El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, volvió a cargar con dureza contra las empresas de servicios públicos que se oponen al nuevo marco regulatorio propuesto por el Gobierno, al considerar que esa normativa va a hacer más transparente la actividad del sector de las privatizadas. “Es mentira que se quita seguridad jurídica, como afirman. Se quita la posibilidad de que haya casos de corrupción”, enfatizó De Vido al cierre del Cuarto Encuentro Federal de la Región Cuyo organizado por el Grupo Industriales.
En otro aspecto, De Vido consideró que el incremento de tarifas eléctricas por motivos estacionales no va a afectar “en nada” a los usuarios residenciales, ya que indicó que sólo operará en el sector industrial y de altos consumos. El funcionario consideró además que el próximo año no va a haber sobresaltos en materia de provisión de energía, debido a la asistencia de Bolivia con el gas y de Venezuela con fuel-oil. Por otro lado, defendió el plan de obras públicas trianual que puso en marcha el Gobierno y señaló que “sería un gran fracaso si tuviéramos que importar materiales” para llevar a cabo los trabajos.
Por la mañana, Julio De Vido había participado del acto de presentación de la empresa argentina de Soluciones Satelitales, AR-Sat, donde remarcó la relevancia del proyecto como una “herramienta de integración regional”, ya que también se abrió la posibilidad de incluir en el proyecto a inversores venezolanos y bolivianos.
De Vido subrayó en la presentación que el Estado Nacional retiene en esta compañía pública la denominada acción de oro, cuyo porcentaje quedará definido en la redacción del Estatuto de la empresa, pero que tiene el peso de ser la herramienta que use el Estado para interferir en las decisiones empresariales, si afectan áreas como la seguridad del país. Además, el ministro remarcó que la constitución de esta figura jurídica (AR-Sat) le permitirá a la Argentina “garantizar la utilización de la posición orbital 81 grados Oeste, que es estratégica porque permite cubrir todo el continente americano” y cuya reserva a manos de la Argentina vence en octubre del 2005.
La posición orbital 81 grados Oeste estaba adjudicada a la empresa NahuelSat, hasta que el Gobierno revocó la semana pasada la resolución correspondiente firmada en la gestión de Germán Kammerath en la Secretaría de Comunicaciones. “La relación con NahuelSat sigue intacta, la resolución no afecta a la empresa”, aseguró Guillermo Moreno, secretario de Comunicaciones, para quien “si Nahuelsat sigue interesado, que participe de la licitación de acciones de AR-Sat”.
El Gobierno convocará a la participación de capitales privados mediante un mecanismo de licitación en un término de 60 a 90 días. Esos capitales serán destinados al desarrollo del proyecto, la fabricación de dos satélites, su puesta en órbita y la operación de la empresa.
Además de las empresas que ya adelantaron la compra de capacidad (como Techtel), otras como el Grupo Clarín y Aeropuertos Argentina 2000 aseguraron que también participarán del proyecto como inversores.