Horacio Rosatti irá hoy a convencer a los senadores de lo mismo que la semana próxima intentará con los diputados: el Poder Ejecutivo tiene su propia estrategia para enfrentar un posible fallo adverso del Ciadi y para ello no resulta necesaria ninguna ley adicional. Mucho menos si ésta pretende desconocer los tratados bilaterales de inversión firmados durante la década pasada con más de cincuenta países y que el gobierno de Néstor Kirchner no tiene ninguna intención de desconocer. Tampoco está en el ánimo oficial considerar inválido algún dictamen negativo de aquel tribunal bancomundialista. Aunque el ministro de Justicia no lo proclame, bien sabe que, al menos por ahora, no existe ningún órgano que garantice la ejecución de un fallo adverso.
Si el Congreso sancionara alguna ley que instaurara definitivamente el fuero local para dirimir controversias con las privatizadas (éstas representan el 90 por ciento de los casos presentados ante el Ciadi), el ministro de Justicia lo celebraría como un buen respaldo político. El Poder Ejecutivo busca por todos los medios que este tipo de problemas se resuelva aquí y no en el exterior.
Los accionistas de las empresas privatizadas acudieron al fuero extranjero por considerar que la pesificación y el congelamiento de tarifas no sólo vulneraron los contratos de concesión, sino también los tratados internacionales que Argentina firmó con sus naciones de origen para encuadrar legalmente las inversiones extranjeras. Aquí, un primer punto de discusión. Los defensores del Estado interpretan que la desdolarización de esos precios sólo afectó a esos acuerdos hoy en plena renegociación y por razones tan fundadas como la “emergencia económica”, pero no ven que viole ningún TBI.
Mientras se discuten éstas y otras cuestiones teóricas, Justicia y la Procuración del Tesoro imaginan cómo eludir cualquier eventual dictamen que obligue al país a pagar alguna indemnización multimillonaria a favor de una privatizada, tarea en la que también se embarcaron los legisladores. Tan así fue que en ambas cámaras apareció más de una alternativa sobre el tema, algunas tan radicales que asustaron al propio Gobierno con la idea de dar por caídos todos los tratados binacionales. Otras son más moderadas, como la del senador justicialista Jorge Capitanich, quien postula fijar nuevas condiciones cuando se renueven esos acuerdos o se firmen otros nuevos, imponiendo un plazo de seis meses para que los tribunales argentinos resuelvan cualquier controversia. Sólo después podría acudirse a una instancia internacional.
Según la estrategia que hizo pública Rosatti, cualquier dictamen de los árbitros del Ciadi debería superar, primero, el “control de constitucionalidad”. Esto significa que mediante un recurso extraordinario, la Corte de Justicia argentina analizaría si ese fallo no viola algún derecho consagrado por la Carta Magna, como “al debido proceso”, o de “defensa en juicio”. De concluir que sí, la Argentina tendría algún elemento para plantear su nulidad, continuando el debate legal.
Otro atajo es el que imagina la Procuración del Tesoro, y consistiría en transformar esos pleitos entre una empresa privada y el Estado argentino en un conflicto entre estados. ¿Qué se conseguiría con esto? Por ejemplo, aprovechar las ventajas que da la legislación referida al Nafta, cuyas normas desconocen las demandas iniciadas por accionistas minoritarios. Justamente, los arbitrajes contra la Argentina más avanzados están pedidos por firmas norteamericanas que tienen esa condición de minoría.
Pero según se empeñan en aclarar fuentes de Justicia, no existe vocación ni de desconocer los tratados internacionales ni de ignorar un fallo del tribunal arbitral. No hay antecedente de país alguno que haya ignorado una sentencia del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias, aunque tampoco casos en los que éstos hayan sido ejecutados de manera forzosa. Aquí, un resquicio que deja la legislación internacional para evitar cualquier desembolso multimillonario.
El Ciadi puede ordenar el pago de una indemnización, pero no existe un cuerpo legal encargado de ejecutar ese dictamen. La presión sobre la Argentina sería fundamentalmente política, quizá similar a la que hoy pueden ejercer los organismos multilaterales como el FMI o el propio Banco Mundial cuando reclaman pagar a los bonistas desairados por el default. Naturalmente, el anhelo oficial es evitar esta situación. Pero esto es imposible con una ley, y menos con una de efecto retroactivo. Cualquier iniciativa parlamentaria será bienvenida, en todo caso, para marcar la cancha de los nuevos contratos que se firmen con las privatizadas.