Luego que Uruguay defina su suerte electoral, el 31 de octubre, Argentina podría intentar resolver algunos de los conflictos latentes que amenazan enturbiar la relación binacional. Entre ellos, el destino de una veintena de estaciones de servicios contratistas de Sol Petróleo, propiedad de la estatal uruguaya Ancap. La petrolera está a punto de concretar ejecuciones para cobrar sus acreencias contra los expendedores por la provisión de combustible y otros aspectos de sus contratos caídos. En apariencia, podría considerarse un pleito privado menor. Sin embargo, el tema amenaza ventilar otros aspectos controvertidos del desembarco de aquella firma energética en territorio argentino, que en la otra orilla del Río de la Plata analizó una comisión parlamentaria investigadora.
Semanas atrás, el canciller Rafael Bielsa envió una nota al titular de Ancap pidiéndole reiniciar el trato con los estacioneros en problemas, quienes reconocen sus deudas a favor de la firma, pero no pueden eludir la vía judicial para rediscutirla. Su intención, según aseguran estos empresarios, es que se reabran las negociaciones para poder formular una propuesta de pago y recuperar el “contrato de adhesión” que los integraba a la red. Pero la gestión del ministro local no fue demasiado fructífera hasta el momento, al punto que su misiva no tuvo respuesta y, según interpretan en el Palacio San Martín, tampoco la tendrá.
El tema, sin embargo, estuvo presente en una de las periódicas reuniones entre funcionarios de ambos países. En una de ellas, el titular de la Ancap, Juan Luis Aguirre Cat, minimizó la cuestión y sugirió que formaba parte de la agenda que ya estaba conversando con el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, con quien también habría intercambiado opiniones acerca de otro pleito vidrioso: una licitación convocada por la empresa energética uruguaya, que habría ganado el astillero local Tandanor, sorpresivamente desplazado por otra firma después del concurso. Liderados por el dirigente de la Federación de Expendedores de Combustibles Miguel Cordero, el puñado de dueños de estaciones de servicio en conflicto decidieron defender sus propiedades de las ejecuciones judiciales por deudas que redondean los 200 mil pesos en cada caso buscando los buenos oficios del poder político. Así empezó el periplo por Cancillería, Presidencia, la Secretaría de Energía y la AFIP. El primer argumento persuasivo utilizado por los deudores es que ellos tienen vocación de pago y sólo necesitan un financiamiento acorde a sus posibilidades. Pero, de inmediato, ceden a la tentación de descalificar a su acreedor apuntando a su dudoso desempeño fiscal y comercial.
Según denunciaron ante este diario los empresarios Cordero, Serafín Bascioni y Gregorio Kozba, Ancap –como accionista principal de la petroquímica Carboclor y de la red de estaciones de Sol Petróleo a través de su división Petrolera del Cono Sur– habría cometido una serie de transgresiones con distinto nivel de gravedad, que van desde la irregularidad comercial de proveer combustible más caro a las estaciones de su propia red que a las blancas (sin marca), hasta el delito de surtir nafta “no apta para su comercialización”, en algunos casos por el agregado de kerosene o gasoil, según detalla un informe de Energía sobre inspecciones a la red.
Las violaciones a la ley también incluyen la venta de bocas de expendio que no tienen la habilitación correspondiente, por el que Ancap enfrenta ahora demandas millonarias por daños y perjuicios. O el uso de facturas apócrifas para sobredimensionar costos y pagar menos Ganancias.
Por el empleo de facturas falsas, la empresa tiene en su contra una denuncia penal de la que dan detallada cuenta los legisladores del Frente Amplio Eleuterio Fernández Huidobro y Enrique Rubio en su libro Desastre Nacional, los negocios de Ancap en la Argentina. Los parlamentarios nutrieron de datos a una comisión investigadora creada en el Senado de Uruguay para analizar esa inversión. Allí, hicieron el planteo central deque se trató de un negocio ruinoso, ya que se compró una empresa “en franco proceso de vaciamiento”, con millonarias deudas a favor de la DGI argentina y otras obligaciones que recayeron sobre la estatal uruguaya, como “un pago por suministro a Repsol YPF por 35 millones de dólares”. Toda la génesis de este negocio es al menos opaca, empezando por el origen de la sociedad que vendió Ancap: la local Austrofueguina S.A. asociada a una ignota Phoebus Energy Ltd, con sede en Bermudas.