Lun 20.12.2004

ECONOMíA  › MONTOYA ENDURECE SU DISCURSO Y AMENAZA A LOS MOROSOS

“Le pediremos respaldo a la SIDE”

El secretario de Ingresos Públicos bonaerense generó conmociones al decir que intentará abrir cajas de seguridad o controlar los viajes al exterior de los morosos. Ahora anuncia que tiene apoyo de la SIDE para localizar a los que se oculten y que abrirá un registro de los que cumplen y los que no.

› Por Cledis Candelaresi

Santiago Montoya asegura que carece de ambiciones políticas y que es sólo el “mascarón de proa” que necesita toda campaña de recaudación masiva como la que encaró en Buenos Aires para recuperar algo de los 3000 millones de pesos con que los contribuyentes provinciales burlan anualmente al fisco. La rimbombante batería de medidas que anunció en los últimos días –incluida la amenaza de abrir las cajas de seguridad de los morosos que, según reconoció en esta entrevista, puede llevarle tres o cuatro años– sumará otra iniciativa: habilitará un registro para que los consumidores puedan saber cuál es el grado de cumplimiento de su comercio o proveedor. “(Felipe) Solá se la banca”, dice el economista otrora ligado a la Fundación Mediterránea, en alusión al sólido respaldo que le brinda el gobernador para embestir contra los grandes contribuyentes. Para el largo plazo, el secretario de Ingresos Públicos plantea cambiar los sistemas de valuación inmobiliaria, que define lisa y llanamente como “una farsa”.
–No pasa un día sin que anuncie algo espectacular...
–La lucha contra la evasión impone pensar siempre en cosas nuevas. Lamentablemente, los ilegales corren por carriles más rápidos que quienes los combatimos. Le doy un ejemplo. Hay una cadena gastronómica de la zona norte que no paga desde hace tres años, cuando debiera tributar, sólo por Ingresos Brutos, 10 mil pesos por mes. Se la intima y no paga. Se le fija un punto fijo para precisar cuánto tiene que pagar con precisión y tampoco paga. Esta etapa demora un año. Allí, el moroso puede ir al Tribunal Fiscal para hacer un reclamo, válido o no. Pero como la Justicia está desbordada, demora uno o dos años más para determinar, quizá, que fue sólo una maniobra dilatoria. Por eso buscamos atajos. Y por suerte la situación hoy es distinta a la de hace tres años.
–¿Por qué?
–Hace tres años sólo 1 de cada 3 ciudadanos estaba más o menos al día con sus impuestos. Hoy esa relación cambió a 2 cada 3. Cuando la fruta está madura, si no se saca a tiempo se pudre. Si pasan entre 2 y 4 años para que un juez admita que una empresa debe, ésta cambia de razón social. Hace dos años y medio la gente se ponía del lado del comerciante que evadía. Ahora nos pide que lo agarremos.
–¿La gente ya no defiende al comercio evasor?
–Creemos que hubo un cambio de actitud y lo queremos probar dándole la posibilidad a la gente de saber si el proveedor que le vendió algo cumplió con la obligación de presentar su declaración jurada. Y lo podrán saber consultando Internet con los datos de su factura. Sobre cien restaurantes ubicados en una arteria principal, 20 no pagan, 25 subdeclaran y el 55 por ciento evaden plenamente.
–¿Pero de qué sirve que el consumidor sepa que quien le vendió evade?
–Lo que percibimos es que el cumplimiento tributario se está instalando en el debate público. ¿Por qué no ofrecerle al contribuyente la posibilidad de discriminar entre comercios que cumplen y los que no? La evasión deja un agujero en los recursos de 3000 millones de pesos por año. Y eso impide que se apliquen rebajas a los que sí pagan.
–También está muy instalado el discurso de que no vale la pena pagar impuestos, porque se desvía buena parte hacia la corrupción.
–En ningún lugar del mundo se acepta ese argumento. La gente no quiere pagar impuestos por una cuestión natural: son coercitivos. Lo óptimo sería que fueran pocos, baratos y que se percibiera más de lo que se aporta. Pero eso sólo ocurre en aquellos países que tienen una buena política redistributiva. La discusión sobre cómo se administran los recursos sólo sirve como pretexto para explicar sin ruborizarse que se evade. La corrupción es dañina, pero no se puede esgrimir como argumento individual de no pago.
–Si todo depende de procedimientos y de una Justicia tan lenta, me parece que la estrategia de Rentas está muy basada en la persuasión.
–Yo no estoy construyendo una carrera política ni un show marquetinero. Los países que recaudan es porque mantienen su política tributaria más allá de las gestiones. ¿Por qué Chile tiene una evasión del 15 por ciento? Porque hace 30 años, 20 y hoy mismo, el comerciante corre al cliente para darle la factura si éste se la olvida por terror a que el controlador le descubra la falta.
–¿Entonces la clave para recaudar es el rigor en el castigo?
–No hay área donde el poder de policía estatal no requiera ser ejercido con firmeza. En Estados Unidos, los organismos antimonopólicos obligaron a desmembrar a empresas como la Boeing. Una encuesta de ese país acerca de las instituciones más temidas indica que la primera es Al Qaeda y la segunda el organismo recaudador de impuestos. Si a un contribuyente le vence el Impuesto a la Renta es capaz de hipotecar su casa para pagar.
–¿Quiere decir que en la Argentina la evasión es alta porque faltan herramientas para cobrar?
–En los últimos cincuenta años imprimimos plata con alta inflación. A partir de 1991 generamos un equilibrio fiscal, pero con venta de activos y desde el Tequila apelamos al endeudamiento. Siempre gastamos más. Pero por primera vez en el 2001, la Argentina se vio obligada a vivir de lo propio. Hasta entonces, la administración tributaria no era una prioridad del Estado y en sólo tres años no puede construirse un sistema serio. Además, en la Justicia existe una demora en parte fundada en una confusión acerca de los derechos del ciudadano y sus obligaciones para con el Estado. En los países campeones en el respeto a los derechos humanos se pagan los impuestos y la Justicia avala ese cumplimiento.
–¿Los jueces argentinos que desestiman esos reclamos del Estado lo hacen por desidia o por corrupción?
–No puede hablarse de corrupción sin pruebas concretas contra nadie. Creo que existe una confusión ideológica y falta de formación para dirimir conflictos fiscales entre Estado y contribuyentes. Y este problema se agrava con la tecnología. Si yo no puedo clausurar de inmediato un negocio que veo que no entrega boletas durante un año, ¿se imagina qué pasaría si el 40 por ciento del comercio se hiciera por vía electrónica...?
–¿La embestida contra viajeros al exterior o cajas de seguridad sólo es para amedrentar morosos?
–Que no podamos hacer cosas rápido no significa que no podamos hacer nada. Estamos abriendo juzgados contenciosos nuevos para ganar capacidad operativa. Los jueces no terminan resolviendo la cuestión de fondo de la causa, pero sí permiten cautelares rápidas y si el contribuyente sólo intentaba una maniobra dilatoria, puede arreglar. Abrir una caja de seguridad me puede llevar tres o cuatro años de juicio. Pero le aseguro que sí puedo hacer rápido el bloqueo. Desde el momento que se inicia el juicio se dispone una inhibición general de bienes.
–¿Y qué pasa con los morosos que ni siquiera pueden localizar?
–Hay un 15 por ciento de contribuyentes de 200 o 500 propiedades que declaran como domicilios bocacalles o villas miserias. Por eso le pediremos a la SIDE que nos ayude a localizarlos.
–¿No hay también problemas en el diseño del sistema impositivo?
–Un problema es la superposición de normas y parches. Pero más grave que eso es la regresividad del sistema. Y hablo de las dificultades que esto entraña para aplicarlo. Así como el IVA tiene una alícuota tan alta que llama a la evasión, también armamos una farsa a nivel provincial. La alícuota es creciente, según la valuación de la propiedad, lo que hace pensar en una fórmula progresiva. Mentira. Porque en todas las jurisdicciones hay un sistema valuatorio que plancha los precios y hace que los más próximos a valor de mercado sean los de las propiedades baratas. Una casa que vale 30 mil pesos de valuación fiscal, cuesta 40 mil en el mercado y paga un 2 por ciento. Una que el fisco valúa 100 mil, en realidad, cuesta 200 mil y paga el 3. El sistema es inviable. Cuando uno pretende aplicar un impuesto donde no hay capacidad contributiva ni principio de equidad puede generar un conflicto social. El sistema argentino es uno de los más caros del mundo y está diseñado para la evasión.

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