En medio del proceso de canje de la deuda, un fallo judicial en los Estados Unidos ayudará a la estrategia del Gobierno. Un juez de Nueva York le dio la razón a la provincia de Mendoza, en el marco de su propia reestructuración de la deuda, en el litigio que mantenía con el fondo buitre estadounidense Greylock Global. Uno de los líderes del fondo es Hans Humes, el mismo que junto a Nicola Stock dirige el autodenominado Comité Global de Acreedores de la Argentina (GCAB).
Mendoza ya logró una aceptación del 64,4 por ciento en la reestructuración del bono Aconcagua. A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, la estrategia en Mendoza se basó en bajar la tasa de interés y en estirar los plazos del título de deuda. En cambio, no hubo una quita en el capital.
En su origen, el Aconcagua vencía en el año 2007 y rendía una tasa del 10 por ciento. La propuesta fue alargar el vencimiento al 2018 y disminuir la renta anual al 5,5 por ciento. De los 250 millones de emisión del Aconcagua, el Greylock Global posee unos 2,5 millones.
El juez de los tribunales del distrito sur de Nueva York que acaba de darle la razón a Mendoza ya había fallado a favor de la provincia en otra causa: se llama Harold Baer Jr.
La demanda del fondo buitre se presentó después de que el gobierno mendocino logró cambiar una cláusula del bono Aconcagua reuniendo la aceptación de una mayoría simple (la mitad más uno) de los acreedores. Según el Greylock Global, se necesitaba el voto por unanimidad del conjunto de acreedores para hacerlo. Pero el juez desestimó esta posición y le dio la razón a Mendoza.
La cláusula que estaba bajo cuestión era clave para el proceso de reestructuración: su modificación implicó que Mendoza restringiera la posibilidad de embargos. El hecho de que el magistrado hiciera lugar a este cambio sienta un precedente favorable para el canje de la deuda nacional.
Lo mismo que en el caso de Mendoza, los bonos lanzados en los Estados Unidos por el Estado nacional están regidos por la jurisprudencia de ese país. Para abaratar costos en la emisión original, el gobierno mendocino aceptó que, en caso de caer en default, dejaría de lado la denominada “inmunidad soberana”, una cláusula que impide trabar embargos sobre ciertos activos, como las embajadas, por ejemplo.
Ahora, en medio de la renegociación, los representantes de Mendoza argumentaron que estaban dispuestos a respetar esa cláusula, pero que se necesitaba ampliar los activos o recursos que eran inembargables. Entre ellos, los pagos a los acreedores que se adhiriesen al canje. El gobierno provincial logró modificar la cláusula por el voto de la mayoría de los acreedores, pero el fondo buitre planteó un recurso para dar marcha atrás con la cuestión. En su fallo de 14 páginas fechado anteayer, el juez neoyorquino dio luz verde a la reestructuración mendocina.
Si bien en el gobierno nacional se negaron a hacer comentarios sobre esta resolución a nivel oficial, los funcionarios se mostraban satisfechos con la novedad. Interpretaron que el respaldo del Poder Judicial estadounidense a la reestructuración de la deuda mendocina podría desincentivar a los fondos buitre que esperan el cierre del canje nacional para reclamarle a la Argentina. De hecho, el Greylock –que en su mayoría está formado por fondos de la familia Humes– también posee bonos de la deuda pública nacional.
En el plano de la provincia de Mendoza, el espaldarazo judicial podría permitir la reapertura del canje para que se sumen más bonistas. Por ahora, las autoridades mantienen un perfil bajo sobre esta posibilidad para no interferir en la operación madre, que es la transacción a nivel nacional. Mientras tanto, en la provincia y en la Casa Rosada festejan que, a tres semanas de terminar el canje, los buitres recibieron un hondazo.