¿Es posible aceptar que aumenten los precios de la canasta familiar sin ajustar los salarios? El ministro de Economía, preocupado por la posibilidad de un proceso inflacionario, quiere limitar los aumentos salariales a las negociaciones colectivas en función de incrementos de la productividad. La definición choca con las expectativas de quienes apoyan la gestión del Presidente y esperan que el éxito del canje y los logros de la política económica permitan un mayor avance hacia una más justa distribución del ingreso.
El crecimiento de la economía ha tenido como consecuencia una significativa reducción de los niveles de pobreza en el último trimestre del 2004. Es sabido que basta con ligeros aumentos de precios en la canasta básica para que se genere un proceso de signo contrario igualmente significativo, lo que obliga a restablecer el nivel real de ingresos de la población más afectada. El ministro acierta cuando sostiene que la carrera inflacionaria termina siempre perjudicando a los que menos tienen, por eso el acento debe ponerse en evitar el alza de precios. Con un tipo de cambio estable y salarios históricamente postergados, las presiones alcistas sólo pueden explicarse por la fuerte concentración de los mercados, por eso el control de la inflación exigirá un rol activo del Estado aplicando los instrumentos legales para enfrentar las maniobras monopólicas y asegurar el abastecimiento a precios adecuados y también una participación más activa de los consumidores como ciudadanos.
Cuando se hace referencia a las negociaciones colectivas conviene recordar que las mismas empresas líderes que aumentan precios son las que vienen dilatando la discusión salarial. De todos modos, cuando sectores tan importantes de la población activa están afuera del mercado formal de trabajo, las mejoras en la situación de los más pobres no pueden confiarse a la negociación de los convenios por sector. Por un tiempo largo, asegurar mínimos salariales y asignaciones sociales dignas seguirá siendo responsabilidad gubernamental. Por otra parte, es cierto que el incremento del empleo debe ser el objetivo principal, pero sería equivocado que ello se apoyara en la caída de los niveles de remuneración: la mayor ocupación no tendría efectos significativos sobre la reducción de la pobreza ni tampoco garantizaría la expansión del mercado interno por vía del consumo.
La experiencia argentina demuestra que no puede atribuirse la responsabilidad por la inflación a los salarios, sino a la incapacidad del Estado para controlar la puja distributiva, y ello no puede hacerse sin afectar las tasas de ganancia extraordinarias a las que se han acostumbrado algunos sectores empresarios. Por otra parte, una política puede tener éxito en el control de precios –como ocurrió con la convertibilidad– con consecuencias muy negativas para la sociedad: el desafío para este gobierno que rompió con el consenso dominante en los ’90 no es sólo controlar la inflación, sino hacerlo en un marco de crecimiento y mayor bienestar. Así lo dice a diario el Presidente, que marca un rumbo a seguir con su decisión de enfrentar las maniobras monopólicas que impulsan las alzas de precios.
* Partido Participación Popular.