El Gobierno no deberá guardar demasiadas expectativas de alcanzar un acuerdo con el FMI, mientras siga sin reestructurar la deuda. Los funcionarios del Ministerio de Economía que se ilusionaban con esa posibilidad sufrieron ayer un fuerte revés. Jack Boorman, asesor del directorio del organismo, advirtió que “no parece viable que el Fondo” suscriba un nuevo programa con la Argentina si el país no llega primero a un arreglo “sustentable a mediano plazo” con sus acreedores. El problema es que el Gobierno se vio obligado a postergar hasta mediados de enero el inicio del canje de bonos y el proceso de salida del default se extenderá hasta fines de febrero. Recién entonces podría aspirar a firmar un convenio con el Fondo.
“Si el acuerdo (con los tenedores de deuda) no se alcanza dentro de lo que sugiere un plan sustentable de mediano plazo y la posición no parece viable, el Fondo no puede continuar prestando” a la Argentina, sentenció Boorman en una conferencia en Londres. Su discurso apareció publicado ayer en la página web del Fondo, por lo que se convirtió en la primera expresión del organismo después de que Roberto Lavagna anunció la reprogramación del canje. Hay dos atenuantes que fueron mencionados desde Hacienda: la disertación fue el 17 pasado –dos días antes de que el ministro cambiara las fechas de la reestructuración– y Boorman sólo es un “asesor” de Rodrigo Rato y no una autoridad del organismo. Sin embargo, el mismo colaborador de Lavagna admitió que la señal de Washington no es nada alentadora.
El problema para el Gobierno de tener que esperar hasta marzo para arreglar con el Fondo son los fuertes vencimientos con los organismos internacionales del primer trimestre de 2005. En total, entre capital e intereses, son 1851 millones de dólares. Y si la negociación con Rato y Anne Krueger se extendiera hasta abril, los compromisos se llevarían 2231 millones. Néstor Kirchner estará frente al dilema de pagar sin tener ninguna certeza de que esa fuerte suma de dinero será reintegrada, o extender el default a los organismos.
“Debemos ser cuidadosos sobre cómo se interpreta la experiencia argentina después de que haya llegado a un acuerdo con sus acreedores privados, cuando quiera que eso ocurra”, recomendó Boorman. El punto central de su exposición fue que el Gobierno debe llegar a una solución “sustentable” en el mediano plazo. “Para juzgar estos asuntos el Fondo deberá hacer un estudio sobre las perspectivas de mediano plazo”, añadió. En esos términos, resulta imposible que el organismo acceda a firmar un nuevo acuerdo antes de que se compruebe la aceptación de la oferta de reestructuración que hizo el Gobierno.
Mucho se discutió los últimos meses sobre qué porcentaje de acreedores deberían aceptar la propuesta para considerar que el país salió del default. El FMI sostiene que debe ser el 80, mientras que el equipo económico asegura que con el 70, el canje deberá ser considerado un éxito.
Una de las opiniones de Boorman en el Instituto Internacional de Finanzas de Londres, que se aleja de la posición oficial del organismo, es que el Fondo debería intervenir activamente en la negociación entre el gobierno argentino y sus acreedores. “La intervención del Fondo hace que el proceso funcione en ausencia de una corte internacional de quiebras. No debe considerarse como una interferencia injustificada”, aseguró. De lo contrario, dijo, “tal vez debería repensarse su estatus de acreedor privilegiado”, posición que las autoridades del organismo rechazan.