El superávit fiscal es cada vez más abultado. En febrero llegó a 1389,9 millones de pesos, una cifra de por sí impactante pero que lo es mucho más si se compara con los 999,1 millones de igual mes del año pasado. Equivale a una suba del 39 por ciento. El excedente de 2004 fue el mayor en 50 años. Al ritmo que arrancó 2005, el record será rápidamente superado. En apenas un bimestre se consiguió el 21 por ciento de la pauta anual: 3032,4 millones sobre un total de 14.200 millones. Los números muestran que el Gobierno terminará por obtener un superávit muy superior a lo que está dispuesto a aceptar como meta en sus negociaciones con el FMI para la firma de un nuevo acuerdo. Parece un contrasentido, pero Roberto Lavagna dice tener sus razones para justificar la dureza, dirigida tanto hacia adentro –con un resultado fiscal inédito– como hacia afuera –en su debate con el Fondo.
El Gobierno se resiste a darle el gusto al FMI para no sentar un precedente. Este año no tendrá problemas en estirar el superávit al equivalente a 4 puntos del PIB, como reclama Washington, pero si ese nivel exorbitante fuera asumido como un compromiso en el nuevo programa con el Fondo, la Argentina se vería obligada a repetirlo a futuro. El límite del Ejecutivo es 3 por ciento del PIB. Además, el organismo pretende que el dinero se utilice para ofrecerles un mejor arreglo a los acreedores que no entraron al canje, mientras Lavagna se niega a renegociar con ellos y, sobre todo, tiene previsto asignar los recursos a otras necesidades.
Con el 40 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, el superávit es difícil de explicar. Una pregunta de sentido común es por qué, en lugar de ahorrar tanto, el dinero no se usa para atender la emergencia social. El excedente “nos da libertad de acción para manejar la política económica”, justifica Lavagna. Sin una espalda tan ancha, el Gobierno se vería acorralado por el FMI y quedaría obligado a seguir sus consejos, agrega.
Cerca del ministro explican que el excedente fiscal se utilizará para un objetivo prioritario: sostener un tipo de cambio competitivo, base del modelo de crecimiento. En lo que va del año, el Banco Nación, con recursos del Tesoro, salió a comprar los dólares que dejó de adquirir el Banco Central, últimamente más preocupado por la inflación.
Lavagna explicó la semana pasada, durante la presentación de los resultados del canje de deuda, otro destino que tendrá el superávit: “Los fondos brutos que captemos (como excedente fiscal) se depositarán en una cuenta indisponible para cumplir con los requisitos de la deuda, porque el fin último es ir reduciendo el nivel de endeudamiento”, aseveró. Lo mismo se hizo en 2004, cuando unos 1000 millones de dólares se aplicaron al pago de deuda. Este año el Gobierno tiene que hacer frente al vencimiento del Boden 2005 y a pagos parciales de los Boden 2006, 2007 y 2012, además del préstamo garantizado, de otros títulos y de obligaciones con el FMI. De ese paquete, el plan es achicar un poco la cuenta, pero el resto se refinanciará. Mientras más se pueda cubrir con recursos propios, menor será la necesidad de captar dinero en los mercados de capitales.
En la comparación con febrero de 2004 se observa que los ingresos crecieron más que los gastos: los primeros subieron 32,4 por ciento, mientras los segundos lo hicieron un 29,1. La relación es inversa a lo que había ocurrido en enero, cuando el gasto trepó 23,1 puntos y los ingresos subieron 19,4. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero el mes pasado hubo un apriete al torniquete fiscal.
En cuanto a los ingresos corrientes, en febrero sumaron 8678,5 millones de pesos, contra gastos corrientes por 7887,0 millones, lo que dejó una ganancia fiscal de 791,5 millones, mas del triple de los 240 millones registrados en igual mes del año pasado. Si a ello se suma el resto de los ítems que componen el balance del sector público, el resultado final es de un superávit primario de 1389,9 millones de pesos.Entre los egresos se destacaron el pago de 1206,2 millones de pesos en concepto de deuda (contra 1025 millones del año pasado), lo que superó los 815 que el Estado abonó en concepto de remuneraciones (contra 733,7 millones del año pasado). También subieron los giros al Tesoro Nacional (723,4 millones contra 431 millones), a institutos de seguridad social (314 millones contra 256 millones) y al PAMI (de 1,1 millones a 106,4 millones).