Los recortes en los envíos de gas argentino a Chile volvieron a tensar la relación entre ambos países. De acuerdo con fuentes del gobierno de Santiago, las nuevas restricciones afectan al 17 por ciento de la demanda del país trasandino. El gobierno de Lagos busca impulsar proyectos del sector privado para dejar de depender del gas argentino. El país comenzó a aplicar reducciones al bombeo de gas el pasado 5 de enero, cuando los problemas de suministro eléctrico en el área metropolitana y la costa atlántica obligaron a reforzar la generación de las centrales térmicas, que funcionan alimentadas a gas. El recorte, que en principio fue de 700 mil metros cúbicos diarios, se fue incrementando hasta llegar a 2,3 millones diarios en los últimos días.
El fluido argentino abastece la totalidad de la red de gas natural chilena. Ya en invierno la Secretaría de Energía había resuelto restringir los envíos de gas al otro lado de la cordillera ante el riesgo de desabastecimiento local. La reedición de esos recortes, ahora en verano, obligó a detener el funcionamiento de la Central Eléctrica Santiago, en la capital chilena, alimentada a gas, lo cual extiende los efectos también al suministro eléctrico en el país vecino. Cerca del 37 por ciento de la generación eléctrica chilena depende del gas argentino.
Tanto dirigentes empresarios como funcionarios del gobierno de Ricardo Lagos hicieron oír su preocupación. El ministro de Economía y Energía, Jorge Rodríguez Grossi, instó al sector privado a “no perder tiempo” y crear un puerto para recibir gas natural licuado desde el extranjero y así aumentar la autonomía energética del país. “La expansión económica de Chile no puede hacerse sobre la base de comprarle mucho más gas a la Argentina: eso lo tenemos claro desde el año pasado”, expresó. “Chile tiene un desarrollo tal que puede aspirar a tener mayor autonomía en materia energética”, indicó el ministro, que impulsa la importación de gas natural licuado “de manera que Chile se vaya haciendo cada vez más independiente del gas argentino, y a eso hemos convocado al sector privado”.
“Lo que estamos haciendo es llamar al sector privado a la sensatez, a dejar de especular sobre si hay gas en Argentina; el hecho es que la Argentina está con un mercado que no se ha normalizado y no sabemos cuánto tiempo va a durar aquello”, completó Rodríguez Grossi.
En tanto, Argentina trata de avanzar en asegurarse el abastecimiento de gas en invierno. Una misión encabezada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, buscó acordar el viernes en La Paz con su par de Bolivia una garantía de suministro de 6,5 millones de metros cúbicos diarios hasta fin de 2005. Pero estas negociaciones dejaron abierto el capítulo de los precios. La alternativa que se planteó en la mesa de negociación es que el precio surgiera de la negociación entre empresas privadas –las que venden el gas en Bolivia y las que los compran en Argentina para su venta a distribuidores–.
Las autoridades argentinas pretenden que no haya impacto sobre el precio que paguen los usuarios argentinos –y, por lo tanto, tampoco sobre el valor al que deben comprar las distribuidoras–. El gas boliviano con destino a Brasil se comercializa a un precio 25 por ciento superior al acordado con Argentina para 2004. Ahora, la intención del gobierno boliviano es equipararlos. Las pretensiones de ambos gobiernos –el argentino y el boliviano– sólo se compatibilizarían si el sector privado absorbiera el impacto del aumento. No es un objetivo imposible: los principales operadores en ambos lados de la frontera son los mismos, Repsol YPF y Petrobras.