En el mismo vuelo en que el dirigente fabril boliviano Oscar Olivera llegaba a Buenos Aires para explicar ante distintos movimientos sociales la postura de los trabajadores de su país frente al tema de la exportación del gas, viajaba una delegación de funcionarios del gobierno de Carlos Mesa con el fin de iniciar conversaciones con sus pares argentinos acerca del precio al que se pagará el gas boliviano en 2005. “Nos oponemos tenazmente a cualquier acuerdo de venta del gas”, afirma Olivera, uno de los máximos dirigentes de la Federación de Fabriles (trabajadores industriales) de su país. “El gobierno de Mesa se ha dado una política acelerada de acuerdos, lo que es una afrenta al pueblo boliviano cuando el tema está en plena discusión; es un acuerdo que beneficia más a una trasnacional que a alguno de los dos pueblos. Mira qué casualidad, que mientras nosotros venimos a intercambiar información y buscar un trabajo conjunto con los movimientos sociales de Argentina, se realiza el encuentro entre los negociadores de Repsol, que no son otros que los gobiernos de Kirchner y Mesa”, señala con dura ironía al empezar la entrevista con Página/12.
Oscar Olivera ocupa uno de los escalones principales de representación social de su país, a partir del rol protagónico que le tocó jugar en la Guerra del Agua en Cochabamba (año 2000), cuando a través de huelgas, protestas y manifestaciones populares fue desplazada la empresa concesionaria Bechtel, después que intentara imponer un precio exorbitante por el servicio recién privatizado.
–¿Cómo fue aquella lucha por el agua y qué saldo organizativo les dejó?
–La privatización del sistema de agua en Cochabamba se hizo a través de una concesión por 40 años. La tarifa subió hasta un 300 por ciento, por lo que la cuenta pasaba a representar hasta un quinto de los ingresos familiares. Se eliminaban sistemas ancestrales de reparto del agua (entre la población campesina), se confiscaba el derecho de acceso a los recursos. Hasta se prohibió la acumulación de aguas de lluvia en forma particular. Bechtel consideraba a San Pedro como “competidor desleal” (ironiza). Entonces la gente dijo “Basta”. Si por el neoliberalismo perdimos todo lo demás, que se apropiaran del agua ya era demasiado.
–¿Qué hizo posible una respuesta tan decidida y organizada de la gente?
–La sordera, ceguera y torpeza de los dirigentes e instituciones civiles. Eso hizo que la gente decidiera organizarse ante la imposibilidad de otro tipo de llegada a sus reclamos. Ahí se unieron campesinos con sus formas participativas, productores de coca infundiendo mucha confianza, profesionales comprometidos que tradujeron en términos sencillos los problemas. Y los sindicatos, con la Federación de Fabriles convirtiéndose en una voz convocante. Se conformó una experiencia organizativa sin jerarquías, sino con portavoces de los sectores sociales: la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida.
–Aquella lucha terminó en una gran victoria. ¿Qué puntos de contactos y qué diferencias tiene aquella experiencia con la actual guerra por el gas?
–Más que victoria económica, aquélla fue una victoria política. La gente empezó a hablar de frente, a los ojos, a ser más “insolente” con el poder. Rompió el control de los partidos tradicionales y después contagió a otros movimientos sociales. Desde ese año 2000, no hubo una sola derrota en las luchas contra el poder político. La Coordinadora Nacional por la Defensa y la Recuperación de los Hidrocarburos surge como ampliación de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, pero ahora a nivel de todo el país. Más de 300 organizaciones sociales participaron en su formación. Sectores muy afines al MAS (Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales), pero también autónomos. Surgió con un plan muy bien elaborado, de 60 días, que contemplaba una primera movilización el 19 de septiembre (2003) en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos, exigencia de respuesta a los 30 días y si no se retrocedía en las privatizaciones, a los 60 días (19 de noviembre) el gobierno debía irse. Pero las luchas campesinas aceleraron los pasos. La represión con la que respondió el gobierno y la masacre de compañeros terminó en la huida de Sánchez de Losada (octubre de 2003).
Pero hoy la Coordinadora ha perdido una base importante. Sectores ligados al MAS, a partir del referéndum del gobierno de Mesa, entraron en la trampa. Ha quedado un profundo distanciamiento. Como resultado, la antigua Ley de Hidrocarburos está vigente, el gobierno nacional sigue asumiendo compromisos al amparo de la misma y se abrió un debate interminable en el Congreso entre la ley propuesta por Mesa y las que apoyan otros sectores. En dos meses de debate, apenas se avanzó en la discusión (en particular) de 16 de los 150 artículos que conforman la ley.
–¿Por qué la Federación de Fabriles y varias organizaciones campesinas se han opuesto a la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Mesa, cuando Evo Morales y el MAS la apoyaron?
–Porque es un nuevo engaño. No nacionaliza los hidrocarburos, va a ser una ley amorfa que sí va a conformar a los empresarios y a los sectores dominantes de Tampa y Santa Cruz de la Sierra. Y quizás a sectores del MAS, que se conforman con cobrarles más regalías a las petroleras. Y todo porque el gobierno les tiene miedo a los empresarios, a que le hagan juicio si avanza más allá. Pero hay datos que demuestran que no se van a ir del país. El costo de extracción de crudo hoy es en Brasil de 1,40 dólares por barril y llegan a venderlo por arriba de los 50 dólares. El gas se exporta con enormes beneficios, pero por cada 1000 millones de dólares que se exportan, a Bolivia no le quedan más de 50 millones.
–¿También se oponen a las exportaciones de gas a Argentina?
–Nos oponemos tenazmente a cualquier acuerdo de venta de gas en estas condiciones. El gobierno se ha dado una política acelerada de acuerdos en momentos en que el tema está en pleno debate. Es una afrenta a los pueblos. En particular, la venta de gas a Argentina no es más que un gran negocio entre Repsol Bolivia y Repsol Argentina, empresa que tiene como principales negociadores a los gobiernos de Mesa y Kirchner. Y mira qué casualidad, que en el mismo avión viene una misión del gobierno de Mesa a negociar con el gobierno de Kirchner, y nosotros a discutir con trabajadores y piqueteros. Estaríamos dispuestos a apoyar que venga todo el gas que necesite el pueblo argentino, pero en otras condiciones de acuerdo. De eso hemos venido a discutir con los movimientos sociales de Argentina, para trabajar en conjunto en denunciar a nuestros enemigos.