Aunque en la Argentina se paguen hoy salarios chinos, este país no puede ser China por su dotación de factores, entre otros detalles. Sus principales productos de exportación utilizan poca mano de obra. Los muy bajos salarios que prevalecen no son –salvo casos específicos– una necesidad competitiva sino una consecuencia de la alta tasa de desempleo, paliada por el Estado mediante ínfimos subsidios sociales de 150 pesos mensuales por familia. Como resultado, incluso con un gobierno visto por muchos como de centroizquierda, la distribución del ingreso continúa siendo extremadamente desigual. La inequidad se acentúa incluso.
El Estado no parece contar con instrumentos para atenuarla, e intenta conseguir por vía de la concertación social una elevación de remuneraciones que no surge del mercado, salvo en segmentos de trabajo calificado por la creciente escasez de mano de obra apta. De todas formas, la enorme magnitud del trabajo no registrado siembra dudas sobre el derrame de cualquier aumento que concedan las empresas a los asalariados que sí tienen en blanco.
En este escenario, la demanda de consumo encuentra difícil seguir recuperándose, mientras una política fiscal contractiva, que ha conducido a un enorme superávit primario consolidado (8,5 por ciento del Producto Interno Bruto en el primer semestre), frenó el crecimiento de la economía en los últimos meses. Paralelamente, pese a los amplios márgenes de rentabilidad empresaria en varios sectores (las empresas extranjeras remesaron al exterior utilidades por casi 600 millones de dólares en el segundo trimestre), las consultoras dan cuenta en general de un mal clima de negocios, que retrae la inversión.
Lo atribuyen, con su visión conservadora, a las actitudes del Gobierno, y por ello predicen que una eventual salida del default no mejoraría demasiado el panorama. En el fondo, el poder político no es arma suficiente para redistribuir progresivamente el ingreso si las condiciones de la economía operan en otro sentido. Sin embargo, quedan por explorar algunos caminos, como el de una drástica reducción de la evasión impositiva para recortar la generación de capital negro y, de ese modo, conducir a un blanqueo de trabajadores.
En la medida en que no se avance sobre la economía no registrada y no se recicle financieramente el abultado ahorro del sector público, será difícil que cambien las condiciones en el mercado de trabajo.