Tras una intrincada negociación, el Ministerio de Economía firmó el contrato con el Bank of New York, que se desempeñará como “agente de canje” de los bonos de la deuda en default por los nuevos títulos –con quita– ofertados por el Gobierno. Un mes atrás, la deserción del mismo banco –que solicitaba más tiempo para el lanzamiento de la operación, además de otras condiciones legales y monetarias de carácter secundario– provocó la reacción de Roberto Lavagna, quien asoció entonces el proceder de la entidad con una maniobra de los acreedores para presionar por mayores pagos. Esa situación llevó a la postergación del lanzamiento del canje, originalmente previsto para el 29 de noviembre. Aunque oficialmente se mantiene la nueva fecha del 17 de enero para la apertura de la operación, la contratación del BNY no implica que el inicio de la operación no pueda demorarse algunas semanas más.
“Finalmente, resueltas y clarificadas satisfactoriamente para la República Argentina cuestiones relativas a las condiciones y plazos de contratación, se ha firmado el contrato para cumplir con las funciones de Agente de Canje, Fiduciario y Agente de Pago de la operación con The Bank of New York”, dice el comunicado distribuido ayer, sobre el final de la tarde, por Economía.
El anuncio ratifica la participación de “Barclays Capital, Merrill Lynch, Pierce, Fenner/Smith y UBS Securities” en el rol de “agentes organizadores” de la reestructuración de la deuda, y revela que la compañía “Georgeson Shareholder Communications INC” actuará como “agente de información” de la operación.
Nada se aclara respecto de las condiciones de los contratos suscriptos por el Gobierno, que deberían hacerse públicos en los próximos días, para ser adjuntados a las presentaciones ante las agencias reguladores de los distintos mercados financieros donde se llevará a cabo el proceso: Estados Unidos, Frankfurt, Luxemburgo, Italia y Japón.
Para entender las negociaciones de las últimas semanas vale la pena hacer un poco de historia. El 19 de noviembre último, tras meses de contactos y reuniones de trabajo conjuntas con funcionarios argentinos, el BNY sorprendió al Gobierno cuando trasmitió que desistía de realizar una actividad meramente contable, casi burocrática, pero clave para el éxito de la reestructuración de la deuda, cual es recepcionar los títulos defolteados para asignar los nuevos en los mercados externos. En especial si se tiene en cuenta la complejidad del asunto: 100 mil millones de deuda a renegociar, denominada en 158 bonos en poder de un universo de acreedores que hasta hoy nadie pudo precisar.
Ese mismo día la Comisión de Valores italiana (Consob), que tiene la responsabilidad de autorizar el canje en esa plaza estratégica por la cantidad de acreedores, reclamó una aclaración en el prospecto oficial que, si bien era menor, demoraría aún más las cosas.
Juntando ambos hechos, Lavagna no dudó en ver una conspiración internacional, liderada por el grupo de acreedores más combativo, y hasta vinculó la actitud de los directivos del BNY con “una presión para que paguemos más”. Sorprendentemente, no se había llegado a firmar ningún contrato con la entidad, pese a que sus ejecutivos venían trabajando desde hace meses con los funcionarios de Economía. El cóctel derivó una etapa de divergencias y reproches entre Lavagna y el ala política del Gobierno que debilitó al ministro y que todavía no parece haberse cerrado.
En realidad, en aquel entonces el BNY solicitaba tres condiciones. La más importante era tiempo para el lanzamiento de la operación, lo cual fue interpretado por el ministro como una maniobra para volcar la propuesta en favor de los acreedores.
Otra condición se refería a mayores honorarios, a los que finalmente se habría accedido, pero que están lejos de ser una parte relevante de la operación. Por su tarea el BNY no percibe montos espectaculares, ni mucho menos: se habla de unos 5 millones de dólares. En cambio, de acuerdo al resultado de la operación, los que se llevarán la parte de león de las comisiones serán los bancos “organizadores”.
Por último, estaban las condiciones legales, expresadas en las llamadas “cláusulas de indemnidad” que solicitaba el banco. Estas establecen que, ante cualquier problema, los acreedores podrían litigar contra el gobierno argentino y no contra el intermediario financiero. Un estrecho colaborador de Lavagna contó a este diario que dichas cláusulas son suscriptas en cualquier operación de este tipo y que esta vez no habría sido la excepción.
Después de tantear sin éxito entre otros al JP Morgan, Lavagna prefirió olvidar la retórica y no arriesgarse. Hace rato que había quedado en evidencia que el BNY era, dado el tiempo en que viene trabajando en el caso, el banco mejor posicionado para llevar adelante la operación.