El Poder Judicial confirmó la decisión gubernamental de rescindir el contrato de concesión de la línea San Martín a la empresa Metropolitano. Así lo dispuso el juez federal en lo contencioso administrativo de la Capital Federal, Sergio Fernández, quien revocó la resolución de su par Ernesto Marinelli, adoptada durante la feria judicial de julio. Pero al menos por ahora, Metropolitano continuará operando el ramal gracias a la vigencia de una medida cautelar que también fue apelada.
En un fallo que había sido considerado “poco serio” por el Gobierno, el juez Marinelli había dispuesto la suspensión del decreto 798/04 y de la resolución 408/04 de la Secretaría de Transporte que quitaban la concesión del San Martín a Metropolitano, que todavía administra las líneas Roca y Belgrano Sur. Las suspensiones fueron inmediatamente apeladas por la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
En los fundamentos del fallo conocido ayer, cuyo resultado es retroactivo al 6 de septiembre, Fernández manifestó que “procede respetar las opciones valorativas y el margen de discrecionalidad indispensable de la autoridad regulatoria, cuando actúa validamente dentro de la esfera de sus potestades constitucionales”. Para el juez, este accionar “busca garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de pasajeros, en las condiciones más beneficiosas para los usuarios”.
La rescisión de la concesión respondió, según el decreto 798, a “graves y reiterados incumplimientos en la prestación del servicio, puntualidad, confort, oferta de servicios y mantenimiento del material rodante y tractivo”. Para la Secretaría de Transporte, esta situación afectó “severamente la ejecución del servicio en condiciones adecuadas a las necesidades actuales de los usuarios, como así también a las condiciones de seguridad, tanto para los pasajeros como para terceros”.
Según el decreto, al momento de decidirse la caída de la concesión se encontraban en servicio solamente el 2 de cada 10 locomotoras entregadas en concesión. La empresa Metropolitano había rechazado los argumentos del Gobierno, pero no por considerarlos falaces, sino porque los atribuyeron las falencias en la prestación del servicio a los incumplimientos del Estado en el pago de los millonarios subsidios. Sobre esta base, la jueza Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar a una medida cautelar presentada por Metropolitano que permitió a la firma seguir explotando el servicio hasta tanto la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal resuelva la apelación presentada por el Gobierno.