En su alegato final ante el Ciadi, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, reiteró el argumento quizá más contundente para defender la pesificación de las tarifas públicas frente al reclamo por ruptura de contrato que hacen las privatizadas: el estado de emergencia económica y social que sufrió el país, no circunscripto a los cimbronazos de fines del 2001. El principal defensor de Argentina ante el pedido indemnizatorio de la estadounidense CMS citó los dichos del embajador de la ONU, Carmelo Angulo Barturén, quien durante su testificación a favor del Estado argentino aseguró que en el peor momento de la crisis existieron hasta planes de contingencia para evacuar embajadas. Es más, según habría asegurado ese diplomático, en la mesa de diálogo social Raúl Castells habría advertido que los piqueteros podrían tomar la ciudad en sólo 24 horas. Ahora resta esperar algunos meses el fallo del tribunal bancomundialista. Mientras, los abogados públicos se preparan para librar una similar batalla contra Azurix en una primera audiencia que tendrá lugar a principios de octubre.
CMS, socia de la Transportadora de Gas del Norte, exige una indemnización de 261 millones de dólares por el daño que habrían ocasionado a su negocio la devaluación y congelamiento de tarifas, acusando a la Argentina de haber vulnerado el tratado bilateral de inversiones firmado con los Estados Unidos y de aplicar una política expropiatoria y discriminatoria respecto de la empresa. No fue demasiado difícil refutar estas últimas ideas: claramente, la pesificación y alteración de precios posconvertibilidad no afectaron sólo a las privatizadas.
El desafío medular es eludir los reclamos indemnizatorios de estas firmas justificando por qué el Estado argentino alteró unilateralmente los contratos. En esta línea, Rosatti repitió ayer en París la idea que había expuesto por escrito hace meses ante el Ciadi, al responder el reclamo de CMS, destacando que Argentina tomó aquellas decisiones en el marco de una depresión que comenzó en 1998 y terminó en el 2002, tan grave y profunda que puso en riesgo la institucionalidad del país.
El otro recurso fue demostrar que las tarifas públicas –ligadas al dólar por contrato o decretos posteriores– habrían quedado automáticamente desligadas de la moneda norteamericana cuando, a principios del 2002, se derogó la Ley de Convertibilidad. Amén de que la de Emergencia Económica habilitó de inmediato la rediscusión de todas las condiciones contractuales, incluido el precio.
Según se empeñó en destacar el ministro ayer, el proceso de revisión contractual que encaró la Argentina prueba su voluntad de reparar una situación generada por una aguda crisis. Para ello citó los dichos del titular de la Comisión de Renegociación de Contratos, quien también “testificó” a favor del Estado argentino en esta serie de audiencias. Guillermo Simeonoff había intentado conmover a los árbitros con el dato de que éste es el “unico país” que encaró en forma simultánea la rediscusión de sesenta y cuatro contratos, que sólo en el área de Transporte involucran a ciento diecinueve empresas.
El equipo argentino también destinó artillería hacia el gerenciamiento de TGN, la transportista que lidera Techint, que según un citado informe del Enargas contrajo tanta deuda en dólares como utilidades giró al exterior, eludiendo la reinversión. Ahora, según destaca Rosatti, juega a dos puntas: por un lado rediscute su contrato con el Gobierno y compromete inversiones y, por el otro, admite que CMS, como socia minoritaria, exija una indemnización ante aquel tribunal del Banco Mundial.
La solidez del alegato permitiría defender el honor argentino ante un tribunal internacional, pero aun en caso de ser eficaz en este expediente, debería ser reiterado a pie juntillas en los treinta restantes. El Ciadi, como destacó ayer el ministro de Justicia, no funciona de modo sistemáticoy el fallo de un tribunal, diferente en cada caso, no sienta jurisprudencia para otro.
Frente a esto, la apuesta oficial es que los accionistas de las empresas privatizadas vayan desistiendo de sus demandas por un total de 16 mil millones de dólares en la medida en que van cerrando nuevos contratos. Se trata entonces de una carrera contra el tiempo: acabar las renegociaciones antes de eventuales fallos adversos. Si estos pronunciamientos negativos se produjeran, quedarían luego otras cartas en la manga para eludir algún pago millonario. Una es someter la orden de pago a la Justicia argentina, la única que tendría potestad para obligar a ejecutarlo.