Los evasores más acaudalados de la provincia de Buenos Aires que planeen viajar fuera del país estarán expuestos a recibir una intimación de Rentas para que honren su deuda y se transformarán de inmediato en sujetos prioritarios de los juicios de cobro que prevé iniciar esa dependencia. Para encarar esta medida de “localización complementaria”, dos inspectores viajaron a instalarse en alguno de los pasos terrestres a Uruguay, en tanto que la Dirección Nacional de Migraciones recibirá en las próximas horas un pedido de la administración de Felipe Solá para que informe sobre los morosos que viajen al exterior. Quizás antes de esto, estos deudores ya hayan recibido la correspondiente intimación mediante un mensaje pregrabado en su celular, cuyo número las compañías estarían forzadas a revelar. “Si no lo hacen, quedarían absolutamente fuera de la ley y nosotros iremos contra la empresa y su directorio con multas, órdenes sumarias y, eventualmente, iniciando una acción penal”, advirtió ayer en diálogo con Página/12 el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, autor de esta cruzada recaudadora.
Uno de los principales desafíos de la provincia es vulnerar la ingeniería elusiva a la que apelan algunos evasores que, por no tener un domicilio preciso, terminan rechazando las sucesivas intimaciones de Rentas, ávida por cobrar alrededor de 2000 millones de pesos impagos por el Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Patentes adeudados por un núcleo de 35 mil deudores identificados como solventes.
Con la colaboración de Migraciones, de las empresas que trasladan pasajeros a Uruguay por el río, o con inspectores ubicados en los cruces terrestres, la provincia tendrá información acerca de los morosos que viajen afuera y así podrá actualizar los datos correspondientes a ellos, empezando por el domicilio. Aquella información también fundará el supuesto de que se trata de contribuyentes “con liquidez” y, por consiguiente, con capacidad de pago que serán seleccionados para iniciar las demandas judiciales aún pendientes.
La provincia sólo comenzó 4000 juicios sobre aquel universo de deudores ricos y la limitada capacidad operativa de los tribunales bonaerenses no permite encarar más de 1500 o 1800 por vez. Por esta razón, el dato de quién destina recursos para viajar afuera es tan relevante como el monto de la deuda reclamada para definir contra quiénes se embiste primero.
El otro recurso para amedrentar a contribuyentes cuya voluntad de pago se relaja ante las dificultades que tiene Rentas para ejecutar sus acreencias serán las advertencias telefónicas. “La Dirección de Rentas de la provincia de Buenos Aires le comunica que por clave impositiva usted registra deudas por impuestos provinciales. Evite acciones judiciales y acceda a los nuevos planes de pago. Llame al 0800-999736827”, es la leyenda que Montoya planea difundir a través de los celulares de los deudores esquivos.
Para ello, ya reclamó por nota los números de aquel núcleo de incumplidores a Movicom, CTI, Personal, Nextel y Unifón. Las empresas aún no dieron una respuesta formal, pero el vocero de una de ellas advirtió que, al no ser la telefonía móvil un servicio público, no estarían legalmente obligadas a responder al requerimiento. Sin embargo, un artículo del Código Fiscal provincial impone a todas las compañías que operen en el territorio bonaerense la obligación de dar la información en la oportunidad y el modo que Rentas la requiera, exigencia que invocarían los recaudadores para tener los datos buscados.
“No dar esa información sería un gravísimo error para la compañía y su directorio”, alerta el impetuoso funcionario provincial, quien amenaza con acudir hasta la Justicia penal para quebrar la resistencia de los responsables de las empresas celulares. Si éstas no atendieran su solicitud de inmediato, recibirán otra intimación en treinta días, habilitando un proceso en aquel fuero.
Esta embestida supone varios capítulos, incluyendo la inquietante iniciativa de embargar los valores dinerarios de las cajas de seguridad que, tal como trascendió, provocó la reacción adversa de algunos constitucionalistas, para quien esa intromisión en la propiedad privada significaría vulnerar derechos básicos. “Piensan con el bolsillo”, se queja Montoya. Lo cierto es que esta medida estará focalizada sólo en aquellos cuatro mil morosos contra los cuales la provincia ya haya iniciado acciones judiciales. Si por orden del magistrado que entiende en la causa se dispusiera finalmente el embargo, éste bloqueará el retiro de los billetes que hubiere en el cofre, pero dejará libre disponibilidad sobre el resto de los valores guardados en él, resultando menos revolucionaria de lo que pareció en un primer momento.