El 63 por ciento de los incentivos para que grandes empresas inviertan en bienes de capital, unos 690 millones de pesos, fue concedido a una sola firma, la patagónica Aluar. El grupo de las 20 grandes seleccionadas hasta ahora por el Ministerio de Economía para recibir los beneficios establecidos por la ley de promoción de inversiones en bienes de capital resultó integrado por muchos de los grandes ganadores del modelo, firmas exportadoras capital-intensivas cuyo ciclo productivo se mantiene tradicionalmente desvinculado de los avatares del mercado interno y que, según los analistas, habrían invertido de todas maneras, con o sin los beneficios fiscales.
En el último año la inversión (bruta fija) creció el 34,5 por ciento. Tras haber tocado un piso del 11,3 por ciento del PIB en 2002, alcanzó el 17,7 por ciento. Si bien puede argumentarse que el máximo de 21,2 por ciento conseguido en 1998 todavía está lejos y que una economía que pretende expandir su producción a tasas anuales elevadas necesita una inversión mayor, la tendencia no deja de ser creciente. Puede agregarse también que esta expansión se produjo en un contexto de ausencia de financiamiento, esto es, mayoritariamente con capital propio de las firmas. Sin embargo, no son estos elementos los que preocupan en el Palacio de Hacienda, sino la composición de esta inversión. Dos tercios de los 85.500 millones de pesos invertidos en 2004 fueron destinados al subrubro construcción, mientras que del tercio restante el principal componente fueron los bienes de capital importados, entre los que se destacaron el material de transporte y comunicaciones, como por ejemplo los teléfonos celulares.
Antes de conocerse el balance anual, previendo la tendencia y preocupado por las limitaciones estructurales que mostraba este componente de la demanda, el Ministerio de Economía puso en marcha un plan para impulsar mayores inversiones. Con este fin impulsó la promulgación de la “Ley de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura” 25.954, finalmente sancionada en el mes de agosto.
Los mecanismos de promoción previstos en la norma fueron dos. La devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada de los bienes de capital. Si, por ejemplo, una empresa importa una maquinaria por un millón de dólares, solamente para que pase por la Aduana debe pagar 210 mil. Lo que la nueva legislación ofrece es la devolución casi automática de este importe. Adicionalmente ese bien de capital puede amortizarse en una menor cantidad de años. Este mecanismo supone mayores resultados negativos en el balance en concepto de amortizaciones, lo que reduce las ganancias registradas y, en consecuencia, el pago del impuesto correspondiente.
Los criterios de selección de los proyectos fueron cuatro. La generación de empleo, con una ponderación del 30 por ciento; la integración nacional en la compra de insumos, 30 por ciento; las exportaciones netas atribuibles al proyecto, 25 por ciento, y el aumento absoluto de las exportaciones, 15 por ciento. De esta manera, cualquier proyecto destinado al mercado externo que utilice materia prima local ya cuenta con una ponderación positiva del 70 por ciento. Además, los proyectos destinados exclusivamente a las ventas al exterior tienen la posibilidad de sumar los dos beneficios, IVA y Ganancias. Estos criterios parecen acomodarse casi perfectamente a las necesidades de los grandes grupos locales, en especial a los ganadores del modelo post devaluación.
Aunque inicialmente la legislación fue pensada por Economía para grandes empresas, los debates en el Congreso colaron a las pymes. Finalmente, la ley estableció un cupo de incentivos de 1200 millones de pesos anuales durante tres años, distribuidos en 1000 para las grandes y 200 para las pymes. El 29 de diciembre del año pasado, el decreto 2007/04 subió el cupo a 3600 millones, manteniendo la distribución entre grandes y pymes, aunque sin que el costo fiscal supere los 1200 millones anuales.
En el caso de las Obras de Infraestructura, en tanto, no existen cupos, lo que le valió a la norma la acusación de “Ley Techint”, en alusión a la construcción por parte de esta multinacional del Gasoducto del Noreste que permitirá sacar por el Atlántico el gas que las gasíferas no pueden sacar por el Pacífico.
A través de 22 resoluciones, de la 51/05 a la 72/05, el Ministerio de Economía dio a conocer las empresas beneficiadas y los montos de los beneficios. La 60/05 es la que beneficia a Aluar, firma que planea una inversión cercana a los 1000 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de Puerto Madryn, Chubut. El listado de las ganadoras (ver cuadro) incluye a muchas de las firmas más beneficiadas por el nuevo esquema cambiario. Durante lo peor de la crisis el uso de la capacidad instalada de estas empresas apenas se redujo. Con la recuperación, firmas como Aluar, Siderar y Siderca comenzaron a trabajar en sus fronteras de posibilidades de producción, lo que permite suponer que las inversiones promovidas se hubiesen producido de todas maneras. El problema, en todo caso, no es la promoción, más en un país que experimentó un cuarto de siglo de desindustrialización, sino la equidad en el reparto estatal de los beneficios.