La pulseada por los salarios tuvo ayer un nuevo capítulo en el Ministerio de Trabajo, una semana antes del inicio formal de las reuniones del Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo. La Unión Industrial Argentina recibió ayer la invitación formal del ministro Carlos Tomada a ocupar cuatro sillas en el Consejo –de una representación patronal de 16– y el requerimiento darle “una respuesta urgente”, a partir de la reunión inaugural del próximo jueves 26, al pedido de incremento del salario mínimo a 400 pesos. Pese a algunas objeciones iniciales, la central fabril aceptó tratar el tema sin definir una postura ni dejar de reprocharle a Roberto Lavagna, a través de su compañero de gabinete, el haber pretendido “imponer” la composición de la representación de la UIA, con dos integrantes por el oficialismo y dos por los opositores de Industriales, referenciados en el Grupo Techint.
Tomada instaló el tema de la suba del salario mínimo como prioridad número uno del Consejo luego de que la representación empresaria sugiriera tratar en principio “los temas de más largo plazo”, una pirueta que sin duda pretendía sacar del primer plano la discusión salarial. El intento no prosperó. Al salir del encuentro, el titular de la UIA, Alberto Alvarez Gaiani, admitió que la representación empresaria concurrirá a la primera reunión “dispuesta a escuchar y tratar” lo que se proponga en la materia.
A cambio, la representación industrial –que también integraron Guillermo Gotelli y Federico Nicholson– exigió que el Consejo no tratara aumentos generales de salarios. “Los niveles salariales se deben estudiar de acuerdo al sector y a la región”, sostuvo Alvarez Gaiani ante el ministro, rechazando así la propuesta de un aumento general que, según adelantó, llevará la CGT. De acuerdo con lo referido por fuentes empresarias, Tomada se comprometió a que el Gobierno no tendría ningún tipo de injerencia y se limitaría “simplemente” al papel de coordinador de los encuentros. En el mismo sentido, los dirigentes de la UIA expresaron su complacencia con la decisión oficial de abandonar la política de aumentos salariales generales por decreto.
Menos cordial resultó la charla cuando se trató la representación empresarial a la mesa del Consejo. En la conferencia de prensa del martes, Roberto Lavagna había señalado que los cuatro asientos de la UIA serían ocupados “dos por la mayoría y dos por el grupo Industriales”. Se sabe, el ministro de Economía se siente mucho más cerca del segundo nucleamiento que del oficialismo. Pero esta distribución de representantes no había sido consensuada con las autoridades de la UIA y éstas no disimularon ayer su enojo con aquellas declaraciones. Al ministro Tomada le informaron que la delegación de la UIA iba a ser definida “exclusivamente” por su Junta Directiva en la reunión que tendrá lugar el próximo martes por la noche.
Dentro de la línea que conduce la UIA, personificada en la figura de Alvarez Gaiani, ya hay un criterio formado sobre cómo conformar esa representación: tres por la mayoría y uno por la minoría. En tanto, Guillermo Gotelli, de Industriales, adelantó ayer que su sector pedirá dos asientos en la reunión del Consejo Directivo del martes próximo.
Consultado acerca de sus diferencias con el sector oficialista en cuanto a las propuestas que harían en las reuniones con los gremios, Gotelli indicó que “nos gustaría llegar con una posición única” de la UIA al encuentro del jueves.
Además de los de la UIA, participarán otros doce representantes de entidades empresarias en la mesa del Consejo: 4 por las entidades agropecuarias, 3 por las del comercio, 1 por los bancos, 1 por la Bolsa y otros 3 representantes de núcleos multisectoriales (CGE, AEA y CEEN).
Según expresó el ministro a los representantes fabriles, la intención del Gobierno es discutir y resolver rápidamente el ajuste en el salario mínimo e inmediatamente se conformarían comisiones para tratar diversos aspectos técnicos con impacto en las condiciones laborales y salariales:capacitación y formación de trabajadores, vías de aumento de la productividad y políticas de empleo en el sector público.