“Los vamos a buscar por tierra, por aire y por mar”, amenazó el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya. Se refería a los 35.000 grandes evasores de la provincia. Algunos de ellos, efectivamente, empezaron a ser intimados para que se pongan al día con el pago de sus impuestos. Pero no recibieron cartas en sus domicilios, sino que se toparon con un cuerpo de inspectores de Rentas en la terminal de Buquebús. Fue ayer a la mañana, en un operativo que estuvo encabezado por el propio Montoya y que detectó 68 propietarios de automóviles con deudas de patentes por un total de 75 mil pesos. Más allá de esa acción, que terminó un tanto abruptamente por un conflicto entre los inspectores y la Prefectura, la campaña contra la evasión tuvo un avance sustancial: se comprobó que unos 7500 contribuyentes morosos tienen cajas de seguridad en bancos con sede en la provincia.
“Ya tenemos identificados 7500 evasores y en caso de que no regularicen su situación, le pediremos a la Justicia el bloqueo de las cajas para que no puedan sacar el dinero”, alertó Montoya. La medida generó una gran polémica, pero el funcionario obtuvo un fuerte respaldo político del gobernador Felipe Solá y éste, a su vez, del presidente Néstor Kirchner. El subsecretario aclaró que la cantidad de morosos con cajas de seguridad podría aumentar en los próximos días, debido a que aún falta la información de nueve bancos que pidieron una prórroga para suministrar esos datos. El plazo fijado por la provincia para entregar la nómina de clientes con cajas que figuran en los listados de incumplidores fiscales venció anteayer. Pero el Gobierno les concedió unos días más.
El bloqueo de las cajas es una medida extrema, a la que la mayoría de los jueces accedería recién en la etapa final de un juicio. Pero Montoya insistió en que la provincia intentará cobrarse las deudas con el dinero que se encuentra guardado en ellas. El funcionario instó a los morosos a cumplir con sus compromisos impositivos antes de llegar a esa instancia, e incluso antes de que comience un juicio. “La provincia quiere evitar los juicios porque ya hay 90 mil causas pendientes de resolución”, indicó.
Además de intimar a quienes tienen cajas en los bancos, la Dirección de Rentas inició una campaña de alta exposición en lugares clave. Ayer arrancó en la terminal de Buquebús. Los contribuyentes bonaerenses, luego de hacer el check in ante las oficinas de la empresa, eran abordados por los inspectores, que verificaban el cumplimiento fiscal de los vehículos patentados en la provincia. En una segunda instancia, la Dirección Nacional de Migraciones cotejaba los DNI de los viajantes con la lista de 35.000 grandes evasores. En caso de confirmarse la deuda, el turista recibía una intimación impresa con el monto y los plazos de pago, que vencen el próximo 20 de enero en el caso de las deudas por montos elevados.
Montoya indicó que “a los propietarios de vehículos que registran moras no se les impide la salida del país, pero sí se los intima para que paguen y se les anticipa que, de no hacerlo, irán a juicio”. Luego dijo que “se trata de una metodología de percepción de riesgo. Generar un shock que cambie la conducta de los contribuyentes para que aprendan a separar el dinero que deben pagar y no se lo gasten” en las vacaciones. Finalmente, el funcionario acotó que “si tienen plata para viajar, se deduce que pueden abonar”.
De los 68 morosos detectados en la terminal portuaria, se destacó el caso de un hombre que llegó en una camioneta 4x4 y que recibió una intimación por una deuda superior a los 10 mil pesos.
El final del operativo fue sorpresivo, ya que la Prefectura decidió pedirles a los inspectores que se retiraran debido al clima de tensión e incomodidad que se vivía en la terminal. Montoya ya no se encontraba en el lugar y los hombres de Rentas, luego de consultar con sus superiores, terminaron aceptando.
Más allá de lo que ocurra con los controles de quienes viajan por ferry a Uruguay, Rentas dispuso inspectores en el puesto de frontera del puenteinternacional que une Gualeguaychú del lado argentino con Fray Bentos en el Uruguay, así como en el puente Colón-Paysandú. También los habrá en el sur de Brasil y en los puestos de peaje de las rutas 2, 11, 39 y 9, los cuales comenzarán entre la semana próxima y los primeros días de enero; y en Ezeiza la semana próxima. “El contacto directo con el contribuyente es la mejor tarea para evitar las acciones judiciales, que son lentas, costosas y que no le convienen a nadie”, concluyó Montoya.