A pocos días de la llegada de Rodrigo Rato al país, el Fondo Monetario buscó tender algún puente con la administración Kirchner. El vocero del organismo dijo ayer, desde Washington, que el programa con Argentina está demorado, no suspendido. “Una demora en la revisión no significa una demora en el diálogo”, aseguró Thomas Dawson, quien confirmó, además, que Rato estará en Buenos Aires el próximo martes 31. Se descuenta que en la reunión que mantendrán el español y el presidente Kirchner se hablará de la posibilidad de que el organismo prorrogue para el 2005 vencimientos de los próximos meses por 1000 millones de dólares, mientras que el Gobierno se comprometería a abonar hasta fin de año unos 1500 millones de dólares, que podrían ser reembolsados de llegarse a un nuevo acuerdo en enero. Sin embargo, seguramente Rato también vuelva a plantear la necesidad de avanzar con algunas de las “condicionalidades” que promueve el organismo. Entre ellas se destacan, por un lado, el aumento de tarifas de los servicios públicos privatizados. Por el otro, una mejora en la oferta para los acreedores privados, sobre todo cuando ya es evidente que las cuentas públicas mostrarán a fin de año un superávit que excederá en unos 8000 millones de pesos la meta pautada con el Fondo.
Dawson formuló declaraciones sobre Argentina en la habitual conferencia de prensa que ofrece jueves por medio en Washington. El director gerente del FMI desembarcará en Buenos Aires luego de visitar Montevideo, y antes de su llegada a Santiago de Chile para participar de una reunión de Ministros de Finanzas de la Cooperación Económica Asia Pacífico.
Como forma de preparar el terreno, el portavoz del Fondo se preocupó en aclarar que el diálogo con el Gobierno es “cordial”, más allá de las diferencias que obligaron a ambas partes a llevar el acuerdo a una zona de indefinición, en medio de la puja por la reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados. De hecho, más de un funcionario acusó al Fondo, en distintos ámbitos, de entrometerse en la negociación como lobbista calificado de los bonistas.
Al respecto, Kirchner ratificó ayer que no habrá ninguna oferta adicional de pago. Dijo que su gobierno quiere “decirle al mundo” que la Argentina “es un país de buena fe, que quiere cumplir con sus compromisos”; pero que “piensa y debe pensar primero en los hombres que sufren en esta tierra”, advirtió. Por si no quedara claro el orden de prioridades, el Presidente agregó que “primero hay que sacar al país adelante para después poder cumplir hacia afuera”.
A escasos días de la visita de Rato, los dichos de Kirchner son una señal inequívoca a los gobiernos del Grupo de los 7, quienes presionan en el Directorio del Fondo para que Argentina negocie “de buena fe” con los acreedores privados, un eufemismo para reclamar mayores pagos para los bonistas extranjeros.
En esa misma línea se había pronunciado el miércoles Roberto Lavagna, cuando anticipó que en los próximos días el Gobierno comunicará cómo se distribuirá el superávit fiscal excedente. Entonces dejó en claro que no se destinará a mejorar la propuesta de pago a los acreedores, desmintiendo las versiones que así lo indicaban, y que en cambio financiarán proyectos de “producción, educación, ciencia y tecnología”.
Dawson reconoció ayer que la reprogramación de vencimientos con el FMI hasta fin de año “ciertamente será discutida” en la cumbre entre Rato y Kirchner. Hasta diciembre vencen unos 2500 millones de dólares, de los cuales el Gobierno aspira a refinanciar 1000 millones y pagar con reservas puntualmente el resto, aunque no habrá garantías de que el Fondo los vaya a reembolsar en el futuro dado que eso dependerá de la negociación que se abra en enero. Sobre aquel pedido formal de la administración Kirchner, Dawson se negó siquiera a dar indicios acerca de la respuesta del organismo. “No hay nada decidido sobre ese punto”, aseguró.
Según evalúan diversos analistas, el Fondo no objetaría tal refinanciación siempre y cuando el Gobierno asumiera algún tipo de compromiso sobre las “condicionalidades” pendientes. Así, Lavagna se encontraría con un dilema similar al que enfrentaba antes de que, frente a la negativa del Fondo de aprobar la tercera revisión del acuerdo, se decidiera la estrategia de seguir pagando para no romper con el organismo.