Aires de las décadas del ‘70 y del ‘80 han vuelto a soplar estos días por los bulevares del poder con la conformación del nuevo equipo económico y el desfile de otras figuras que el viento de la política y los negocios públicos lleva y trae. ¿Alguien se acuerda todavía en Buenos Aires de la intervención a Mendoza, decretada por Isabel Perón en agosto de 1974, mes y medio después de la muerte de Juan Perón, para desalojar al gobernador constitucional, el camporista Alberto Martínez Baca, instalando en su lugar a Antonio Cafiero, quien sería a su vez removido, con más pena que gloria, a comienzos de mayo de 1975?
Rodolfo Frigeri, fugaz ministro de Economía de hecho de Adolfo Rodríguez Saá y ahora titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, fue secretario de Hacienda de aquel gobierno irregular, cuya cartera económica portaba Jorge Domínguez, quien en la siguiente década contribuiría al ocaso del Banco Provincial de Santa Fe, finalmente vendido a los hermanos Rohm (hoy preso uno y prófugo el otro). Domínguez se sumó después al menemismo, que lo colocó en Yacyretá primero y en la intendencia porteña después.
Cafiero designó como administrador de la entonces gigantesca Bodegas y Viñedos Giol a Eduardo Setti, quien ahora propala propuestas contestatarias cerca de Daniel Carboneto, diputado del Polo Social, con tanta llegada al presidente Duhalde. Como auditor interno de Giol aparecía Rodolfo Gabrielli, flamante ministro del Interior removido. Con el tiempo, Setti quedaría envuelto en la escandalosa caída del Nuevo Banco Santurce, fruto de una fusión con la financiera que poseían Miguel Angel Cuervo y Carlos Leyba, economistas aún hoy ligados al actual secretario de Energía, Alieto Guadagni, a quien Duhalde eligió para suceder a Jorge Remes, sin contar con que lo vetarían los caudillos territoriales. A pesar de ello, retuvo Energía y pesará decisivamente en la renegociación con petroleras, gaseras y eléctricas.
Los mendocinos atribuyen a Cafiero/Setti el affaire de las vasijas vinarias, grandes piletas que fueron construidas con materiales inadecuados, implicando una inversión inservible y echando a perder miles de hectolitros de vino. Esos torpes recipientes, que los provincianos conocen como “los tanques de Cafiero”, se utilizan actualmente para archivar documentos, y próximamente albergarán todas las armas requisadas en procedimientos judiciales, para evitar que continúen los robos. Las cisternas, que son tenidas como objeto de tan emblemático caso de corrupción, pasan a servir así a la Justicia. Giol terminó siendo privatizada mediante el irregular procedimiento de un decreto, firmado por José Octavio Bordón en 1988 para eludir a la Legislatura. El ex ministro de Educación del gobernador Carlos Ruckauf asesora ahora a Lavagna en cuestiones internacionales, y específicamente está puesto para negociar con Brasil. El periodista Eduardo Pavese publicó en 1997 un libro que analiza el escandaloso caso de la bodega. Lo tituló “El caso Giol. Bordón y cuenta nueva”. Integra la colección Memoria Ciudadana, de Editorial Huayra.
Setti contaba como asesor financiero con Roberto Lisandro Barry, el mismo que, luego de un recordado paso por el Grupo Pirillo (Banco Cabildo), sería vicepresidente del Provincia, secundando así a Eduardo Amadeo, hoy vocero presidencial, para ocupar más recientemente la secretaría de Finanzas hasta la caída del equipo Remes Lenicov. Ostentaba entonces vínculos con economistas republicanos, cercanos al jefe del Tesoro, Paul O’Neill. Barry vive desde hace muchos años en la calle Carlos F. Melo, de Vicente López, en una amplia vivienda puesta a nombre de una sociedad anónima uruguaya llamada Corporación Cambridge, con domicilio legal en Juncal 1327. La última valuación del edificio es, con anterioridad a la devaluación, de 1.131.000 pesos, valor al que habría que añadir los 255 mil pesos del terreno, que cubre una superficie de 920 metros cuadrados y tiene veinte varas de frente. Siendo inquilino y no dueño del inmueble, Barry se ahorra algunas contribuciones impositivas, como es el caso de Bienes Personales, y además el engorro de explicar el origen de los fondos con que, de ser otro el caso, adquirió el bien raíz. Además, el alquiler suma un costo aprovechable ante la DGI.
Diríase que a los estadounidenses les place negociar en los países subalternos con personas en cuyas fichas figuren vulnerabilidades como las de alguna propiedad disfrazada, entre otras, porque les proporcionan un arma de presión ante cualquier atisbo de empecinamiento. En este sentido, el puesto de secretario de Finanzas es clave, por lo menos desde que la Argentina se convirtió en un deudor prominente. De ahí que lo hayan ocupado expertos de la talla de Daniel Marx y Miguel Kiguel, cuyo desarrollo profesional estuvo y está ligado al de los inversores financieros internacionales.
Pero éste no es el caso de Guillermo Nielsen, ahora asignado a esa función por Lavagna, en un nombramiento que causó cierta sorpresa por cuestiones de perfil profesional. Alguien apuntó, sin embargo, que Nielsen es un técnico muy bien visto por la embajada de Estados Unidos desde que fue él quien se dirigió a esa representación diplomática a fines de 1990 para denunciar que Swift–Armour estaba siendo objeto de una extorsión para autorizarle la importación de maquinaria destinada a una nueva planta. El caso, que envolvió a Emir Yoma, fue revelado por Página/12, y derivó en el célebre Swiftgate, con intervención del embajador Terence Todman.
Nielsen, como agregado agrícola en Bruselas, había logrado que la Comunidad Europea elevase de 10 mil a 28 mil toneladas anuales la Cuota Hilton para la Argentina. Al regresar al país, el frigorífico Swift lo premió con un alto cargo gerencial, y fue en esa condición que escuchó el pedido de coima de labios de un tal Fernández, presunto emisario del cuñado de Carlos Menem. Significativamente, cuando éste presidió la inauguración de la planta, maquinaria de la dádiva incluida, Nielsen ya había sido alejado de Swift y debido buscar trabajo en el Grupo Macri.
Quizá sea ésta la última vez que les toque, pero con el accidentado ascenso de Duhalde al poder volvieron a la escena nacional los economistas históricos del segundo peronismo, los mismos que eran más o menos jóvenes en los ‘70 y cargan hoy con las mataduras de su larga vinculación con el Estado en un país altamente corrupto. Cuesta encontrar entre ellos a los pocos que pudieron mantenerse inmaculados, que, a diferencia de otros, no hubieran instalado una ventanilla paralela a la de su cargo público. Esto, sumándose a las extremas dificultades del momento, vuelve casi imposible reconquistar la confianza de los argentinos.