La gestión del grupo empresario de Sergio Tasselli al frente de la filial argentina de Parmalat no arrancó con buenos augurios. Mientras desde Roma se informó ayer que el Ministerio de la Producción había aprobado la venta de Parmalat Argentina (intervenida desde el escándalo por fraude administrativo) a dos empresas del mencionado grupo, aquí sus flamantes directivos les comunicaban a los empleados que no están en condiciones de liquidarles los salarios adeudados y, además, requirieron una quita salarial “para poder afrontar el funcionamiento de la empresa”. Representantes de los más de 1200 trabajadores de la firma reclamaron ayer ser recibidos por alguna autoridad del gobierno nacional, al que alguna vez Tasselli estuvo estrechamente vinculado.
Tasselli adquirió el paquete accionario de Parmalat Argentina a través de Molinos Bruning, una firma con sede en Santa Fe que a mediados de este año fue denunciada por la AFIP por evasión fiscal ante el tribunal federal provincial. Según el organismo recaudador, el molino harinero habría evadido unos 800 mil pesos en IVA y Ganancias inflando deudas en sus balances por medio de facturas apócrifas. De tal modo, incrementaba gastos (para pagar menos Ganancias) y creaba crédito fiscal (el IVA en las compras “truchas”, para reducir el saldo de impuesto a pagar). Sergio Tasselli figura como su presidente. Estas denuncias dieron lugar a tres allanamientos, practicados en dos establecimientos en Santa Fe (San Jorge y Rosario) y uno en Tucumán.
Parmalat SpA se encuentra bajo administración extraordinaria del gobierno italiano desde el escándalo por fraude que terminó con su presidente, Calisto Tanzi, tras las rejas, en diciembre de 2003. A principios de 2004, entre otras operaciones de ajuste se decidió la venta de la filial argentina. En septiembre se arribó a un acuerdo con Molinos Bruning para la transferencia del paquete accionario y la explotación de las marcas por cinco años. A cambio, Tasselli hizo un pago simbólico de un euro y se hizo cargo de deudas por más de 200 millones de pesos.
Tasselli anunció entonces un ambicioso plan de crecimiento y reinstalación de las marcas (Parmalat, Gándara, Sandy, Yogurbelt, Saavedra). Sin embargo, hasta ayer se desconocía si hizo aporte alguno para capitalizar la empresa. Según expresó Roberto Gómez, secretario de prensa de los trabajadores de la industria láctea a Página/12, “los nuevos directores Osvaldo Iglesias y Mariano Yori plantearon que los trabajadores debían resignar parte de sus ingresos para poder afrontar el funcionamiento de la empresa. Está claro que pretenden manejarse con la caja de las ventas y no poner un centavo propio; por los antecedentes del señor Tasselli, nos sobran razones para desconfiar de los intereses de los nuevos dueños”.
Gómez describió a Tasselli como “un empresario que compra empresas para luego quebrarlas y hacer diferencia con la renegociación de los pasivos, o bien concesiona servicios públicos que luego lleva a situación de quebranto y los adquiere a precios de remate”. Repasó, como ejemplos de ese tipo de operaciones, los nombres de Aceros Zapla, Metropolitano, Materfer, YCF Río Turbio y las distribuidoras eléctricas de Catamarca (Edecat) y Formosa (Edefor).
También acusó al empresario de “maniobras en el Frigorífico Santa Elena para evitar que los trabajadores lo pongan en funcionamiento bajo forma de cooperativa”. En dicho establecimiento entrerriano Tasselli adquirió la maquinaria pero el establecimiento sigue paralizado, dejando al pueblo con un nivel de desocupación del orden del 70 por ciento por causa del cierre de su principal fuente de trabajo. Entre las propiedades que se le adjudican al grupo Tasselli figuran también la fábrica de maquinaria para el campo Agrinac y Petroquímica Bermúdez.
A través de un comunicado oficial conocido ayer en Roma, la empresa –gestionada por un comisario extraordinario, Enrico Bondi, designado por elMinisterio de la Producción– informó que había recibido el visto bueno de las autoridades de su país para la transferencia del capital de la filial argentina. Parmalat Argentina cuenta con 1200 empleados en forma directa y otros 200 que se desempeñan en la distribución, según fuentes gremiales. La intención de la intervención de la empresa en Italia es reducir la deuda del grupo, que asciende a unos 20 mil millones de euros, a menos de 500 millones.
La asociación de trabajadores de la industria lechera rechazó la pretensión enunciada por los directivos Iglesias y Yori de recortar salarios y pidieron la intervención del gobierno nacional “para demostrar que no hay ninguna relación de connivencia con el grupo Tasselli”. Y reclamaron revisar la adjudicación de la filial local a dicho grupo. “Si Tasselli no cuenta con capital de trabajo para garantizar el pago de salarios y la compra de materia prima e insumos para producir, que desista de su interés por Parmalat Argentina y haga lugar a quien sí quiere y puede”, plantearon.