Eduardo Duhalde firmó ayer un decreto de necesidad y urgencia que elimina el sistema de indexación por inflación para los créditos hipotecarios garantizados por vivienda única familiar, los prendarios y personales (hasta cierto límite), así como para los alquileres de personas físicas para vivienda única. En su lugar, se aplicará un nuevo Coeficiente de Variación de Salarios (CVS), que entrará a regir a partir de octubre próximo. El CER sigue vigente para el resto de los préstamos y para los alquileres que no sean de vivienda única (ver detalles aparte). Para llegar a esta definición fue necesario un cataclismo en el Gobierno, el recambio del ministro de Economía y que Eduardo Duhalde volviera a dar vuelta todo lo que había ordenado antes. El Presidente aceptó primero el mecanismo de ajuste de Jorge Remes Lenicov, después advirtió que vetaría cualquier cambio al CER que se hiciera en el Congreso y ayer, con satisfacción, anunció la derogación de ese régimen en beneficio de un millón de personas.
El CER aparecía como una condena en suspenso para la gran mayoría de los que se endeudaron durante la Convertibilidad para comprar una casa, un auto o para gastos personales. Después de respirar con la pesificación de sus créditos, se encontraron con la desagradable sorpresa de una reedición moderna de la Resolución 1050. El temor de miles de personas a no poder pagar las cuotas indexadas y perder sus propiedades terminó por convertirse en un problema político de primer orden, al que el Gobierno sólo le encontró una salida cuando Roberto Lavagna descubrió que su única chance de lograr una mínima estabilidad era despejando de entrada algunas de las angustias más urgentes.
El ministro anotó en el inventario de la herencia el desempleo del 24 por ciento, el aumento de la pobreza y el desquicio generalizado. Y se fijó como prioridad resolver el corralito, el CER y conseguir la sanción de las leyes que demanda el FMI: Quiebras y Subversión Económica. El primer paso de esa estrategia quedó cumplido con el decreto que se firmó ayer. De todos modos, el Ministerio de Economía deberá dictar una reglamentación adicional para aclarar los puntos todavía no resueltos, como la tasa de interés que regirá junto al CVS –en lugar del 3,5 por ciento que estaba pautado con el CER para los créditos hipotecarios, tasa que estaba prevista que rigiera a partir de agosto– y cómo se tomarán los pagos realizados desde principios de año hasta octubre.
Los presidentes de los bloques de diputados y senadores justicialista, Humberto Roggero y José Luis Gioja, encabezaron la delegación parlamentaria que acudió ayer a la Casa Rosada para discutir los puntos finales del decreto y otros temas de la agenda económica. Tras la entrevista, destacaron el cambio de postura del Poder Ejecutivo. “Lavagna aceptó todo lo que rechazaba Remes y oxigenó la relación con el Congreso”, evaluó otro de los diputados que acudieron a la Rosada.
En la semana clave en que el Gobierno deberá demostrar que cuenta con apoyo político para llevar a la práctica los 14 puntos que acordó con los gobernadores, la derogación del CER fue un gesto hacia el Congreso que el Ejecutivo confía en que será retribuido. Uno de los primeros que impulsó la modificación del sistema de indexación fue Gioja, quien ayer valoró que “se haya hecho algo para la gente”.
El último viernes se produjo una reunión en el Palacio de Hacienda entre Lavagna y un grupo de legisladores donde se negoció la eliminación del CER para los créditos hipotecarios, personales y prendarios, y para los alquileres de vivienda única. Se hizo desoyendo que el anterior morador de Economía había sido tajante en que el proyecto de Gioja sería vetado en caso de convertirse en ley. Pero lo más importante era que el propio Duhalde había respaldado a Remes en esa postura. El Presidente ha hecho delos cambios bruscos de opinión un rasgo de su gestión, pero el episodio del CER demuestra hasta qué punto su poder está condicionado.
Lavagna subrayó ayer que la derogación del CER “le saca una gran incertidumbre a no menos de un millón de familias”. Tal como anticipó en el reportaje que concedió el último domingo a Página/12, el ministro sostuvo que “los créditos aumentarán si hay aumentos de salarios”. Lo que todavía no dice es cuál será el costo para el Estado del rescate de los deudores en caso de que se decida compensar a los bancos por la reducción de sus ingresos. Esa negociación se dará cuando concluya el proceso de apertura del corralito. Por ahora, Lavagna se contenta con anunciar que los deudores exceptuados del CER deberán destinar no más del 30 por ciento de sus salarios al pago de los créditos.