La cúpula de la Unión Industrial les presentó ayer a los principales dirigentes de la CGT la propuesta de “un pacto social para consolidar la salida del default”. El documento, al que accedió Página/12, plantea un acuerdo sobre cinco puntos claves para encauzar las negociaciones laborales entre empresarios y sindicalistas. No sólo se refiere a los parámetros a seguir a la hora de discutir aumentos salariales. También sugiere modificar el actual sistema de indemnizaciones por despido por un seguro de desempleo privado, que garantice al desocupado ingresos durante dos años.
La reunión entre industriales y sindicalistas se llevó a cabo en el sindicato de camioneros y se extendió, almuerzo incluido, durante cuatro horas. Por la UIA participaron los empresarios Héctor Méndez (quien asumirá la presidencia de la central fabril en abril), Héctor Massuh, José Ignacio de Mendiguren, Alberto Alvarez Gaiani y el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja. Por la CGT, en tanto, estuvieron el anfitrión, Hugo Moyano, José Luis Lingeri, Juan Manuel Palacios y el asesor legal Héctor Recalde. La ausencia más notoria fue la de Susana Rueda, quien ya declaró públicamente que no está de acuerdo con establecer límites en la negociación salarial. La idea es que Funes de Rioja y Recalde discutan los aspectos técnicos del documento, para volver a reunirse a mediados de la semana próxima, encuentro al que podría ser invitado algún funcionario del gobierno nacional. “Hay buena onda”, comentó un empresario a este diario. “Esto tiene que ser el comienzo de una serie de acuerdos”, se entusiasmó.
La filosofía de la nueva conducción de la Unión Industrial –tal cual está explicado en la primera de las cinco páginas del documento– es que Argentina necesita, en esta etapa de su desarrollo, de un pacto social similar a los de la experiencia europea de la posguerra, o a los famosos pactos de La Moncloa en la España posfranquista. Sin embargo, desde los sectores sindicales más combativos –como la Confederación de Trabajadores Argentinos, que no fue invitada a la tertulia sindical-patronal– aseguran que la intención de la UIA es fijar un tope a la negociación salarial y cristalizar así una distribución regresiva del ingreso.
Como se dijo, el documento de los empresarios consta de cinco puntos. Son los siguientes:
1) Salarios I: La base de la negociación en las convenciones paritarias sería la recuperación del poder adquisitivo de los salarios desde la devaluación. Para ello, los salarios no deberían quedar, en ningún sector industrial, por debajo del avance de la inflación minorista desde enero 2002. Desde entonces, el IPC creció alrededor del 55 por ciento.
Los sectores que otorgaron aumentos superiores al IPC podrían absorber las subas que se negocien en el futuro.
Una vez recuperada la inflación pasada, para adelante los salarios deberían ajustarse de acuerdo con las expectativas de inflación del Gobierno. Por ejemplo, considerando que en 2005 la expectativa oficial de inflación ronda entre 8 y 10 por ciento, los incrementos salariales deberían alinearse con ese parámetro.
Se propone, además, una “cláusula de escape”, para dejar afuera de los aumentos mencionados anteriormente a algún sector que atraviese una situación económica delicada. No se dice cuáles podrían ser, pero se aclara que son “casos menores”.
2) Salarios II: Los empresarios concederían ajustes por arriba de la inflación (pasada y prevista) sólo en aquellos sectores que elevaran su productividad, es decir, que aumentaran su producción en relación a su dotación de personal.
3) Doble indemnización por despido: Se pretende sustituirla por un “seguro de desempleo privado” que garantice al desocupado dos años de ingresos. Funcionaría así: ante un despido, el empresario seguiría abonando el sueldo durante un año. En ese lapso, el trabajador desempleado podría ser recontratado por la empresa. Si no es recontratado después de un año, se le pagaría el resto de la indemnización en doce cuotas. Si, en cambio, antes del año consiguiera otro empleo se le abonaría, también en cuotas, el monto correspondiente a la doble indemnización.
Los empresarios sostienen que, con este sistema, ganarían en flexibilidad, además de conseguir un desahogo financiero al pagar la doble indemnización en cuotas.
4) Ley de accidentes de trabajo: Se propone consensuar una nueva ley con los sindicalistas. Se reconoce la necesidad de elevar los montos de las indemnizaciones por accidentes, pero preservando el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo. Se deja en claro que el objetivo es dejar afuera a los “intermediarios” –abogados– que, según los industriales, se apropian en concepto de honorarios de un parte sustancial de las indemnizaciones por accidentes que se dirimen en los tribunales.
5) Plan de blanqueo laboral: Según el documento, es esencial para terminar con la competencia desleal de las empresas que evaden. Pero reclama un trato especial para las pymes, que cargarían una pesada mochila fiscal al blanquear a trabajadores con mucha antigüedad.