Las habitaciones en las que se alojó la Infanta de Castilla cuando vino a Buenos Aires en 1910 para la conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo son las que hoy alojan a la División Fiscalización B de la Dirección Regional de Devolución (de impuestos) a Exportadores. El dormitorio de la ilustre visitante sirve hoy como salón de inspectores. El despacho donde Página/12 dialogó con Diana López Monti, jefa de la mencionada División, albergó a damas de compañía de la Infanta. En 1917 viviría y moriría en esos aposentos Abel Botelho, escritor y diplomático portugués. Quizás estos antecedentes lleven a pensar que López Monti y sus funcionarios, que se ocupan de detectar distorsiones en los precios de las transacciones internacionales entre empresas vinculadas, evitando millonarias pérdidas de recaudación, cuentan con oficinas suntuosas. En realidad, si la DGI lleva instalada más de medio siglo en este palacio, que perteneció al Hotel Majestic, no parece haberlo pintado nunca ni mantenido de alguna forma.
Subir por las escaleras de mármol, flanqueadas por balaustradas y columnas de estuco, permite contemplar enormes vitrales, cuyas representaciones son indescifrables bajo la suciedad que las cubre. Una mínima fracción de la evasión o elusión impositiva que evitan cada año los profesionales obligados a trabajar con penoso moblario en esta esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero hubiese bastado para mantener el esplendor del edificio. Cerca de su portal una cartelera instalada por el Gobierno de la Ciudad informa que fue construido a partir de 1905, y comenta que “su arquitectura combina tintes modernistas con elementos de la tradición francesa, dentro de un indefinible estilo de ascendencia italiana”.
Ha sido una hazaña poder leer este texto por la mugre que tapa el cartel y que ningún empleado municipal, directo ni tercerizado, jamás ha limpiado. Se supone que estas carteleras fueron colocadas para información de los porteños y de los turistas. Pero entre el recorrido por el inmueble, cuya quinta planta cobija al museo de la AFIP, y el esfuerzo por descifrar la cartelera el cronista obtiene una idea aproximada de cómo funciona el Estado en la Argentina. Se supone que si Impositiva está para recaudar, y que hay mayor propensión a contribuir donde se nota que los impuestos vuelven, el estado de las sedes de la DGI es una señal importante. En este caso, una señal en contra.
Pero yendo al grano, el ente tributario nacional recién comenzó a analizar los precios de transferencia (PT) en 1998, a partir de las operaciones realizadas el último día de aquel año. En esta cuestión, la Argentina llevaba, respecto de los países centrales, un módico atraso: 60 años. Los PT son los consignados en operaciones internacionales entre empresas vinculadas, generalmente por pertenecer a un mismo conglomerado económico, como una multinacional. Un hecho notable, según destaca López Monti, es que en todas las ocasiones en que la AFIP inspeccionó a una firma para analizar si sus PT eran inferiores a los que hubiese aplicado en operaciones con compañías no vinculadas, se halló que debía realizarse un ajuste, a veces muy significativo, y en la generalidad de los casos el contribuyente aceptó la determinación de Impositiva.
Esto no quiere decir que las empresas se manifiesten deseosas de colaborar con los recaudadores. Lo normal es que las filiales de transnacionales se abstengan de aportar el soporte documental necesario para justificar la erosión que provocan en la base imponible. Un caso paradigmático se presenta con los gastos en investigación y desarrollo que realiza la matriz del conglomerado u otras filiales fuera de la Argentina. Parte de esos gastos serán adjudicados como un costo que deberá compartir la sucursal argentina, lo que reducirá sus ganancias y el 35 por ciento de impuesto que debe pagar por ellas. De modo que cada dólar en exceso que se consigne aquí como costo le hará perder 35 céntimos de recaudación a la AFIP. Se supone que la documentación que justifica el reparto de costos efectuado entre las filiales obra en poder de la matriz, pero ésta no la facilita.
Antes la DGI aceptaba sin rezongar lo que hubiese determinado la multinacional. Ahora, en cambio, se le reclama a cada sucursal que obtenga de su vinculada una auditoría de esos gastos realizada por un estudio independiente de plaza, para establecer cuál es el fundamento para trasladarlos a su filial argentina. Esto es algo que ocurre con las grandes compañías petroleras y gasíferas que tienen relaciones con países limítrofes. El soporte documental está en Brasil o en Chile, y desde aquí es imposible siquiera saber si los gastos que están deduciendo localmente ya los dedujeron en otra parte. Cuando se tiende un gasoducto, por ejemplo, la local hace figurar costos millonarios de la ingeniería de proyecto y otros intangibles, siendo en esos casos muy complejo establecer su genuino valor de mercado. Los mayores éxitos los consiguió Impositiva –según López Monti– con los ajustes en las amortizaciones de bienes de uso.
Una batalla especialmente encarnizada fue la que se libró con los exportadores primarios, especialmente las cerealeras, que contabilizaban sus exportaciones al precio concertado en cada operación a futuro. Cuando llegaba el momento de embarcar la carga, el precio vigente era marcadamente superior y el fisco resignaba recursos en igual proporción. Al descorrerse el velo, se vio que en esas transacciones aparecía siempre un intermediario o broker, por lo común situado en Uruguay, que luego le revendía la mercancía a otra empresa, asentada en el verdadero país de destino y vinculada a la que exportaba desde la Argentina. El presunto revendedor era una figura virtual, creada para efectuar una triangulación. A lo sumo podía contar con una oficina y una notebook, cuanto más portátil mejor.
Ahora, para ser considerado un verdadero intermediario, éste debe estar asentado en un país que no sea paraíso (hay 88 en el mundo), estar inscripto, emitir balances, poseer activos que guarden relación con su operatoria, demostrar que la mayoría de sus ingresos no provienen de rentas pasivas (como el alquiler de inmuebles) y que sus operaciones con la Argentina no superan el 30 por ciento del total de su giro. Pero lo esencial es que para desbaratar esas maniobras se resolvió tomar como precio de la exportación el vigente al momento del embarque (ley 25784, de octubre de 2003), disposición que provocó enorme revuelo. En realidad, los precios de transferencia suelen esconder subfacturaciones de las ventas externas, y puede haber también maniobras con los precios de importación.
Pese a su enorme importancia fiscal, sobre todo en un país que extranjerizó y abrió su economía, la investigación de los PT da recién sus primeros pasos. Serán uno de los temas de las Terceras Jornadas Internacionales sobre Administración Tributaria que organiza la Asociación de Empleados de la DGI y coordina Marisa Matta. La cuestión se amplió considerablemente al extenderse el concepto de vinculación. Esta, para la nueva normativa argentina, no sólo existe cuando diferentes empresas pertenecen a un mismo dueño o conjunto económico. También un distribuidor exclusivo, o un proveedor que fabrica mayoritariamente para un solo comprador, tiene vinculación, por el hecho de carecer de independencia. Se trata de una vinculación funcional. Se supone que en esos casos también puede haber distorsiones buscadas en los precios de las transacciones que sostienen entre ellas.
El inspector de Impositiva debe demostrar la vinculación. En ese caso, la empresa estará obligada a presentar estudios de PT. La realidad es que hasta ahora nunca un contribuyente, al adjuntar su análisis de PT, procede a un ajuste. Lo que siempre hace es alegar que no corresponde ninguno. Es decir, que operaron con las vinculadas como si fuesen independientes entre sí. En sectores como miel, autopartes, laboratorios y otras industrias la AFIP determinó importantes ajustes. Ahora tiene bajo su lupa al sector pesquero, con las vinculadas del exterior. En el transporte internacional en barcazas por el Paraná se descubrieron diferencias abismales en los fletes, la DGI ajustó y las empresas conformaron. Un detalle previsible: hasta hoy todas las distorsiones detectadas en los precios fueron por defecto, nunca por exceso.