A media tarde, cuando en Economía definían los últimos detalles de la propuesta de reestructuración de la deuda, una noticia cortó el clima vertiginoso que se vivía en el décimo piso del Palacio de Hacienda: un acreedor alemán interpuso un pedido judicial para entorpecer el canje. Lo hizo ante los tribunales de Nueva York, en el despacho de un juez ya conocido por el gobierno argentino, Thomas Griesa. Por eso mismo el apuro por terminar la presentación dio paso a un estado de preocupación entre los funcionarios. Este es el primer reclamo para frenar el proceso de reestructuración. Igualmente, Roberto Lavagna enviará pasado mañana los detalles de la oferta a la Comisión de Valores estadounidense (SEC).
Si bien en el Palacio de Hacienda esperan que haya varias presentaciones para intentar parar la operatoria, los funcionarios aguardaban que ello ocurriese más adelante. Se imaginaban que ocurriría en medio de la gira que encabezará Guillermo Nielsen por varias ciudades del mundo, una vez que la SEC aprobara la propuesta. Por eso desconcertó ese reclamo prematuro.
Superada la sorpresa, la primera interpretación que hicieron en Economía fue que la petición de la compañía de inversiones alemana HW Urban GMBH sólo involucraría a algunos bonos. Los alemanes tienen en su poder 65 series de títulos argentinos, de los 152 que integran la reestructuración, pero apenas un par se vería en problemas en caso de que prosperase el pedido.
No es la primera vez que los responsables de la HW Urban GMBH van en contra de la Argentina. Ya hicieron otros tres reclamos judiciales para que se les otorgue la denominada “acción de clase”. Una cualidad que les otorga derechos a todos los acreedores aun cuando éstos no se hayan presentado ante el Poder Judicial y que tomó notoriedad en Estados Unidos con las demandas de los fumadores a las tabacaleras. El pedido de los alemanes incluyó a los bonos Global 2009 y Global 2017. Este último fue uno de los de mayor volumen cuando surgió en el megacanje. Como la última vez que los alemanes lo pidieron el juez Griesa les dio luz verde, existe la posibilidad de que no sólo cobren ellos, sino también todos los inversores que tengan en su poder aquellos dos bonos. Sólo falta que el propio Griesa dé la autorización final, explicitando los detalles del mecanismo que debe aplicarse para ordenar el cobro de los títulos.
El argumento de la empresa alemana se basa en que el gobierno argentino no intentó negociar de buena fe para modificar las promesas de pago. En lugar de decir “buena fe”, copiando al FMI, los abogados del buffet Schalov, Stone & Bonner escribieron “armslength negociations” (negociaciones de longitud de brazos), dando a entender que reclaman un trato cercano con Economía. En ese sentido, añadieron que la Justicia estadounidense no puede habilitar la propuesta si no existen negociaciones previas. El caso de “HW Urban GMBH versus la República Argentina” se identifica con el 02CIV.5699 (tpg).
La causa de los inversores alemanes se suma a otras que han presentado varios fondos buitre. El más renombrado fue el que lidera Kenneth Dart. Pero si bien éstos tenían en común el reclamo de cobro del ciento por ciento de las acreencias, ninguna había intentado entorpecer la operación de canje.
El caso presentado ayer en Nueva York se parece más a lo ocurrido con la reestructuración de la deuda mendocina. Hubo varios fondos de inversión, entre ellos el liderado por Hans Humes, socio del italiano Nicola Stock, que frenaron la operación. Después de tres demoras, el gobierno de Mendoza logró destrabar la reformulación del Bono Aconcagua, por 250 millones de dólares, y finalizó el canje con éxito.
En Economía respiraron aliviados con esa resolución porque pensaron que se constituía en una señal a los acreedores de la Nación. Pero la dura posición de los alemanes adelanta que el camino hacia la salida del default no estará exento de inconvenientes.
De todas formas, algunos abogados especializados en cuestiones financieras se muestran optimistas. Página/12 dialogó con un par de ellos. La conclusión fue que a los jueces estadounidenses les será muy complicado resolver en contra de la Argentina porque, en realidad, el canje de la deuda no es obligatorio, salvo en caso de que se cambien las condiciones originales. En algunos de ellos se puede hacer con el voto a favor de la mayoría. Es por ese motivo que varios “fondos buitre” adquirieron en el mercado la mayor parte de la emisión de algunos títulos. Así, obligarían al Estado argentino a pagarles el ciento por ciento de la acreencia, sin ninguna quita.
Por de pronto en el equipo de abogados argentinos están pensando en llevarle a Griesa el fallo de la Corte a favor de la pesificación. Allí se menciona que en caso de una grave crisis pueden tomarse medidas de emergencia.
Como puede apreciarse, la batalla legal recién empieza.