Después de tanta discusión, el sector público argentino está logrando un superávit fiscal primario consolidado (Nación más provincias) equivalente a 5,5 por ciento del Producto Interno Bruto. Este es el dato conmocionante del primer semestre. Está casi duplicando el tope de superávit en que se plantó frente a las exigencias del FMI: 3 por ciento y ni un centavo más. Pero esta inusual performance está dándoles la razón a quienes sostenían –como el propio ministro Lavagna– que elevar el excedente del Estado detendría el crecimiento de la economía, clave para la reducción del desempleo y la pobreza. De hecho, durante el segundo trimestre de 2004 la actividad económica se estancó, y la razón más clara del frenazo fue la enorme transferencia de recursos del sector privado al público por los fuertes vencimientos impositivos concentrados en esos meses. Ante esto, el Gobierno comenzó a tomar decisiones de gasto que, junto con la menor succión actual de fondos del sector privado vía recaudación tributaria, pretenden evitar que la política fiscal juegue un papel excesivamente contractivo.
Varias consultoras privadas han preferido remarcar en sus informes recientes la fragilidad del buen momento fiscal. No sólo porque la recaudación no podrá ser la misma en el segundo semestre (aun así, el superávit primario nacional en julio habría rozado los 1100 millones de pesos, con lo que superaría el promedio mensual de la meta anual comprometida), sino por algunas malas noticias, como la caída en el precio de la soja, que causará menores ingresos por retenciones. Sin embargo, la estampida en el precio del barril operará en sentido inverso.
También influyeron en el enfriamiento las lóbregas expectativas incubadas durante los meses en que la crisis energética fue noticia de primer plano. Todo esto llevó al Gobierno a pisar algo más a fondo el acelerador, con decretos como el que a fines de julio oficializó el aumento de partidas presupuestarias por encima de lo previsto. También se resolvió dar un toque a los sueldos públicos inferiores a mil pesos y un módico aumento jubilatorio, además de lo que le está costando a Hacienda subsidiarles a las usinas eléctricas la compra de combustibles líquidos en lugar de gas, sin alterar las tarifas.
Cuando entra mucho dinero se corre siempre el riesgo de comprometerse a gastos que luego no pueden financiarse. Por ejemplo, la elevación de sueldos. En Hacienda, sin embargo, parecen sentirse seguros respecto del futuro porque están comprometiendo sólo una porción relativamente modesta del aumento de ingresos que están teniendo. Dos convicciones determinan la política. Primero, que en 2005 el escenario internacional podrá ser menos favorable en relación al primer semestre de 2004, pero que las materias primas no se derrumbarán a los pobres niveles de 1999. Semejante posibilidad la descartan de plano. Segundo, que no es bueno tener una posición fiscal excesivamente buena, por paradójico que suene. En este sentido, el concepto es que la meta fiscal que se propuso el país es la adecuada, y no debe incurrirse en un ajuste superior al necesario para alcanzarla.
El hecho de que las grandes empresas aún no hayan tomado decisiones de inversión, y que sean las pyme las que estén explicando la buena marcha de esta variable en la macro, recibe por un lado una lectura favorable, como toda cosa que funcione al revés que en los ’90. Si entonces la economía se concentraba cada vez más, y ahora en cambio se expanden las empresas medianas y pequeñas, hay motivos para festejar. Sin embargo, la renuencia de las grandes compañías preocupa y se calibran gestos y medidas para inducirlas a invertir.
El interés por conseguir que el sector privado siga mejorando salarios se apoya en datos que muestran que, al menos en los sectores de transables (mercancías que pueden ser materia de comercio exterior), favorecidos por la devaluación del peso, hay suficiente rentabilidad como para compartirla con mayor equidad con los trabajadores. Desde la crisis, el costo laboral por unidad de producto bajó sensiblemente, dado que la producción aumentó más que el empleo, mientras que el salario cayó.
Esto es corroborado por la extraordinaria recaudación que arrojó el gran vencimiento otoñal de Ganancias y también por el marcado repunte en el giro de utilidades al exterior por parte de las empresas extranjeras, que habría frisado en los 200 millones de dólares durante el segundo trimestre. Pese a todo, la concesión de mejoras salariales más significativas es resistida por los empresarios, que cuentan con el alto poder de regateo que les da una tasa de desocupación que, sin contar los Planes, orbita en el 20 por ciento de la población económicamente activa.
La Fundación Mediterránea, como otros institutos semejantes, previene contra aumentos salariales que no se correspondan con mejoras de productividad, porque –se presume– serían inflacionarios. Pero lo cierto es que ha habido incrementos en la productividad acompañados apenas parcialmente por reajustes en los sueldos. Así que empezar ahora la cuenta de cero implica que los asalariados se abstengan de reclamar por lo perdido. Es decir, que den por definitivamente extraviados los niveles de vida que supieron alcanzar atrás en el tiempo.
Lo que parece ocurrirle al Gobierno es que se encuentra ante la necesidad de modificar la manera como crece la economía argentina desde que inició su “comoditización”, es decir, la tendencia de la producción a concentrarse en la producción de algunos commodities y a que éstos expliquen el grueso de las exportaciones, cada vez menos diversificadas. Aunque la Argentina nunca fue realmente algo diferente que un abastecedor de materias primas e insumos, hubo épocas en que aspiró a un perfil productivo más complejo y que a su vez permitiera el pleno empleo y salarios altos.
Ahora, aunque se haya tomado la decisión de no incrementar los planes de subsidio directo, como el Jefas y Jefes, el crecimiento de la economía respalda sólo mediocremente ese rumbo político. Empleo se crea, pero abrumadoramente informal (o no registrado), lo que impide empezar a desactivar la bomba del desamparo sanitario y previsional. Además, los salarios que se pagan (con plata negra, proveniente de evasión impositiva) en esos amplios segmentos del mercado laboral, son entre bajos e ínfimos (quizás unos 120 dólares al mes). ¿Qué economía y qué sociedad pueden edificarse sobre esa base tan desigual?
Por añadidura, la economía seguirá moderando su ritmo de crecimiento, tras expandirse en 2004 a un ritmo del 7 por ciento, según puede pronosticarse ahora. Por tanto, el aporte que hará el crecimiento a la solución de la penuria social será cada vez menor. De ahí la preocupación por cambiarle el contorno a ese crecimiento, intentando políticas más activas dirigidas a la industria (como el nuevo tratamiento al IVA en las inversiones) y a casos específicos como el software, y a convencer a las grandes empresas para que vuelvan a invertir. Esto supone un cambio en el estilo presidencial, giro del que vienen acumulándose indicios estos últimos tiempos.
También implica una redefinición en la estrategia externa de la Argentina, replanteando los mecanismos de su integración con Brasil. Se está trabajando ya en la búsqueda de un Ouro Preto II. Es decir, un nuevo libreto, diferente del redactado diez años atrás, cuando la Argentina caminaba económicamente en una dirección muy diferente, profundizando la exclusión social y la desarticulación del Estado. Un decenio más tarde, aunque Brasil diste mucho de ser un éxito, su mediocre performance le ha bastado para agrandar su brecha respecto de su fracasado vecino austral. Con las reglas de juego actuales, la Argentina no tiene herramientas genuinas, dentro del Mercosur, para protegerse de las perturbaciones macroeconómicas de su socio mayor, mientras se han perdido de vista los objetivos estratégicos que pudo haberse planteado el bloque.
En síntesis, mientras viborea el florete en sus lances poco ortodoxos con el Fondo y los bonistas, a Economía le va demasiado bien donde no es del todo bueno que eso suceda, y necesita reencauzar el crecimiento y la integración para que el proyecto global del Gobierno tenga sustentabilidad social y política.