La petrolera Pioneer Natural Resources se comprometió ayer a retirar la demanda por 80 millones de dólares contra el Estado argentino que había presentado ante el Ciadi en busca de un resarcimiento por los perjuicios de la pesificación, prometiendo que ni ella ni sus controlantes iniciarían en el futuro ningún reclamo por ese concepto. La determinación empresaria fue anunciada por el ministro Julio De Vido y el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, junto al principal responsable de la subsidiaria local, quienes omitieron precisar las razones de ese desestimiento. Pero previsiblemente, resultó determinante el sendero de precios que les permitirá a los productores de gas cobrar a mediados de este año lo mismo que antes de la devaluación. Por si otros arbitrajes prosperasen, el Gobierno bosqueja su estrategia para bloquearlos.
Aquélla es una situación un poco diferente a la de las privatizadas, que acudieron en bloque ante el tribunal arbitral del Banco Mundial para exigir una indemnización por el daño que les ocasionó la desdolarización y congelamiento de sus tarifas. El caso de Pioneer es el de un inversor gasífero con precios libres y ligados al mercado internacional, pero que quedaron sujetos porque no se podían aplicar los aumentos al final de la cadena: los productores no podrían seguir cobrando el gas valor dólar si los distribuidores estaban impedidos, a su vez, de trasladar esas subas a los usuarios finales.
Sin embargo, este singular congelamiento se fue superando paulatinamente en virtud de un sendero de precios acordado con la Secretaría de Energía, que con varios ajustes del 18 por ciento hará llegar en julio el valor del fluido al mismo nivel en dólares que estaba en el 2001, al menos el que pagan las industrias, generadoras y estaciones de GNC.
Quizás esto impulsó a Pionner a invertir este año 142 millones de dólares en la cuenca neuquina para aumentar un 10 por ciento la producción de ese carburante y, finalmente, a desistir de un reclamo ante el Ciadi que nunca movilizó desde su presentación, en el 2003. Aunque según Guglielmino, se trató, simplemente, de que a los abogados privados “les resultaba imposible demostrar el perjuicio”.
Esta renuncia se suma a la que días atrás presentó la española Gas Natural, que también bajó su pedido indemnizatorio quebrando el frente de las distribuidoras gasíferas que negocian con el Gobierno un nuevo contrato. En esa revisión el Estado ofrece autorizar un aumento de inmediato y se compromete a una revisión tarifaria integral para el 2006, que permitiría no sólo incrementos adicionales, sino extenderlos también a las tarifas residenciales, por ahora excluidas de las subas que se aplican en el sector mayorista. A cambio, quiere la renuncia al Ciadi y hasta el compromiso de que, si el trámite de algún accionista avanza, la sociedad privada se hará cargo de pagarle.
Por si esta estrategia fracasara, la Procuración imagina los caminos para enfrentar algún eventual fallo adverso. El primero sería tramitar la nulidad, con los argumentos que correspondan en cada caso, empezando por la idea de que la controversia no se dirimió en la jurisdicción que corresponde. Las empresas van al Ciadi denunciando la violación de un tratado internacional cuando a criterio del gobierno local, en todo caso, se vulneró un contrato amparado por la legislación argentina.
Otra idea fuerza es la de transformar el pleito en un juicio entre dos estados, por ejemplo, entre el argentino y el estadounidense. Supuestamente, las normas de los EE.UU. resultarían más benévolas ya que, entre otras cuestiones, impiden demandar a los accionistas minoritarios, algo que han hecho varias firmas de esa nacionalidad. Pero para hacer aquella conversión, debería aplicarse el Código Procesal argentino o invocarse la Convención de Nueva York a la que Argentina adhiere.