El Gobierno anticipó que esta semana reanudará el boicot contra las empresas que suban precios. Lo hizo un día después de que la petrolera Esso se sumara al aumento de tarifas dispuesto por Shell. “Se están analizando las medidas necesarias a los efectos de tener las sanciones que requiere una actitud de esta naturaleza”, intimó el ministro de Planificación, Julio De Vido. “Lo están analizando en el área del Ministerio de Economía y de Defensa de la Competencia.” La advertencia estaba claramente dirigida a
Esso, porque la otra empresa que había aumentado sus productos, Sol Petrol, dio marcha atrás por orden del presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Una encuesta mostró un abrumador apoyo a la actitud de Kirchner.
Tras el gesto de Tabaré, el Ejecutivo tomó aire para anunciar un nuevo capítulo de su cruzada antiinflacionaria. “Vamos a hacer una denuncia muy clara de quiénes son los que están subiendo los precios. Vamos a contarle a la gente”, resumió a Página/12 el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La idea sería convocar a la población desde los medios, recurso que Kirchner estrenó el miércoles. Sin embargo, tras la experiencia del boicot contra Shell, es probable que se moderen un poco las protestas callejeras. Pero en el Gobierno no descartan que haya movilización.
La cruzada contra Shell y Esso no tiene como objetivo principal que las petroleras bajen los precios. Esa posibilidad es muy remota tras la terminante negativa del titular de la angloholandesa, Juan José Aranguren. Por el contrario, el Ejecutivo se mueve por dos fantasmas. El que más lo asusta es la “expectativa inflacionaria”. Así llaman al “efecto contagio” que se genera cuando la suba de los bienes estratégicos hace que hasta los pequeños comerciantes alcen sus precios y acumulen stocks para preservarse. En la Rosada le temen a ese escenario. “Más allá de las organizaciones de defensa del consumidor, nada es más eficiente que el Presidente diciendo ‘cuídense’”, argumentan en el gabinete.
El otro fantasma es el riesgo del desabastecimiento de gasoil justo cuando está por comenzar la cosecha de granos. “Entre marzo y junio van a faltar 500 mil metros cúbicos de gasoil”, había alertado Aranguren para justificar la suba (de 2,6 y 4,2 por ciento) de la Shell. “Era mejor ir preparando al mercado hacia la necesidad de un gasoil importado, que va a entrar más caro”, argumentó el viernes. “Es una falacia absoluta”, le contestó ayer De Vido.
Más allá de los cruces, el Gobierno tiene una única obsesión en este tema: que el Congreso sancione una ley para que se pueda importar gasoil del exterior sin el impuesto que rige actualmente. También quiere ampliar el cupo de importación. “Eso va a permitir mantener los valores tarifarios que el mercado merece y debe pagar”, dijo De Vido. Algunos no comparten las previsiones del ministro. Pesimista, el titular de la Shell descree que el gasoil importado sea comercializado al precio que por ahora mantienen Repsol y Petrobras (hasta 1,40 el litro). Según Aranguren, a pesar de la desgravación impositiva el importado no podrá valer menos de 1,70 el litro. En ese caso, las dos únicas productoras de crudo en la Argentina –Repsol y Petrobras– podrían tentarse y subir sus valores.
Cerca de Kirchner, sin embargo, se muestran confiados. Pese a que para desgravar la importación de gasoil deberán lidiar con algunas resistencias en las comisiones de Comercio y Energía. Pero aseguran que ya está todo arreglado. El optimismo proviene, tal vez, de la forma en que se resolvieron algunos problemas. Un ejemplo fue Sol Petrol, subsidiaria de la uruguaya Ancap. Tras la asunción de Tabaré Vázquez, en la Rosada ni se imaginaban que los frenteamplistas podrían imitar a Shell y subir sus precios. En esa idea pesaban ciertas lecturas políticas, como la designación de Raúl Sendic (h), hijo del fundador de Tupamaros, en la vicepresidencia de Ancap.
Pero los uruguayos se plegaron a la iniciativa de Shell. Con el argumento del descalabro financiero que padece Sol Petrol, dispusieron un aumento de 3 centavos sobre el precio neto. El viernes a la tarde, cuando el Gobierno se enteró, comenzó una rápida gestión con Tabaré. Alberto Fernández conversó con el ministro de Obras Públicas uruguayo, Jorge Lepra. Los orientales explicaron que el aumento había sido dispuesto por las autoridades de Sol Petrol que todavía respondían a Jorge Batlle. Tras las negociaciones, el frenteamplista ordenó anular la suba de precios. A partir de mañana, Sol Petrol venderá al precio original.
Ante un problema que se fue agravando, el Gobierno optó por acciones conjuntas, al estilo del pensamiento lateral. Para frenar el alza de precios, eligió la tribuna pública y la convocatoria a la participación. Lo hizo sin recurrir a otros mecanismos que la legislación le permitiría usar: el artículo 13 de la Ley de Emergencia Económica (25.561) sancionada en plena crisis, todavía vigente, faculta al Estado a “regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos”. Eso podría significar fijar precios máximos (recurso que el Ejecutivo ni siquiera menciona). También podría decretar que se disminuyan los precios. Pero en la Rosada dicen estar conformes con la eficacia del boicot.
Una encuesta de la consultora Analogías, que dirige Analía del Franco, justifica la conformidad. Una abrumadora mayoría del 74 por ciento dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con la actitud del Gobierno, y sólo un 23 disintió. Un 64 por ciento opinó que lo mejor es que el Presidente haga un llamado a la población a no comprar de ninguna empresa que aumente.
La otra pata de la estrategia es la asociación de Enarsa con Pdvsa. En los últimos días, la sociedad que componen De Vido y los bolivarianos ha comenzado una tarea de seducción sobre la estaciones de servicio independientes. Lo mismo están haciendo con empresas de poca participación en el mercado, como Rhasa, de los hermanos Sambucetti. Sin embargo, según altas fuentes del Gobierno, eso no significa que Pdvsa haya renunciado definitivamente a su deseo de comprar Shell. “Ellos siguen negociando”, confesó ayer un miembro del Ejecutivo que habita el primer piso de la Rosada. Es la apuesta más fuerte –y la única desde que Enarsa nació sin capacidad de producción de crudo– para equilibrar el cartelizado mercado de hidrocarburos.