Con la declarada intención de “no obstaculizar” la compleja renegociación de su contrato, Aguas Argentinas se comprometió a realizar hoy un depósito de 3,2 millones de pesos “a cuenta de cualquier fideicomiso que las partes pudieran acordar en el futuro”, pero dejando en claro que no hay ningún documento legal que la fuerce a hacer ese aporte, a su juicio “voluntario”.
El 31 de diciembre venció el acuerdo provisorio que la comprometía a nutrir el fondo fiduciario de expansión de la red y, a falta de un nuevo contrato, la sociedad comandada por Suez considera que nada la obliga. Esta consideración generó cierto recelo en el Gobierno, donde se sospecha que aquel dinero podría quedar indisponible. Las dudas podrán despejarse en una reunión prevista para el lunes en la Unidad de Renegociación, donde comenzaron a esbozarse algunas cosas: la empresa tiene pocas ganas de limitarse al gerenciamiento, perdiendo el control de la caja. Tan pocas como la que tiene el Estado de rescatar esta concesión.
No hay dudas de que la situación contractual de Aguas Argentinas está absolutamente indefinida. En diciembre perdió vigencia el acta acuerdo firmada el año pasado, en la que se preveía que para entonces las partes habrían acordado los términos de un contrato definitivo, algo que las posiciones irreconciliables transformaron en un cometido imposible.
En ese documento se preveía que durante 2004 la empresa invertiría 242 millones de pesos, 88 proveniente de un fondo fiduciario constituido para expandir la red y los 150 restantes de la caja de la compañía, que asegura haber honrado esta obligación ejecutando o, aunque más no sea, licitando las obras indicadas por el ente regulador. Pero la cuota que vence hoy corresponde al año 2005, fuera del alcance de aquel pacto.
El lunes pasado, el Etoss le recordó por escrito a la empresa que esperaba el depósito, reclamo que ésta respondió por nota ayer, objetando la “prórroga unilateral” del fideicomiso propuesto el Gobierno. Aguas se niega a firmar tal extensión “hasta que se concrete un acuerdo de fondo con el contrato de concesión”. No obstante, “está analizando la oportunidad de hacer un aporte voluntario en el marco de la renegociación”, según la nota dirigida al regulador Alejandro Labado.
El aludido fideicomiso se constituyó formalmente en el año 2003 para forzar a la adjudicataria de Capital Federal y el conurbano a ampliar la red del servicio de agua y cloacas con los recursos de un aumento de tarifas que cobró desde el 2001 (3,9 por ciento ese año y otro 3,9 por ciento en el 2002). Pero según recuerda el ente de control, hasta entonces esos fondos adicionales no habían tenido el destino apropiado.
En agosto pasado, Aguas Argentinas propuso al Gobierno una serie de cambios en la concesión, también alterada por la depreciación del peso y el congelamiento de tarifas. Según la iniciativa empresaria, sus ingresos deberían incrementarse un 60 por ciento de inmediato y un 20 por ciento en dos años. Entre otras facilidades, un banco estatal debía otorgarle un crédito blando en pesos para ayudarla a cancelar su deuda de 650 millones de dólares hoy en default.
A esto la UniRen contrapuso un ajuste tarifario del 16, guardándose en la manga la posibilidad de subir hasta un 20 por ciento. Esos recursos adicionales deberían ayudar a la concesionaria a salir de la cesación de pagos tras una reestructuración de su deuda, quita incluida. En un 80 por ciento, estas obligaciones fueron contraídas con organismos multilaterales de crédito como la Corporación Financiera Internacional, el BID y el Banco Europeo de Inversiones, y hoy conforman un lastre casi letal.
En el Gobierno saben que es imposible esperar obras nuevas eludiendo un ajuste en los precios porque la ecuación no da, menos si hay que cancelar deuda. Pero los funcionarios ligados al tema también entienden que es políticamente inviable una suba de la magnitud pretendida por la empresa. A esto suman el afán de controlar la ejecución del plan de obras que la firma ha transgredido en reiteradas oportunidades desde el comienzo de la privatización.
Por ello, la contraoferta estatal incluyó la posibilidad de cambiar el modelo de concesión, alternativa prevista en el Anexo III de la carta de entendimiento firmada a principios del año pasado. El nuevo contrato podría limitar a la empresa a operar técnicamente y gerenciar el servicio, ocupándose sólo de hacer algunas explotaciones puntuales. El Estado se reservaría las inversiones principales pero, presumiblemente, también la recaudación. Una fórmula que poco sedujo a la sociedad liderada por Suez, especialmente interesada en comandar la ejecución de las inversiones.
La empresa asegura que analizará “todas las alternativas” para seguir y el Gobierno sugiere que podría rescindir, algo que podría haber hecho hace rato. Una prueba de la buena voluntad oficial es el pago que el Estado hizo la semana pasada al BID para cancelar una deuda de Aguas: sin él se hubiera ejecutado la garantía del contrato y la privatización se esfumaba.