El Gobierno debería hacer una declaración pública aclarando su rol en...” La frase se repite en varios pasajes del documento reservado que la misión del Fondo Monetario Internación entregó a la administración Duhalde y al que accedió Página/12. Es un verdadero manual de instrucción para gobernar. Nunca antes el FMI había llegado tan lejos en la imposición de sus recetas a un gobierno democrático en Argentina. Además de decirle qué debe hacer si no quiere un “futuro penoso” –como amenazó el miércoles el jefe Singh–, le ordena cómo decirlo a sus ciudadanos, como si éstos residieran en Washington y no en Argentina. Como todas, la mayoría de las medidas que exige difícilmente serían validadas por el voto popular, ni en Washington ni en Argentina. Anoop Singh sólo podría ser presidente de un gobierno de facto.
El viernes, a horas del golpe militar que por entonces aparentemente había derrocado a Hugo Chávez en Venezuela, el vocero oficial del Fondo, Thomas Dawson, pronunció un “estatement” sorpresivo: el FMI “está listo para asistir a las nuevas autoridades”, afirmó. Vale recordar que Washington manifestó su apoyo al nuevo gobierno, mientras que los países latinoamericanos –con México, Brasil y Argentina a la cabeza– condenaron el golpe. Dawson, un clásico burócrata de Washington, no respondió a una decisión del directorio ejecutivo del organismo (conformado por 24 directores) sino a la gerencia, liderada por el alemán Horst Koehler y la economista republicana Anne Krueger.
Venezuela no tenía un acuerdo formal en marcha con el Fondo y eso es lo que le propusieron. Antes deberá cumplir algunos requisitos básicos del llamado “consenso de Washington”: privatización de la empresa estatal de petróleo, ruptura con Cuba, etc., etc., etc. Después vendrán las reformas promercado y medidas puntuales. Más allá del impresentable Chávez, lo impresionante es el mensaje de Washington en la era Bush: “o están conmigo o están contra mí”, ya se trate de la lucha contra el terrorismo o de las reformas económicas.
Página/12 publicó el miércoles pasado parte del documento que la misión del FMI dejó en la Casa Rosada. En ese capítulo, titulado “Resolution of the Corralito”, se explicaba cuál debía ser la política oficial para desarmar el corralito, camino que el Banco Central siguió hasta hora al pie de la letra.
Ese mismo miércoles por la tarde el jefe de la misión, Anoop Singh, ofreció una conferencia de prensa, en la que blanqueó cada una de las exigencias del Fondo para llegar a un acuerdo. Singh no dijo, como revela hoy Página/12, que el Fondo prevé cierres masivos de “bancos débiles” y que ya instruyó al Banco Central sobre los pasos a tomar en esa dirección. Pero igualmente, nunca antes un funcionario del FMI había brindado una declaración de esas características –mucho menos en medio de una delicada negociación–, reclamando abiertamente la modificación de leyes votadas recientemente por el Congreso y un ajuste en las cuentas provinciales que, inevitablemente, se traduciría en despidos y/o recortes salariales.
Tampoco, nunca antes otro funcionario había explicitado tan descarnadamente las opciones: si no hay acuerdo con el Fondo –y mientras no se cumpla con las condiciones previas no lo habrá– el futuro para la administración Duhalde será “penoso”, advirtió.
El ex ministro de De la Rúa, José Luis Machinea, solía decir que estaba implementando “el programa del gobierno argentino”, que además contaba con la aprobación del Fondo. En aquel entonces, como sucedió durante la era menemista, las misiones del FMI negociaban en secreto con los funcionarios del Ministerio de Economía, y éstos se encargaban luego de presionar al ala política para tramitar leyes o decretos. Los chispazos entre Economía y los políticos no eran otra cosa que las fricciones entre Washington y un sistema político democrático, que debía cuidar por que no se cruzaran loslímites que lo validaban frente a sus representados. Ahora, en cambio, Washington baja línea abiertamente, consciente de que negocia con un gobierno que no fue electo por el voto popular y que la política argentina ya cruzó todos los límites posibles.
Jorge Remes Lenicov ensayó también en un comienzo el discurso del “plan propio”. Después del miércoles, sin embargo, esa idea suena ridícula. Pero es más inverosímil aún si se analiza el documento confidencial que la misión entregó al Gobierno, para que no olvide qué camino debe seguir si pretende salvarse. Es un verdadero manual de instrucciones para la gestión Duhalde. No sólo porque contiene, como es habitual, cada una de las medidas que Washington considera se deben aplicar en los próximos meses en áreas clave (corralito, fusión y cierre de bancos, tipo de cambio, ley de quiebras, etc.), sino que además plantea cómo debe anunciarlas el Gobierno.
Valen los siguientes ejemplos:
Corralito. El documento dice que la pesificación de depósitos y la emisión de bonos para compensar a los bancos es una de las “tareas cumplidas” por el Gobierno. Después ofrece al Ministerio de Economía la receta para recobrar la confianza de los ahorristas. “Un alto funcionario del Gobierno debería hacer una extensa declaración, explicando los siguientes puntos...”, asegura. Y enumera: “el sistema bancario fue severamente dañado por la devaluación y la pesificación asimétrica; el daño fue revertido por la compensación con el bono; se están tomando medidas para prevenir un mayor deterioro (incluyendo, por ejemplo, la modificación en la ley de quiebras)”. Luego agrega: “El funcionario podría también aprovechar esta oportunidad para destacar los elementos de la estrategia para el sistema bancario que se propone”.
Cierre de bancos. El FMI considera que hay “bancos débiles”, que el Banco Central deberá cerrar en los próximos meses. Para ello, exige un esquema de intervención del Banco Central basado en dos puntos: otorgar limitada asistencia a los bancos que lo requieran, pero con la condición de que sea repagada en un mes. “El fracaso para devolver el redescuento o el pedido de asistencia adicional requerirá una inspección especial” del Central. Y en el caso de que los redescuentos superen dos veces el capital del banco, éste deberá ser intervenido por el Banco Central. Pero luego advierte: “Los anuncios de cierres de bancos deben manejarse con extrema precaución”.
Ley de quiebras. El Fondo dijo públicamente que quiere se derogue la ley de quiebras, que inhibe a los bancos y acreedores extranjeros de accionar legalmente contra las empresas locales. Pero en forma reservada al Gobierno le dio poco menos que un ultimátum: “La ley 25.563 (ley de quiebras) es insostenible, niega el derecho de los acreedores y amenaza la supervivencia del sistema bancario... Debe ser modificada de inmediato”, asegura. Más adelante, ordena: “El Gobierno debe hacer una declaración pública aclarando su rol en la reestructuración de empresas. Dada la desconfianza que acompañó la aprobación de la ley 25.563, es crítico que el Gobierno manifieste clara e inequívocamente que no pesificará la deuda de las compañías contraídas con acreedores extranjeros”.