El Gobierno trabaja en una rebaja del IVA que no se limitaría sólo a los productos de la canasta básica, sino que podría ser generalizada, aunque transitoria hasta fin de año. Limitar la vigencia de la medida servirá para testear si efectivamente tiene impacto sobre los precios. Desde el Poder Ejecutivo se intenta evitar que los menores impuestos recaudados terminen en una simple transferencia a las ganancias de las empresas. Para los especialistas se trata de una buena noticia, aunque dudan sobre el efecto que tendrá para los consumidores.
El dato básico, liberado de interpretaciones, es que las cuentas fiscales registran un superávit primario sin precedentes y superior al exigido por el FMI. Quienes hoy dirigen el Ministerio de Economía siempre creyeron que los grandes superávit afectaban el crecimiento. Los números de los últimos meses mostraron que algo de ello existe. Por eso, antes que gastar el superávit conseguido, el Gobierno evalúa reducir en adelante la succión de recursos privados. La vía principal será la rebaja del IVA, una medida que, sostienen, tiene carácter progresivo. De allí la elección de un tributo pagado por todos los consumidores y no, por ejemplo, de las retenciones a las exportaciones.
La propuesta catalizó en las discusiones abiertas en el Consejo del Salario, donde se trató la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores también a través de medidas “extrasalariales”. Entre ellas, la rebaja del IVA que, con una alícuota general del 21 por ciento, constituye el dato central de la regresividad del sistema fiscal.
En el debate, el primer paso sugerido fue la recuperación de la vieja propuesta de bajar el tributo a los productos de la canasta básica, una idea que no es muy bien recibida entre los tributaristas. Las razones son dos. La menos importante se relaciona con la prolijidad. Las medidas de carácter específico, sostienen, con alícuotas diferenciales para distintos productos, atentan contra la simplicidad fiscal. La segunda objeción, más de fondo, es la pregunta por la efectividad de la medida. Existen antecedentes de bajas de IVA a determinados productos en las que el beneficio nunca llegó a los precios efectivamente pagados por los consumidores. Incluso actualmente existen dos productos básicos que pagan menos IVA, el pan y la leche, sin que el efecto del beneficio sobre los precios resulte claro.
En la AFIP consideran que una baja en los precios a los productos básicos, como contrapartida de menos IVA, podría conseguirse a través de acuerdos con las cámaras que agrupan a los supermercados. En una estructura de mercado poco competitiva, la aquiescencia de los formadores de precios resulta clave, más si la experiencia histórica muestra que las variaciones de los impuestos sólo se trasladan a precios cuando son ascendentes.
La propuesta de bajar el IVA a la canasta básica provino también del sector empresario, incluida la industria alimenticia agrupada en Copal, la cámara de origen del actual titular de la UIA, Alberto Alvarez Gaiani. Los supermercadistas, por su parte, consideran que la rebaja resultaría útil en la competencia contra el comercio informal.
Los supermercados, tanto los más grandes como los autoservicios de barrio, representan entre el 55 y el 60 por ciento de las ventas de productos básicos. El resto de la comercialización se realiza en almacenes. Para el economista Roberto Dvoskin el primer grupo en general no evade el IVA y es allí donde una baja podría ser, para el fisco, pérdida pura si no se traduce en descuentos. El problema del control, sostuvo, es que estos sectores ya están realizando importantes descuentos, precisamente para competir con el segundo grupo, los almacenes, que en una proporción importante forman parte de la economía informal. En otras palabras, el efecto de la baja del IVA podría ser absorbido por descuentos que ya existen. Pero las dificultades de fiscalización provocados por bajas diferenciales desaparecerían si, finalmente, el Gobierno opta por una rebaja generalizada. El primer argumento a favor, desde la perspectiva estrictamente fiscal, es que por tratarse actualmente de un tributo tan alto, el “premio al no pago” es tentador. El blanqueo asociado a una rebaja compensaría parcialmente el costo fiscal. Sin embargo, esto resulta difícil de evaluar en el caso de los comercios de menor tamaño, en los que el blanqueo compromete su existencia.
Para el director del Iefe, Jorge Carrera, la rebaja de un impuesto regresivo como el IVA siempre es bienvenida. Su única duda es si, en materia de redistribución, no resulta más eficiente una política focalizada, como planes de empleo directo o aumentos en la retribución al Plan Jefas. En cualquier caso, concluyó, siempre es mejor que dejar fondos inmovilizados.